Más ideología paidobora

Con el Proyecto de Ley Orgánica por la que se pretende modificar la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se quiere sobre todo también enterrar por completo las medidas educativas del gobierno de Mariano Rajoy, concretado en la LOMCE – aquella Ley de Educación que por primera vez ponía como objetivo de la educación la curiosidad intelectual del alumno -, condenándolas in aeternum a la “damnatio memoriae”. Esta ley, hostil a nuestro pasado, quiere educar al niño en una ciudadanía universal, en un cosmopolitismo vano y desespañolizador, hasta convertir a los jóvenes españoles en “cives mundi” desarraigados y, por tanto, con menos defensas ante su doctrina totalitaria. Esto de la educación en la ciudadanía mundial les pone eufóricos y chisporroteantes a los amigos de la nueva Ley, sobre todo cuando hoy los ciudadanos del mundo más civilizado vuelven la espalda al Sr. Sánchez y, por ende, a España. Calidad en todos los servicios públicos y Equidad son principios que todo sistema político eficaz debe defender, pero no son complementarios, y ambos pertenecen a universos divergentes. El esfuerzo del alumno aquí se quiere diluir en el esfuerza de la sociedad y de la propia Administración. Por sí solo el cambio educativo no mejora los resultados sin la participación activa de la persona a educar.

El derecho y el deber de estudiar unos conocimientos básicos todos los ciudadanos son conceptos antiquísimos, que aparecen en los mismos inicios de la civilización occidental. La Constitución que redactó Protágoras para la colonia ateniense de Turios, al sur de Italia, por encargo de su amigo Pericles, incluía no sólo la limitación de la propiedad, sino muy especialmente una enseñanza (paideîa) obligatoria para todos los ciudadanos hasta la ephêbeía, subvencionada por el Estado.

Los romanos corrientes llevaban a sus hijos e hijas a las “ludi triviales” (escuelas que se levantaban en el cruce de tres calles; de ahí que el conocimiento básico que los niños y las niñas aprendían se denominase “trivialidad”), en donde los “magistri” enseñaban a los niños a leer, escribir, calcular, memorizar textos históricos y épicos. Cuando leemos a Quintiliano (Institutio Oratoria) nos da la sensación clara de que todos los niños (entre los 7 y los 15) y todas las niñas (entre los 7 y los 13) que habitaban en Roma y en los oppida y civitates del Imperio iban a la escuela todos los días (como ahora, alrededor de 180 días). Pero los “magistri” no fueron funcionarios del Estado hasta el año 425, y en Bizancio hasta quince años después del saqueo de Roma por Alarico. Y una vez que los maestros comenzaron a ser retribuidos por el Estado, éste creó unos “epískopoi” o (primeros) inspectores sobre la labor de los maestros en la escuela (Cod. Teod. VI, 1. 1). Y aunque la Edad Media del Occidente europeo (no el imperio bizantino ni el oriente musulmán, mucho más “civilizados”) no permitió plenamente el ejercicio del derecho a la educación para todos, cuando uno lee las magníficas Partidas de Alfonso X el Sabio (Partida I. 67, y el título 31 de la Partida II), nos es evidente entonces que aquel Estado aspiraba ardientemente a la alfabetización de todos “los mozos”, a través de los “mestrescuelas” que inspeccionaban a los maestros que enseñaban a los niños a leer. Tampoco se puede olvidar la enorme labor docente que ejercieron sobre el pueblo los grandes intelectuales de principios de la Edad Media (San Isidoro de Sevilla, San Leandro, San Braulio, Beda el Venerable, Duns Scotto, los monjes irlandeses, etc.). Y ya en la plena Edad Media y, sobre todo, en la Baja Edad Media, si leemos la obra de Jacques Le Goff, Les intellectuels au Moyen Âge, descubrimos que los hombres corrientes que sabían leer representaban un porcentaje mucho mayor del que pensábamos, a pesar de la división social entre los famosos tres estados de guerreros, monjes y campesinos. La cultura escolar no tuvo que esperar a los socialistas para desarrollarse con pujanza.

En España los liberales conservadores bajo Narváez institucionalizaron por ley (Ley Moyano de 9 de septiembre de 1857) la obligatoriedad y gratuidad de la educación hasta los doce años. Pocos años después los Estados liberales europeos hicieron gratuita las Enseñanzas Medias con la radical oposición de los socialistas (Programa de Gotha), que se oponían a que el Estado subvencionase la educación de los hijos de las clases medias, que eran quienes mayoritariamente iniciaba los estudios de Secundaria. Es así que la Educación Secundaria gratuita no es una conquista del siglo XX, como sostiene el vandálico cosmopolitismo del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, sino del conservadurismo centroeuropeo.

