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CORONAVIRUS

El Gobierno se aferra a sus datos de los test y choca con la lejanía del consenso autonómico

El Gobierno se aferra a sus datos de los test y choca con la lejanía del consenso autonómico
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domingo 03 de mayo de 2020, 18:04h
Desde el Ejecutivo se insiste en la validez de la estadística de los test realizados y del "cogobierno" de la crisis con las autonomías.

El pasado jueves Salvador Illa sacó las garras para defender la gestión del coronavirus efectuada por el Gobierno. En concreto, el ministro de Sanidad puso todo su esfuerzo en desmentir que se hubieran manipulado los datos de test PCR realizados para colocar a España entre los países del planeta mejor preparados en ese sentido. Eso sí, dejó claro que "no va a haber un test para cada ciudadano español". "Ni aquí ni en ninguna parte del mundo", se podrá hacer algo semejante, alegó.

En su comparecencia semanal en la Comisión de Sanidad del Congreso, Illa aseguró que se "ha hecho más de un millón de test" y que su equipo de trabajo se ha fijado como objetivo "hacer dos millones más en las próximas semanas". Y añadió que el Ministerio ya contaba con el plan para implementar lo necesario. Pero hubo de lidiar con el terrible golpe a la credibilidad del Ejecutivo, cuando se desnudó que las cifras de test realizados era mucho menor. En resumen, que la realidad dejaba a España por debajo del promedio en pruebas realizadas, lejos del Top-10 del mundo.

El dirigente se escudó responsabilizando a la OCDE del fallo que colocaba a España en el octavo país del planeta en este apartado de test diagnósticos contra el Covid-19. "Les afirmo con total claridad y contundencia que España no hace trampas y da informaciones rigurosas. Los datos se trasladaron distinguiendo entre PCR y test de anticuerpos. No los elaboró el Ministerio con mi equipo, fueron los que nos trasladaron las Comunidades Autónomas", sentenció.

Al galope de su discurso, desafió a la oposición a presentarle "qué país ha proporcionado datos con más claridad y detalles que España". "Igual descubren que hay países que mezclan todo", apostillo para, de inmediato, desglosar que si se amontonan las pruebas PCR y las correspondientes a los test de anticuerpos, el Gobierno de Pedro Sánchez está "por delante de países muy competitivos". En concreto, en el polémico octavo puesto de la lista. Y se despidió de este modo: "Si vamos sólo por PCR, estamos en la media de la OCDE. Pero el Gobierno dio una información precisa, clara y veraz en base a la información de las Comunidades Autónomas. Somos de los países que más test de diagnóstico estamos haciendo y queremos hacer más. Son datos que a mí me proporcionan las comunidades autónomas y a los que doy plena validez porque me fío de ellas".

Pues bien, este domingo ha comparecido junto a la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en una rueda de prensa tras la videoconferencia de presidentes. Ahí, Illa no ha movido un ápice de la argumentación desglosada a lo largo de esta escalada de desconfianza en las cifras oficiales. Con el PP reclamando que, de una vez, se realicen test masivos y con el Ejecutivo reculando y encargando a productores nacionales que fabriquen este tipo de dispositivos. Arrinconando en parte, tras ser engañados y cerca de la estafa, a los productores chinos.

Por otro lado, la coalición conformada por PSOE y Unidas Podemos se ha enfrentado, con claridad explícita, a la diferencia evidente entre su discurso y la realidad. En el relato que reiteran una y otra vez se habla de "cogobierno" con las administraciones autonómicas, pero llevan siete conferencias territoriales llegando con decisiones y medidas ya tomadas, sin consensuar nada. Y, claro, los regidores regionales le tiran a la cara semejante contradicción a Pedro Sánchez. Madrid, Cataluña, Galicia y País Vasco están tan cansadas que ya han amenazado con no apoyar la solicitud de prórroga del estado de alarma.

No basta, para nada, que Montero haya explicado que el fondo de 16.000 millones de euros destinado a las autonomías para la reconstrucción ante la crisis del coronavirus se repartirá a través de transferencias directas que no tendrán que devolver. Ese pago se dividirá en tres fases, la primera de las cuales, de 6.000 millones, será "a corto plazo", mientras que las otras dos serán en la segunda parte del año, expuso la dirigente, quien, a continuación especificó que este fondo es "adicional" a la financiación autonómica, y a los mecanismos de liquidez extraordinaria, que siguen "plenamente vigentes".

En su comparecencia, se ha dejado claro que las CC. AA. deberán cumplir con esa condición para pasar de fase en la desescalada: garantizar en un plazo máximo de cinco días disponen de entre 1,5 y 2 camas de UCI y entre 37 y 40 camas de enfermos agudos por cada 10.000 habitantes por si hubiera un rebrote, una condición de "obligado cumplimiento". Y desde Sanidad se aconsejó a las autonomías que mantengan el número de profesionales sanitarios durante la desescalada, reforzando la atención primaria y salud pública.

El anuncio de reuniones bilaterales técnicas y políticas con las comunidades ha calmado algo los ánimos. En esas charlas se analizarán los indicadores que sirvan de referencia para constatar que se dan las circunstancias epidemiológicas para avanzar de fase o, bien, para "ir de forma más lenta", tal y como se publicará este domingo en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las propuestas al Gobierno se atenderán, se ha afirmado, si se remiten con una semana de antelación. Y la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda ha compartido el permiso para aplicar una tercera línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para autónomos y pymes, con un primer tramo dotado con 24.500 millones de euros "con la previsión de poder llegar" a 100.000 millones.

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