El PP rompió las negociaciones para renovar el CGPJ por los ataques a la Monarquía

El PP ha insistido este lunes en defender su posición "firme y coherente" sobre la renovación de las instituciones, y ha reiterado que no la puede abordar si Podemos tiene "cualquier papel" en ella.

Así lo apunta el PP en un comunicado en el que cuenta de forma detallada y dando distintas fechas cómo ha sido el proceso y cómo decidió no seguir negociando después de que el partido de Pablo Iglesias "arremetiera" contra el Rey emérito y fuese también "imputado" por financiación irregular. Apunta así que el pasado 6 de julio, en el 40 aniversario del Tribunal Constitucional, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pidieron al presidente del PP, Pablo Casado, iniciar conversaciones para la renovación de los órganos institucionales.

Casado encomendó las conversaciones al secretario de Justicia del PP, Enrique López, que durante el mes de julio, recuerda el PP, propuso una "ley para el reforzamiento de la independencia de la Justicia", como paso previo a las negociaciones.

El País publica este lunes que Sánchez envió un mensaje por WhatsApp a Casado preguntándole si era cierta la posibilidad de acuerdo y el líder del PP le dijo que sí. Pero según el partido de Casado, en aquel mensaje -el 22 de julio- Sánchez propuso los interlocutores para las conversaciones, y el líder de los populares aceptó "sin entrar a valorar ni siquiera el fondo de la cuestión". Recuerda además que el propio pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informó el 28 de junio de que existían conversaciones, que confirmaron ambos partidos.

Las razones que da el PP sobre la ruptura de las conversaciones siguen siendo las mismas, y así el partido recuerda que cuando el 3 de agosto la Casa Real anunció la salida de España del Juan Carlos I se produjo un "un intolerable ataque del vicepresidente segundo del Gobierno al Rey Don Felipe".

También lamentan que Casado "no fue en ningún momento informado por el presidente del Gobierno" sobre este asunto, y explican que el líder del PP transmitió a Moncloa que el pacto de renovación institucional no podía avanzar con el Gobierno arremetiendo contra la Jefatura del Estado.

Añaden que el 11 de agosto, "Podemos fue imputado por financiación irregular mientras intensificaba sus críticas al Poder Judicial, a la Monarquía, y pedía un gobierno con Bildu en el País Vasco y un pacto presupuestario con Esquerra a cambio de retomar la mesa de autodeterminación de Cataluña".

Y explican que "por todo ello", el 14 de agosto Pablo Casado transmitió al Gobierno, "a través de una reunión presencial de sus interlocutores", que no se podía acordar la renovación de las instituciones del Estado "si Podemos tenía cualquier papel en ella".

El 2 de septiembre, el presidente del Partido Popular se lo comunicó personalmente al presidente del Gobierno en la Moncloa y lo hizo público en su comparecencia de prensa.

"La posición del Partido Popular es firme y coherente y siempre se guiará por el reforzamiento institucional del Estado y la despolitización del Poder Judicial", dice el comunicado. Y añade que "la transparencia y la responsabilidad institucional han regido todo este proceso por parte del principal partido de la oposición, a pesar de las insólitas filtraciones manipuladas en los medios de comunicación".

Ante esta negativa, Pedro Sánchez ha advertido este lunes de que buscará mayorías parlamentarias alternativas para renovar las instituciones sin necesidad de contar con el PP, que insiste en el "bloqueo" de las negociaciones.

En una entrevista en TVE, el presidente del Gobierno ha confirmado que en el mes de agosto los acuerdos con los populares para la renovación del CGPJ habían "fructificado prácticamente al 99 por ciento" pero de forma "inexplicable" el partido de Pablo Casado "los rompió".

Ha señalado que en un momento de emergencia sanitaria y social como el actual las instituciones del país necesitan una "dosis extra de legitimidad" y por eso el PP "tendrá que explicar" su posición. Ha recordado el retraso de dos años que lleva la renovación del CGPJ o de casi un año el Tribunal Constitucional, y ha insistido en que el PP, que "tanto habla de la Constitución", debería "cumplirla" y no bloquear la renovación de instituciones tan importantes.

Durante la entrevista, Sánchez ha asegurado que en sus contactos con la oposición la semana pasada instó a estos partidos a articular mayorías parlamentarias que permitan el desbloqueo de instituciones. En el caso del CGPJ, para su renovación se necesitan los votos de tres quintos del Congreso -210 diputados-, por lo que sería muy complicado con la fórmula de la que ha hablado Sánchez, ya que PP y Vox cuentan justo con los 140 restantes.

En relación con RTVE, Sánchez ha recordado que hay un informe de los letrados que apunta a una solución al bloqueo actual. Y en cualquier caso, ha subrayado, "el Gobierno no va a aceptar ningún bloqueo institucional y va a apelar a una mayoría parlamentaria alternativa para desbloquear estos órganos que no merecen estar bloqueados" por culpa de "un partido que no ha aceptado el resultado electoral".

También el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha exhortado una vez más a los "poderes públicos concernidos" a renovar "sin mayores dilaciones" la institución ante la "seria anomalía" que supone que lleve en funciones desde diciembre de 2018.

Como hizo también el año pasado, Lesmes ha vuelto a reclamar la renovación del CGPJ durante el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, presidido por el Rey, y que este año está marcado por las medidas de seguridad impuestas por la pandemia.

Lesmes, que se ha dirigido al Congreso y al Senado en varias ocasiones con la misma finalidad, ha recordado que "es la propia Constitución la que fija en cinco años la duración del mandato de cada Consejo", por lo que se ha visto "en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones".

Lesmes ha indicado que las funciones asignadas al CGPJ, "en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario" deben "seguir desarrollándose con normalidad". Lo contrario, ha dicho, "sería incumplir la propia norma fundamental, con grave quebranto para la Justicia española, a la que dañaría una paralización institucional mantenida en el tiempo, en un momento en el que debe afrontar unos retos enormes".