El abuso del Estado de Derecho

La Democracia Constitucional, institución que da paso al Estado de Derecho, ha sido obtenida con mucho esfuerzo por parte de aquellos que nos legaron el sistema del que ahora gozamos. Sin embargo, los derechos otorgados por el régimen actual, son tomados como arma para minar los pilares que hacen posible su ejercicio, por aquellos que se aprovechan de las ventajas que otorga la Constitución y el resto del acervo jurídico. La actuación de estas personas busca fines que en ocasiones agreden al sistema y que, en otras, busca agilizar los procedimientos o maniobrar con más comodidad dentro del sistema posicionándose por encima de él, para beneficio particular o para actuar en aras a un equivocado sentido del bien común.

La burla al Estado de Derecho por aquellos que están fuera del sistema y que se sirven de las prerrogativas de las que gozamos todos los ciudadanos, como garantías que la Constitución nos da, son un nimio precio si tenemos en cuenta las compensaciones que nuestro régimen concede. Así, principios como el de la presunción de inocencia o las libertades que la Carta Magna confiere como el derecho a la información, reunión, huelga, a los beneficios penitenciarios, etc., son ejercitadas como consecuencia de un Estado garante de derechos y libertades fundamentales.

La ventaja de las tiranías es el orden absoluto. Todo lo que contravenga al Estado es aniquilado, no hay miramientos para aquellos que sin ser culpables son arrojados a sufrir las consecuencias de sus actos sospechosos por el bien público. Pero el Estado de Derecho se hace fuerte, no en la limitación de los derechos que otorga si no en el estricto cumplimiento de su espíritu. El bien de todos no puede ser sacrificado porque unos pocos regateen y jueguen con las ventajas que han sido conquistadas por el conjunto de la ciudadanía.

El fraude de ley que se aferra al cumplimiento de unas normas para burlar a otras o al mismo espíritu de la Ley, y que actúa paralelamente a través de actos que transgreden e infringen dichas normas, puede mermar la moral del sistema constitucional mediante la consecución de un resultado prohibido o contrario al Ordenamiento Jurídico. Pero el fraude de Ley no sólo está al servicio de los destacados delitos e infracciones flagrantes, sino que también es utilizado por instituciones que se enmarcan dentro de los poderes del Estado. Lo que mina la firmeza del Estado de Derecho no es el aprovechamiento de sus prerrogativas por parte de los que se ubican fuera del sistema, si no que los custodios del Estado de Derecho transgredan el espíritu de las leyes para fines espurios.