CONTROLAR EL PODER JUDICIAL

Por muchas veladuras con que se enmascare la realidad, la opinión pública bien informada sabe que Pedro Sánchez, el César Sánchez, mantiene como uno de sus objetivos sustanciales el control del Poder Judicial. A nadie le puede producir extrañeza, esa pretensión claramente anticonstitucional. Forma parte del programa del Gobierno frentepopulista que aspira a convertir en un soviet el Consejo General del Poder Judicial, como ha escrito Miguel Ángel Pérez.

Los jueces serios e independientes, esto es la inmensa mayoría, se manifiestan abiertamente alarmados por la deriva que el Gobierno sanchista ha dado al contencioso con el Consejo General del Poder Judicial. El César Sánchez pretende modificar la legislación con el fin de liquidar la mayoría cualificada que se necesita para los nombramientos. Esa mayoría cualificada exige en circunstancias de normalidad que el Gobierno cuente con el partido mayoritario de la oposición y, en consecuencia, robustece la garantía de neutralidad e independencia en el gobierno de los jueces.

Pedro Sánchez apuesta ahora porque el Congreso de los Diputados modifique lo que ha venido funcionando muy bien y que la mayoría parlamentaria pueda decidir, lo que significa que el Gobierno se hará con el control del Poder Judicial sin las cautelas que suponen los tres quintos que ahora se precisan. Afirman algunos juristas que el propósito sanchista colisionará con el Tribunal Constitucional. Ya veremos. Lo que ha quedado claro en el órdago actual es el abierto propósito de Pedro Sánchez de consolidar su cesarismo, fragilizando la división de podemos con el fin de que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial queden en sus manos. Se trata de una operación antidemocrática, similar a la que impuso Hugo Chávez en Venezuela, y que en el futuro permitirá al presidente del Gobierno acumular todos los poderes y emprender el camino de la liquidación de la Constitución de 1978. Que en eso estamos.