Un total de 17 testigos comparecerán durante tres días en el juicio por la reclamación del Estado de la propiedad del Pazo de Meirás, actualmente en manos de la familia Franco, que comienza este lunes en la Audiencia Provincial de A Coruña.
El juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña celebrará durante esta semana el juicio, en la que el Estado reclama a la familia Franco la propiedad del inmueble, ubicado en Sada (A Coruña), según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
El alcalde de Sada (A Coruña) entre 1979 y 2007 Ramón Rodríguez Ares ha asegurado esta mañana que dos administraciones, la Diputación y el Ayuntamiento de A Coruña, se interesaron por la compra del inmueble en los primeros años de la década de los 80.
Por lo tanto, es "correcto" que desde las administraciones públicas se reconocía que la propiedad del pazo era de la familia Franco, pues "una cosa, para recuperarla, tiene que haber sido antes de alguien, eso siempre fue una propiedad privada", ha enfatizado el primer testigo en declarar a instancias de los herederos de Franco.
Por su parte, el vecino de Meirás (A Coruña) Juan Pérez Babío, de 70 años y residente en este pueblo casi toda su vida, ha relatado esta mañana en el juicio sobre la propiedad del Pazo de Meirás que a su abuela le quitaron sus tierras para ampliar la propiedad del pazo: "A mi abuela la expulsaron de su casa".
Pérez ha sido el primer vecino en testificar en el primer día de juicio a instancias de la Abogacía del Estado, y en su declaración consta que no tiene "animadversión ninguna" hacia los herederos de Franco, pero sí ha reconocido que tiene "interés en que esto revierta en el patrimonio público".
En la causa figura como parte demandante la Abogacía del Estado y como intervinientes que también solicitan la devolución de la propiedad están la Xunta, la Diputación de A Coruña y los Ayuntamientos de Sada y A Coruña.
Como parte demandada se han personado seis miembros de la familia Franco y una sociedad mercantil.
Este lunes comparecen como testigos un guardia hortelano del pazo hasta 1990, dos vecinos de Meirás, un funcionario del Ayuntamiento de A Coruña, el secretario particular de Carmen Polo Martínez-Valdés y de Carmen Franco Polo tras el fallecimiento de Francisco Franco y el alcalde de Sada desde 1979 hasta 2007.
También declarará un amigo de la familia Martínez-Bordiú Franco, suegro de una de las demandadas y que asumió labores de gestión sobre la rehabilitación del pazo tras su incendio y parcial destrucción en 1978.
La estrategia jurídica de la Abogacía del Estado en este juicio se centrará en demostrar la irregularidad de la compra por Francisco Franco y la posterior administración del inmueble por parte del Estado.
Por su parte, los herederos de Franco alegan que han poseído como dueños "hasta hoy", de "buena fe" y "con justo título" el inmueble, en el que no se han hecho inversiones a costa del erario público.
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