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ESTADO DE ALARMA

El Gobierno aprovecha la pandemia para aprobar medidas contra la libertad y la propiedad privada

El Gobierno aprovecha la pandemia para aprobar medidas contra la libertad y la propiedad privada
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(Foto: EFE/Juan Carlos Hidalgo)
sábado 09 de mayo de 2020, 18:48h
El PP acusa al Gobierno de “poner en marcha su engranaje de ingeniería social” contra el estado de derecho.

Como se suele decir, “no es oro todo lo que reluce”. Debajo de muchas de las medidas aprobadas por el Gobierno en estos tiempos de pandemia con la excusa de luchar contra el coronavirus y con el agravante de encontrarnos en estado de alarma, se encuentran otras intenciones de carácter ideológico o político de las que, en algún caso, se investiga, incluso, su legalidad.

Esta semana, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a pesar de apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para sacar adelante una nueva prórroga, decía: “No somos tontos y estamos viendo para qué otras cosas está utilizando el Ejecutivo el estado de alarma".

Reprochaba así que esté aprovechando la excepcionalidad del decreto de alarma para hacer “dudosos nombramientos” o aprobar leyes sin debate ni consenso y pedía al presidente que no utilice esta herramienta a su “antojo”. Se denunciaba ya que se hubiera utilizado un decreto contra la pandemia para “colar” al líder de Podemos en la comisión del CNI, para nombrar a altos cargos o adjudicar contratos millonarios a empresas sin dirección, en clara referencia a la compra de material sanitario de protección defectuoso.

Desde el PP se apuntaban las razones del Gobierno para actuar de esta forma: “Poner en marcha su engranaje de ingeniería social y aprovechar la pandemia para avanzar en su programa contra la libertad individual, la propiedad privada y el estado de derecho”. Su responsable máximo, Pablo Casado denunciaba en el Congreso que Sánchez exigiera mantener poderes políticos absolutos, excepcionales y que ninguna otra oposición haya concedido “tan ampliamente y por tanto tiempo”.

Esto, recordaba el líder del PP, es lo contrario a lo que pasa en el resto de países de Europa, donde existe una evidente aversión por el uso de medidas excepcionales y sólo Hungría, Polonia y España “mantienen las medidas sin concretar su finalización”.

Más concretamente, Casado apuntaba en su discurso del miércoles que lo que está haciendo Sánchez es lo contrario de lo que votó de la presidenta de la Comisión Europea y del presidente del Consejo: “Los estados de emergencia que otorgan competencias excepcionales deben ser sustituidos por intervenciones más específicas para garantizar la responsabilidad democrática y la transparencia, así como el respeto de los derechos fundamentales y el estado de derecho”.

La oposición habla de “absolutismo”, de “estado de excepción encubierto” y de “limitar libertades fundamentales” y entre las principales denuncias a esta gestión del Ejecutivo se encuentran:

- Limitar el control parlamentario: Con la declaración del estado de alarma, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y los grupos de la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría el PSOE y Podemos, acordaron el 19 de marzo reducir al mínimo el número de diputados que acudían a los plenos.

Tiempo después, desde PP y Vox se denunciaba que era “anticonstitucional” y se apuntaba: “El Gobierno nos está negando nuestro derecho a ejercer nuestro deber. Esto es antidemocrático”.

- Suspensión del Portal de Transparencia: se ha acusado, igualmente, al Gobierno de aprovechar el estado de alarma para suspender una herramienta por la que la ciudadanía accedía a la información pública. Está paralizado desde el pasado 14 de marzo y se establece que el “cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo”.

- Control de los medios de comunicación y censura: A las constantes advertencias del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, a una posible restricción de la actividad informativa durante la crisis sanitaria (hay que recordar que ha abogado siempre por acabar con los medios de comunicación privados), se suma que éstos han tenido durante una parte importante de esta pandemia dificultades para ejercer este derecho ante las autoridades políticas.

Solo hay que recordar las preguntas en diferido que el Gobierno atendía en las primeras ruedas de prensa en Moncloa y que obligó a cambiar el sistema para acceder a la información por parte de los medios en las comparecencias tanto del presidente del Gobierno como de los ministros.

Además, con la excusa de atacar los bulos o fake news en la difusión de noticias sobre la pandemia, el Gobierno ha dado orden de “monitorizar” los contenidos en redes sociales que causen desafección con la gestión del Ejecutivo con el coronavirus, como afirmó el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska,a pregunta de El Imparcial o como confirmaría días después también el general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, cuando señalaba que trabajaban para “minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”.

La Asociación de Medios de Información (AMI) tuvo que recordar que las libertades de información y de expresión y la libertad de prensa son principios fundamentales de la democracia española que deben ser defendidos por todas las instituciones y sus representantes, especialmente en un momento de crisis como el actual

Hay que recordar que hasta el CIS de Tezanos proponía en la macroencuesta una preguntaba en la que planteaba si sería conveniente controlar a los medios de comunicación para evitar la difusión de noticias falsas.

- Modificar la Comisión del CNI: Fue el pasado 25 de febrero cuando el BOE publicaba el decreto que, entre otras cuestiones, regulaba los miembros de la comisión delegada del CNI y en el que se incluía a Pablo Iglesias. Pocos días más tarde, este texto era recurrido por Vox. Un mes después, el Gobierno aprovechaba el decreto ley para combatir el coronavirus en la economía para “colar” sin informar a nadie al líder de Podemos en este estamento de seguridad e inteligencia.

