Conflicto institucional en Colombia

La Corte Suprema y el Gobierno de Álvaro Uribe han vuelto han enzarzarse en una nueva disputa. En esta ocasión, el enfrentamiento se debe a un escándalo destapado por una revista colombiana: la existencia de contactos en pleno palacio presidencial entre asesores del presidente colombiano y emisarios de los paramilitares. Uribe no sólo no ha desmentido a la publicación sino que ha defendido la necesidad de las conversaciones. Tanto la Corte Suprema como el Gobierno se han intercambiado acusaciones mutuas de complot. Este escándalo ha coincidido, además, con la destitución del hermano del ministro de Interior, Fabio Valencia, de su puesto como funcionario de la Fiscalía, por supuestos contactos con el narcotráfico. Muchas voces se han alzado exigiendo la dimisión del titular de Interior.

Por más que Uribe se haya defendido de ambos escándalos con la actitud desafiante que le caracteriza, lo cierto es que queda el interrogante de hasta qué punto es necesario recibir en la Casa de Nariño a abogados de jefes paramilitares para obtener de ellos información que no se transmite a la Justicia. Así como tampoco queda claro hasta dónde llegaron las influencias del Ministro del Interior para conseguir que el Fiscal General ayudara a su hermano.

La existencia continuada de conflictos entre el poder ejecutivo y el judicial puede acabar resultando dañina para la estabilidad interna del país y no facilita la gobernabilidad. Después del oasis dorado que supuso la liberación de Ingrid Betancourt y los demás rehenes de las FARC, con unos niveles de popularidad nunca vistos, Uribe se encuentra ahora con múltiples frentes abiertos: demasiados como para poder permitirse situarse en una constante postura desafiante.

Estos desencuentros entre la Corte Suprema y Uribe, aún siendo graves, tienen también una interesante faceta positiva. Paradójicamente, a pesar de que las tensiones entre la Corte Suprema y el Gobierno convulsionan la realidad de Colombia, al mismo tiempo fortalecen la estabilidad institucional, ya que dejan clara la existencia real de una separación e independencia de poderes. Dicho esto, tampoco es recomendable que el enfrentamiento entre ambos alcance cotas insoportables, porque un exceso puede acabar resquebrajando el sistema institucional. Ambas partes han de templar las disputas y recordar que, a pesar de que la discusión es la base de la democracia, no han de olvidar que navegan en el mismo barco.