Los grandes cataclismos que han dado lugar a la extinción de una especie, la secuencia de acontecimientos que han desencadenado guerras o los distintos elementos que se conjugan y suceden para provocar una crisis económica, muy a menudo se observan como si fuesen un hecho puntual, un accidente sorprendente que marca un punto de inflexión en la historia. Esa es una percepción desenfocada, un efecto óptico provocado por el paso del tiempo. La perspectiva del tiempo puede enturbiar la visión. El paso del tiempo puede ocultar que la extinción de una especie empezó centenares de años antes de que desapareciese el último de sus individuos o que una guerra estaba declarada cuando ni tan siquiera habían nacido quienes tenían que morir en ella.
El tiempo produce ese efecto. Se impone el esfuerzo de dejar oír la voz, de sembrar el paso del tiempo de vestigios, de pruebas para que, cuando llegue el momento de recordar, no se pueda cambiar eso que ahora se viene en llamar «el relato». Al menos, para que no puedan eludir sus responsabilidades quienes en todo momento estuvieron advertidos de las consecuencias de sus actos.
Me he hecho esta reflexión después de leer un documento demoledor que culmina, por ahora, dos semanas de una agitación sin precedentes en el mundo de la Justicia española, en las que las presiones para impedir que un órgano constitucional cumpliera sus funciones nombrando determinados cargos judiciales han excedido todos los límites conocidos, que se han seguido de la amenaza directa de hundir el crédito de España con una reforma inconstitucional del gobierno del poder judicial (la vía polaca de Podemos) y que han concluido con las graves amenazas dirigidas contra un Juez Central de Instrucción por haber tenido la temeridad de investigar el entorno de un partido político de gobierno.
El documento al que me refiero es la carta firmada por los líderes de los cuatro grupos mayoritarios del Parlamento Europeo: Iratxe García (Grupo Socialista), Manfred Weber (Grupo Popular), Dacian Ciolos (Grupo Renew Europe) y Ska Keller y Phillippe Lamberts (Grupo de Los Verdes).
Lo leí en prensa el pasado miércoles, 7 de octubre, y es sintomático, desagradablemente sintomático, que un documento como ese lo conociese a través de Le Monde. Después de leerlo, busqué su publicación en nuestra prensa y no he sido capaz de localizarlo en ningún medio.
Los cuatro líderes que representan a la mayor parte de los ciudadanos europeos se han puesto de acuerdo para hacer una afirmación rotunda: nuestros valores no están en venta. Y con esa afirmación de principio exigen que la participación en los fondos del presupuesto europeo destinados a paliar los efectos de la pandemia se someta a mecanismos de condicionalidad que aseguren el respeto al Estado de Derecho, que es donde residen los principales valores bajo cuyo cobijo nos agrupamos los ciudadanos europeos.
No la mencionan, pero es imposible no entender que se refieren a Polonia, a su vía de reforma del poder judicial que ha adoptado Podemos y al trato que se dispensa en ese país a sus jueces.
La carta advierte, casi lamenta, que «cuando uno de nuestros gobiernos amordaza a sus jueces y crea un clima de miedo y control en todos los niveles de su sistema judicial, todo el sistema judicial europeo está en crisis, todo nuestro orden jurídico». El ataque al sistema judicial no es el único motivo de preocupación de los líderes europeos que firman la carta, pero es el principal, y por eso consideran «la violación de los principios del Estado de Derecho y la independencia judicial como un mínimo indispensable» que debe ser evitado y que tendría que condicionar la participación en los fondos del presupuesto europeo destinados a la recuperación de Europa tras la pandemia.
Resulta desolador que precisamente cuando esa carta se estaba redactando, precisamente en ese momento, el principal partido del gobierno de España prestara oídos a su socio minoritario para, al parecer, asumir como propia la que ya se viene en llamar la vía polaca de Podemos.
La vía polaca de Podemos, que adopta como referente la reforma legislativa del poder judicial polaco impulsada por el partido de ultraderecha Ley y Justicia, consiste en reducir el quorum de elección de la mayor parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, de manera que puedan ser nombrados por una mayoría no cualificada o mínimamente cualificada. El efecto que se consigue con ello es que los vocales puedan ser elegidos por la mayoría que da soporte al gobierno. Y la consecuencia es que se establece una perfecta correlación entre Parlamento, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. A partir de ese momento, desaparecida la apariencia de neutralidad del órgano de gobierno del Poder Judicial que nombra a los jueces, desaparece también la apariencia de independencia de los propios jueces y, con ello, se consuma la abolición de la división de poderes en España que garantiza nuestra Constitución.
Se ha recordado que ya el Tribunal Constitucional previno en su sentencia 108/1986 que esa reforma no tiene cabida en nuestra Constitución, y a ese recordatorio se ha contestado que ese escoyo se elude reformando la Constitución que, al fin y al cabo, no está escrita en piedra. Semejante respuesta solo añade desfachatez al despropósito: desconoce que la efectiva vigencia del principio de división de poderes es presupuesto del Estado de Derecho, que constituye el fundamento de los principios que permiten la pertenencia (y permanencia) en la Unión Europea. Sin Estado de Derecho, ni existiría Europa ni podría existir España. Aunque tampoco esté escrito en piedra, la reforma del Derecho de la Unión Europa que exige la efectividad del principio de separación de poderes no está al alcance del Gobierno ni del Parlamento de España.
La intención calculada de unos se ha unido al desconocimiento culpable de otros, y todo eso ha pasado mientras los líderes del Parlamento Europeo clamaban por el respeto al Estado de Derecho, en España se proponía la abolición de la división de poderes y un Juez Central de Instrucción era gravemente amenazado por proponer que se investigue el entorno de un partido de gobierno. No sé si están por venir acontecimientos más graves. Probablemente el tiempo dirá que fueron el fruto de la imprevisión de un momento aislado. Para los que vivimos este momento, es evidente que eso no habrá sido así.
Si (
No(
