La titular del juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid ha incoado diligencias previas respecto al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, por haber permitido la manifestación del 8 de marzo.
Tras recibir por reparto de decanato, el pasado viernes, 20 de marzo, denuncia de un particular contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra todos los delegados de Gobierno de las diferentes comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla, por no haber prohibido concentraciones multitudinarias entre el 5 de marzo y el 14 de marzo del año, el juzgado de Madrid abre la vía penal.
La magistrada incoa dilegencias contra Franco porque es el único sobre el que tiene competencia e insta al denunciante a que, si lo estima, traslade la denuncia ante los órganos competentes: el presidente del Gobierno, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y el resto de delegados de Gobierno, ante los órganos judiciales de sus comunidades autónomas.
Las diligencias previas se incoan por un presunto delito de prevaricación administrativa y o lesiones por imprudencia profesional. En el marco del procedimiento, la juez ordena una batería de diligencias de investigación a la Guardia Civil y al médico forense, con expresa advertencia de que no son urgentes y que deberán, por tanto, practicarse cuando su disponibilidad lo permita a la vista de la evolución del estado de alarma.
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