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TRIBUNA

Fases y franjas

miércoles 06 de mayo de 2020, 20:21h

Ante un gobierno que solo se quiere a sí mismo es imposible que un país forme parte de un proyecto común. Reaccionar a tiempo es una de esas terapias que se contraponen a la pérdida de libertades como factor primordial para la convivencia y el buen entendimiento. España está en quiebra existencial desde que la política ideológica se ha instalado entre nosotros provocando con ello la pérdida de confianza dentro y fuera de nuestras fronteras, de tal manera que la confianza de los mercados financieros se retrae. El crédito lo da la solvencia de actos así como la seriedad y el buen gobierno es una carrera de fondo hacia la cordura; sobre todo en estos delicados momentos en donde la aquiescencia es más global que nunca. A tiempos difíciles, coherencia de actos.

La “nueva normalidad” es tan utópica como el pretender un cerdo grande, gordo y que pese poco. Hay que aspirar a gobernar haciéndolo en soberano entendimiento con la realidad, que no es otra que la cohesión de medidas basadas en un proyecto serio avalado por auténticos profesionales de cada materia en cuestión. España es un vivero de sobresalientes hombres y mujeres que cosechan la lucidez del estudio y el discernimiento de la docencia, son excelsos no solo en ejercicio sino en sabiduría, elementos estos de los que adolece nuestra clase política hoy en día, salvo raros casos de la naturaleza, por aquello de no generalizar. No cabe en este siglo XXI regresar a lo rancio en materia de políticas ideológicas y mucho menos cuando la tripulación del avión confunde la velocidad con el tocino. Eso tiene un nombre, ineptitud manifiesta para el ejercicio encomendado.

Lo ideal es que la ciudadanía tuviera acceso a la transparencia académica certificada de cada pretendiente a ocupar cargo en la bancada representativa, a fin de cuentas son asalariados nuestros con aspiraciones vitalicias. Una prueba de selección con nota de corte como se requiere a los jóvenes con proyección docente tampoco estaría mal. Y después votar con conocimiento de causa. No seré yo quien descubra la raíz cuadrada de la felicidad imaginaria de la tan exponencial “nueva normalidad”, que siendo sincero me parece una ordinariez. La normalidad obedece a nuestra manera responsable de hacer las cosas antes, durante y después y para eso no se precisa que este gobierno nos trate como si fuéramos seres humanos genéticamente diseñados para la ocasión.

Puedo estar de acuerdo en las franjas y en las fases si con ello damos esquinazo al virus, pero no así que el fútbol regrese antes que los colegios. Puedo estar de acuerdo en que abran pequeños comercios, pero no así que a los cerca de 400.000 autónomos aún no se les haya devuelto la cuota del mes de abril y no lo será hasta la segunda quincena de junio. Puedo estar de acuerdo en diálogos políticos, en prorrogar el confinamiento, pero no así el convertir en sempiterno un estado de alarma que sirva para colmar la soberbia ideológica del Gobierno. Puedo estar de acuerdo en buscar soluciones para salvaguardar la salud como único plan de todos y para todos, pero no que esto sirva como cortina de humo para la creación de nuevas Direcciones, Subdirecciones y Secretarías Generales relacionadas con políticas territoriales ajenas por completo a protegernos del COVID-19.

Puedo estar de acuerdo en que no todo ha sido culpa de este Gobierno, pero cuando se habla de rebajar salarios y pensiones para satisfacer las ínfulas fiscalizadoras de políticas extremas y así ganar la confianza de la Unión Europea para conseguir un préstamo o rescate, me rebelo cuando comparamos cargos públicos entre países. En Alemania, por ejemplo, con una población de 81,7 millones de habitantes tienen 150.000 políticos (1 político por cada 554 ciudadanos), mientras que en España, con 47,2 millones de habitantes, tenemos 445.568 políticos (1 político por cada 106 ciudadanos). Puedo estar de acuerdo en otras cosas, pero no así que 35.000 alumnos que acuden en España a colegios de educación especial por discapacidad intelectual (parálisis cerebral, por ejemplo) se vean incursos en la polémica Ley Celaá con un más que incierto futuro de continuar siendo atendidos de manera especializada al no prever incremento de gasto para esta cobertura.

Puedo no discrepar de ciertas actuaciones, pero cuando alguien se opone al dictado de la Moncloa se le culpabiliza de los posibles futuros miles de muertos y contagios que puedan derivarse de la negativa de apoyos a una nueva prórroga del estado de alarma. Lo cierto es que entre medias, y una vez más, los ciudadanos quedamos a los pies de los caballos padeciendo los desaliños de la clase política en general. Ahora bien, me parece deleznable el juego de repartirse culpas dolosas a costa de los más de 25.000 fallecidos cuando éstos sí son un hecho cierto por negligencias directas, indirectas y circunstanciales. En fin, me debo a la fase 0 y sigo en la franja de escribir.

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