El jefe de Riesgos Laborales reitera que no se debería haber celebrado y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil cree que puede haber prevaricación.
Los testigos que han declarado este jueves ante la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la celebración de actos el 8M han ratificado lo que ya se incluyó en el informe de la Guardia Civil, que la Delegación del Gobierno de Madrid les recomendó cancelar por riesgo de contagio por coronavirus los eventos que tenían previstos en días posteriores.
Así lo han vuelto a declarar los jefes de servicio y sección del departamento de Seguridad Ciudadana y dos auxiliares administrativas.
También se ha ratificado el jefe de Riesgos Laborales, Ramez Muhzrram Rey, que ha reiterado ante la magistrada que la protesta no se debería haber producido.
Del mismo modo, han insistido en su declaración previa Javier Gómez Ochoa, de la Federación de Construcción y Servicio, de Comisiones Obreras; Antonio García Edwards, de Anonymus for de Voiceless Animal Save; y Juan Metidieri Izquierdo, presidente de APAG Extremadura Asaja.
Delito de prevaricación
Por su parte, el abogado de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, Jesús Martín Vázquez, ha rechazado archivar la causa, como pide la Fiscalía, ya que es de la opinión que los "hechos investigados sí son susceptibles de un delito de prevaricación".
El letrado, que tiene la dirección letrada en la causa, entiende que las competencias del delegado del Gobierno y secretario general del PSOE madrileño también incluyen el ámbito sanitario.
Jesús Martín Vázquez también ha hecho referencia a los correos enviados antes del 8M por el departamento de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno en los que daba consejos para evitar contagios: "Los mandó a todos los correos de la Delegación". Franco aseguró aseguró este miércoles que no había recibido ese correo.
Las llamadas, siempre después del 8M
El abogado de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha afirmado que todas las llamadas del departamento de Franco para persuadir a los convocantes a que no llevaran a cabo sus protestas se produjeron después de la manifestación del 8M.
El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri Izquierdo, ha recordado que entre el 12 y el 14 de marzo la Delegación del Gobierno le llamó para que cancelará una "tractorada" que iba a partir de Extremadura hasta la sede de la Vicepresidencia del Gobierno de Pablo Iglesias.
Ha relatado que como se negó a desconvocar dicha movilización, la Delegación del Gobierno en Madrid decidió no autorizarla el 16 de marzo con el argumento de la pandemia del coronavirus. "Simplemente hemos venido a colaborar con la justicia", ha añadido Metidieri a los periodistas que esperaban en la puerta de los juzgados.
"Me invitaban a cancelarla"
Por la tarde, la jueza ha escuchado también a varios de los convocantes de manifestaciones. Se quería aclarar el contenido de las conversaciones con los trabajadores de la Delegación. La mayoría, a preguntas de la Abogacía del Estado, que es partidaria de cerrar la investigación, ha negado haber recibido presiones para desconvocar. Moisés Fernández, de CGT Madrid, era clro al respecto: "Interpreté que me invitaban a cancelarla. No me dieron la orden de cancelarla".
Por su parte, Luis Concha, del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa, suspendió su acto un día antes de su celebración sin aviso previo de la Delegación del Gobierno. La presidenta de la Asociación de Personas Aptas sin Ayuda de Alquiler, Diana Chnaiker, ha advertido a la jueza que la Guardia Civil hizo una "mala interpretación" de la declaración que prestó ante los agentes que la citaron. "Según lo que se entendía (en el informe), yo había cancelado la protesta por una llamada, pero no era así", ha precisado, al tiempo que ha explicado que la Delegación pidió que enviara un documento para confirmar la cancelación de la protesta.
También han rechazado haber recibido presiones María Teresa Martínez, de la plataforma Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe y Pedro Gallego, de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón. Otros comparecientes como Santiago de la Iglesia del sindicato Oficios Varios del Sur CGT ha reconocido haber recibido la llamada de Delegación del Gobierno para que se replantearan una protesta: "Les dijimos que no la íbamos a cambiar pero al día siguiente al ver el estado de alarma entendimos que la participación iba a ser menor y la cancelamos por prevenir problemas".
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