El vandalismo se cuece en el Congreso de los Diputados

El vandalismo que asola las calles de España con la excusa del toque de queda impuesto no es más que el reflejo del comportamiento de los grupos políticos. En el Congreso de los Diputados, Podemos, Bildu y los separatistas desde la extrema izquierda y Vox, desde la derecha, dedican sus intervenciones a insultarse, incluso se han llegado a llamar asesinos y criminales.

Y sus seguidores, los radicales independentistas en Cataluña, los proetarras en el País Vasco, los antisistema,los negacionistas y una mezcla de ultras de uno y otro signo político, incluso “hooligans” de equipos de fútbol y grupos neonazis, llevan tres días protagonizando actos vandálicos en las calles de las principales ciudades españolas, donde se han producido barricadas, lanzamiento de adoquines, saqueos de comercios y enfrentamientos violentos con las Fuerzas de Seguridad. La insurrección se ha adueñado de los centros de esas ciudades.

La reacción de los grupos políticos demuestra que, en efecto, estas manifestaciones han surgido inspiradas por las declaraciones de los dirigentes de los grupos políticos radicales de extrema izquierda y extrema derecha. Sin ir más lejos, el director de los Mossos en Barcelona atribuye la violencia a la extrema derecha, cuando las manifestaciones fueron convocadas por la CUP y Arran, lo que ha provocado la queja de Vox, que culpa de los altercados a la extrema izquierda y a extranjeros, al tiempo que respalda las concentraciones. Aunque es verdad que Vox también convocó una concentración en la plaza de San Jaime para protestar contra la Generalidad. El líder de Vox ha reclamado que la Policía "proteja el derecho de manifestación" e "identifique y detenga" a los responsables de las protestas violentas. Y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias ha culpado a la ultraderecha de las protestas violentas contra las restricciones del coronavirus y ha comparado los incidentes con la "estrategia de la tensión" de Italia.

Mientras, y de nuevo, el presidente del Gobierno se lava las manos y se limita a pedir calma y, naturalmente, a condenar los actos. Así, la Policía se ha visto obligada a intentar disolver las manifestaciones violentas con escasos recursos.

Es comprensible la indignación de muchos ciudadanos que han perdido el empleo o se han visto obligados a cerrar sus negocios por culpa del impacto de la pandemia o por la mera tensión provocada por las medidas de restricción. La Constitución avala el derecho de expresión y de manifestación. Pero los actos vandálicos no son más que delitos que se cometen ante la pasividad del Gobierno.