En España la Ley de Instrucción Primeria (1945), del muy católico Ministro de Educación Nacional Jesús Ibáñez Martín, perfecciona la Ley Moyano en la primera enseñanza, la garantiza mejor, y, de hecho permite al ciudadano estar hasta los catorce años en la escuela y establece como documentos obligatorios de “ciudadanía” la cartilla de escolaridad y el certificado de estudios primarios. Con la Ley General de Educación, de 4 de agosto de 1970, del Ministro José Luis Villar Palasí, se da una aspiración generalizada de democratizar la enseñanza. Indirectamente aumenta la edad escolar hasta los 16 años al convertir la FP1 como el primer trámite para empezar a trabajar. Se basa en un concepto de educación permanente y propone un sistema educativo unitario, flexible y dinámico que relaciona la enseñanza con la evolución de la sociedad. Con la LOECE, de 19 de junio de 1980, primera Ley de Educación después de la Constitución, el Gobierno de la UCD institucionalizó en la escuela el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. La LODE de 3 de julio de 1985, inspirada en una mundivisión socialista de la educación y capitaneada por el Ministro de Educación y Ciencia José María Maravall Herrero, institucionaliza de modo oclocrático la participación de la sociedad en la escuela, con lo que una comunidad educativa activa y responsable, pero no profesional, se hace coprotagonista de la propia acción educativa. Desde el punto de vista de los “valores” todo el sistema educativo de los últimos veinticinco años se ha asentado en esta ley orgánica, que aún sigue vidente. No obstante, la LODE auguraba malos barruntos para la cultura básica cuando ella misma venía promulgada en el BOE de 4 de julio con graves faltas de ortografía: hablaba en su Preámbulo de “fracturas ideológicas que secularmente habían excindido a la sociedad española” (en vez de “escindido”, claro). La LOGSE, de 3 de octubre de 1990, aunque derogada por la LOE sigue siendo básicamente la piedra angular sobre la que se organiza la urdimbre o rizoma de las enseñanzas, etapas, ciclos, niveles y cursos que constituye nuestro sistema educativo. La LOPEG, de 20 de noviembre de 1995, derogada por la LOE, venía a fomentar la participación de la que hablase ya la LODE, y lo mejor de ella fue asumido en aquella LOE. Lo mismo le ocurrió a la LOCE, de 23 de diciembre de 2002, pilotada por Pilar del Castillo, que aunque fue también derogada por la LOE (¡Era una Ley del PP!) configuraba las mejores ideas educacionales que laten en la vigente Ley Orgánica: la cultura del esfuerzo, la Educación Infantil, las competencias básicas, los PCPI, el espíritu emprendedor, la educación permanente, la valoración de la función docente, evaluaciones generales de diagnóstico, la inspección educativa, etc. Pero hoy este Proyecto socialcomunista afirma que la LOCE fue muy polémica. La LOE también fue corregida y mejorada por otras leyes orgánicas, como la LOMCE. Los sistemas educativos, como resultantes de los valores culturales de la sociedad de la que dimanan y a la que sirven, tendrán casi siempre un doble papel: por un lado, son los encargados de transmitir los valores y pautas culturales de la sociedad adulta a las jóvenes generaciones; pero por otro, tienen la responsabilidad de inculcar a sus alumnos la suficiente dosis de creatividad y espíritu crítico para que la propia sociedad pueda evolucionar de manera eficaz, positiva y justa. La escuela debe mantener siempre aquellos principios berroqueños de amor a la justicia y curiosidad intelectual que sin ellos se disolvería y perdería todo su sentido milenario.

Ahora bien, el nuevo Proyecto socialcomunista deja bien claro que el sistema educativo no debe sólo transmitir conocimientos del pasado, sino sobre todo está obligado a renovar la cultura, y cuestionar el acervo de conocimientos y los valores del pasado. Hay una idea latente en él de destruir a martillazos todo nuestro pasado, empezando con Sánchez ex nihilo, como adamitas sin taparrabos. Por eso se dice aquí también que la LOMCE representó una ruptura del celestial equilibrio que se había alcanzado con la LOE. El tímido intento uniformador de la LOMCE de construir un currículo nacional se destroza ahora desgarrado por los voraces currícula ideológicos de las autonomías sublevadas. El Proyecto echa gasolina a la hoguera secesionista.