Tras conocerse que el ministro de Interior destituyó al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, por no informar sobre una investigación judicial al respecto del 8M, cabe la posibilidad ahora de que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 51 eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que señale que Fernando Grande-Marlaska pudo coaccionar a la Policía Judicial para conseguir dicho informe policial.
Es la juez Carmen Rodríguez-Medel, por tanto, quién debe tomar la decisión de actuar sobre el ministro que mantiene por este cargo su codición de aforado.
También se ha sabido que finalmente, Pérez de los Cobos comunicó al Ministerio del Interior que había sido comisionado por la titular del Juzgado número 51 de Madrid como Policía Judicial para la investigación del 8M e informó después de que la magistrada pidió paralizar las actuaciones durante el estado de alarma.
Fuentes de Interior han precisado que el entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid comunicó a través del entonces director adjunto operativo, Laurentino Ceña, el mandato de la jueza Carmen Rodríguez Medel para actuar como Policía Judicial en la causa que investiga la relación de los actos del 8M con los contagios de la COVID-19 y si el Gobierno conocía los riesgos.
Unos días después, comunicó a Interior que la jueza les había pedido que paralizasen las actuaciones y no se hiciese nada hasta después del estado de alarma.
Todo esto es lo que reconoce el Ministerio del Interior que conocía de esta actuación de la Guardia Civil, ya que, apuntan fuentes ministeriales, tuvo conocimiento de que se había elaborado un informe y entregado a la juez cuando lo publicaron los medios de comunicación.
Interior insiste en que ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni la Dirección General de la Guardia Civil querían el informe ni lo pidieron, sino solo tener conocimiento de las actuaciones que se llevaban a cabo, no de sus detalles.
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