EL OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y LAS ÓRDENES GUBERNAMENTALES

Se puede discrepar de las leyes y de las órdenes gubernamentales. Pero hay que cumplir con ellas. Es necesario acatarlas. El Estado de Derecho no funciona si grupos de ciudadanos se niegan a cumplir el ordenamiento jurídico, si las autoridades carecen de fuerza para obligar, con respeto a los derechos humanos, a que las leyes no se vulneren.

Varios millares de manifestantes el domingo en Madrid tenían derecho a protestar por el uso obligatorio de las mascarillas y por la torpeza gubernamental en su política sobre la Covid-19. Está claro, sin embargo, que esa manifestación debía hacerse con el uso de la mascarilla y con el respeto a la distancia de seguridad establecida. No hacerlo significa alinearse con la anarquía.

Que el Gobierno de Pedro Sánchez, que autorizó las manifestaciones del 8-M, origen clave del incremento disparado de la pandemia, debe reflexionar sobre su política balbuceante, parece obligado. Que acertadas o no las medidas establecidas deben cumplirse, nadie lo duda.

A pocos pasajes más lamentables ha asistido la opinión pública como a la manifestación dominical sin mascarilla ni distancia de seguridad. No es necesario entrar en si los manifestantes tenían razón o carecían de ella. La perdieron al no cumplir con las órdenes gubernamentales, en este caso de las tres Administraciones: la nacional, la autonómica y la municipal.

Estamos ante una crisis sanitaria con gravísima incidencia en el desarrollo económico y empresarial de la nación. El esfuerzo por contener la pandemia y retornar a la normalidad, a todos conviene. Por eso, por respeto al Estado de Derecho, resulta obligado cumplir con las leyes, los decretos y las órdenes gubernamentales.