- Modificación de la tramitación de la despenalización de las injurias a la Corona: Podemos propuso en marzo eliminar 6 artículos del Código Penal para "proteger la libertad de expresión". Entre ellos, el 504: "Incurrirán en la pena de multa de doce a dieciocho meses los que calumnien, injurien o amenacen gravemente al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma".

Pero también el Apartado 3 del artículo 490 que hace referencia “al que calumniare o injuriare al Rey, a la Reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes...”, el Artículo 491 sobre “las calumnias e injurias contra el Rey, a la Reina...” y el Artículo 525 sobre las ofensas a los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa”.

- Aumento del número de altos cargos: La Intervención General del Estado ha puesto de manifiesto que el gasto en personal a dedo se encuentra en su cifra más elevada desde 2010. Dato importante cuando hay ministerios que todavía no han hecho publica toda su estructura.

Además, a Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha anunciado la presentación de un recurso contencioso administrativo contra el nombramiento a dedo de altos cargos del Gobierno que deberían ser funcionarios de carrera. Impugnan hasta 20 nombramientos. Recuerdan que la jurisprudencia permite excepciones, pero Fedeca denuncia que lo que pudiera ser excepción ha devenido en norma.

El último ejemplo es el nombramiento hace escasos días del director general de Ordenación del Juego, Mikel Arana, en el Ministerio que dirige Ignacio Garzón, y que no cumple los requisitos. Arana fue coordinador general de IU en el País Vasco.

Pero es que en el Consejo de Ministros del pasado 28 de abril se aprobaron cinco reales decretos para modificar la estructura la Administración e incorporar así hasta 11 nuevas subdirecciones generales.

Vox ya ha criticado la "extensa" y "mastodóntica" estructura del Gobierno y ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para eliminar tres vicepresidencias y diez ministerios. Casado también ha hecho hincapié en lo conveniente de reducir el “hipertrofiado gobierno”.

- Reforma educativa: El Consejo de Ministros acaba de aprobar hace unos días el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOMLOE). Esta reforma ya fue aprobada hace un año pero su tramitación parlamentaria se truncó por el adelanto electoral. La sacan del cajón ahora, a lo que el líder del PP se opone. Así, Casado ha dicho que esta “contrarreforma se ocupa más de la ideología” y de la “confrontación sectaria” que del rendimiento de los alumnos, la igualdad y la equidad.

- Abuso de la contratación pública de emergencia: Se ha tildado la contratación, principalmente de material sanitario, de “opaca”, así como de realizarse “sin concurso” y con “adjudicación directa”. En el PP, Cuca Gamarra explicaba que Illa ha utilizado la fórmula de la “contratación de emergencia” para “saltarse todos los requisitos y contratar sin publicidad”; saltarse la solvencia técnica y financiera de las empresas; comprar a precios desorbitados y, además, hacerlo a empresas que no han cumplido con las condiciones de entrega.

Y es que las cuentas ni las explicaciones son claras y hay que enterarse por los medios de comunicación de que el 20 de marzo, el Ministerio de Salvador Illa compró al intermediario Hangzhou Ruining 8,8 millones de mascarillas.

Sanidad pagó por ellas 31,3 millones de euros a razón de 3,55 euros por mascarilla. Las autonomías apuntaban por ese entonces que las estaban comprando por 2,5 euros, lo que significa que el Gobierno pagó un 42% por encima del precio. Lo más grave resultó ser que cientos de miles de esas mascarillas no cumplían las normas y eran claramente fraudulentas, motivo por el cual, los sanitarios que utilizaron este material estuvieron expuestos al virus sin saberlo.

Gamarra ha anunciado que pedirá al Tribunal de Cuentas que fiscalice las compras de material sanitario del Gobierno.

- Cuestionar el derecho de propiedad de viviendas: Y no ha sido menos discutido que el Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria alertaba de la posible inconstitucionalidad de las medidas aprobadas recientemente por el Gobierno en materia de vivienda, ya que abren la puerta a afectar a la propiedad de titularidad privada.

El programa de ayudas al alquiler presentado por el Gobierno para hacer frente al coronavirus contempla poner viviendas públicas o privadas cedidas a disposición de las víctimas de violencia de género y personas desahuciadas. El presidente de los APIs, Gerar Duelo, decía que “la aparente habilitación que el Real Decreto-Ley otorga a la norma ministerial para adoptar medidas que afectan de forma clara a un derecho fundamental resulta insuficiente para salvar la inconstitucionalidad que se aprecia y, por otro lado, se escapa claramente a la finalidad del propio Decreto-Ley, que no es otro que abordar las necesidades surgidas como consecuencia directa del coronavirus”.

Él mismo apuntaba que “parece que el Gobierno está utilizando el estado de alarma para legislar, por medio de una norma de rango normativo inapropiado, sobre materias que no deberían hacerlo al afectar a un derecho fundamental como es el del derecho a la propiedad privada”.

- Modificación del reglamento de indultos: Pese a la suspensión general de plazos en la Administración como consecuencia del estado de alarma, el Gobierno se reservó la posibilidad de continuar tramitando indultos. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, alegba razones de interés general, pero la oposición, entiende que se trata de un guiño a los “socios” catalanes del Gobierno, ya que podría suponer una vía para indultar a presos del procés.

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