El PP denuncia que la tramitación de los indultos es el "precio" por los Presupuestos.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este miércoles que su departamento comenzará la semana que viene a tramitar las peticiones de indulto para los condenados por delitos de sedición por su participación en el proceso de independencia de Cataluña. El anuncio coincide con las negociaciones del Ejecutivo con los grupos parlamentarios para sacar adelante los Presupuestos.
Así lo ha manifestado Juan Carlos Campo en la sesión de control al Gobierno del Congreso a una pregunta de la diputada de JxCat Laura Borrás "sobre las medidas del Gobierno a la vista de la deriva en la que está instalada la justicia española".
El titular de Justicia ha explicado además que el Gobierno mantiene su idea de reformar en el Código Penal, entre otros delitos, los de rebelión y sedición para adaptarlos a la nueva realidad social y a la normativa de otros países.
"Estamos plenamente dispuestos al diálogo que es la manera de resolver los conflictos políticos y afrontamos con normalidad democrática los posibles cambios normativos que exige y reclama la sociedad", ha afirmado Campo, cuyo anuncio ha sido duramente criticado por el PP y Vox. Según Santiago Abascal, con este movimiento, el Ejecutivo busca atar los Presupuestos. En un mensaje en Twitter, el líder de Vox así lo ha puesto de manifiesto: "Presupuestos a cambio de indultar criminales. Son la mafia".
En los mismos términos se ha pronunciado el PP, que acudirá al Supremo si el Gobierno concede los indultos. El partido liderado por Pablo Casado considera que "al Gobierno se le cae la máscara" con la tramitación la semana que viene de las peticiones de indulto de los condenados por el procés, que suponen a su juicio "parte del precio que paga Sánchez por la investidura y por los presupuestos".
Para el PP, esta es la primera vez que el Ejecutivo reconoce que va a tramitar esos indultos y con ello "canjea estar en el poder a cambio de impunidad a quienes trataron de acabar con la Constitución y la legalidad vigente".
Un proceso de 6 meses
Justicia tramitará de forma individual los expedientes de indulto de los doce condenados por el proceso independentista catalán, un procedimiento que suele superar los seis meses, apuntan fuentes de este departamento.
El primer paso, apuntan las fuentes del Ministerio, será reclamar los informes del tribunal sentenciador, el Supremo, y de la Fiscalía. Se tramitarán doce expedientes porque la primera solicitud que entró en el registro del Ministerio, en enero, pedía el indulto para los doce condenados, aunque sólo nueve fueron condenados a penas de prisión: Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Cada expediente es individual y arrastra las distintas soluciones que se hayan registrado para la misma persona, añaden las fuentes, que explican que la tramitación comienza ahora tras superarse el atasco provocado por la pandemia.
Los indultos, una medida de gracia discrecional en manos del Gobierno, se rigen por una normativa de 1870, que determina que, una vez recibida la solicitud, el ministro de Justicia debe enviarla al tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, para que emita su informe.
Ese tribunal debe solicitar el correspondiente informe al Ministerio Fiscal antes de remitir la respuesta al Ejecutivo, pero su posición no es vinculante, ya que corresponde al Gobierno la decisión definitiva. En el caso de ser favorable a los reos, debe acordarse vía real decreto publicado en el BOE.
Los indultos pueden ser totales o parciales y pueden condicionarse al cumplimiento de determinados requisitos, correspondiendo al tribunal sentenciador la vigilancia de que se cumplan.
La mayoría de las peticiones no superan el proceso: el año pasado se tramitaron 4.022 indultos y se concedieron 39, el 0,97 %; y en el ejercicio anterior se otorgaron solo 17 indultos de los 4.382 tramitados. Puede pedir la medida de gracia el condenado o cualquier otra persona en su nombre, sin necesidad de tener un poder escrito que acredite su representación.