La auto designada Asamblea Nacional Constituyente, órgano inconstitucional convocado ilegalmente en su momento para proponer una nueva Constitución – lo cual en dos años de funcionamiento aún no ha hecho- acaba de sancionar un texto al que atribuye el inexistente carácter de Ley Constitucional denominándolo “Ley Antibloqueo”.
Ese instrumento normativo espurio pretende autorizar al dictador a desaplicar la Carta magna y las leyes vigentes, según las conveniencias de aquel.
Su objeto central es el “secuestro” del orden jurídico nacional atribuyendo todas las competencias decisorias al Jefe del Estado (en usurpación) con el agravante de permitir el secretismo y la carencia de la obligación de rendir cuenta de sus actuaciones.
Dentro de esas atribuciones está la de adjudicar contratos, disponer de activos del Estado y otros actos arbitrarios, en forma directa y sin regirse por el principio del control de los actos públicos, todo lo cual estará, ab initio, viciado de nulidad.
Con tal “Ley”, el gobierno usurpador de Maduro da un paso más en su deriva totalitaria, ahora, sin siquiera guardar un mínimo de apariencias y formalidades, asumiendo de manera descarada, como todo tirano, los poderes legales de la República.
Queda claro que quienes a lo interno y especialmente los actores internacionales que elijan participar en relaciones jurídicas de la naturaleza indicada, deberán atenerse eventualmente, a las consecuencias de orden legal, que en su momento tendrán lugar cuando se restaure el Estado de derecho en Venezuela.
El Grupo Ávila rechaza, al igual que una gran parte de los venezolanos, tal aberración política y jurídica.
Si (
No(
