Alicia en el país de las maravillas

El Gobierno vende humo. Reparte los fondos europeos una y mil veces… y no los hemos recibido, ni están ni sabemos cuando los recibiremos. Ya ha hecho un plan estratégico de vacunación contra el covid-19 que nos asola… y todavía no tenemos las vacunas ni sabemos, aún, cuando las recibiremos ni en que cuantía y plazos. Es el problema de estar dirigidos por un Presidente que no dice la verdad, cuyo primer asesor -con mando en plaza- es un publicista y cuyo proyecto político se limita a seguir siendo presidente.

Pero no solo de la venta de humo vive el Gobierno. También nos ha engañado y muchas veces. ¿Se acuerdan del IVA de las mascarillas? Era del 21 % y se escudaban en que “venía impuesto por Europa, Europa no lo permite”, que “hay un Reglamento europeo que impide que se puedan bajar de la venta el IVA de las mascarillas. No es una decisión del Gobierno de España” (María Jesús Montero, Ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, 17 de octubre en Antena 3 Noticias). Un producto absolutamente esencial en la lucha contra la pandemia provocada por el coronavirus y gravadas nada menos que con un 21 %, como un artículo de lujo cuando su uso era y es obligatorio. No salíamos de nuestro asombro por cuanto, frente a estas afirmaciones, podíamos comprobar como en la UE la mayoría de los países contaban con un IVA reducido (Portugal 6 %; Francia 5,5 %; Alemania, 5%; e, incluso, Bélgica, Países Bajos e Italia lo suprimieron). Puro y único afán recaudatorio, no había otra explicación. Y fue cuando Europa dijo que no era obligatorio, por la necesidad, imponer el IVA a las mascarillas cuando el Gobierno tuvo que rectificar, precisando que se hacía “al confirmar que la Comisión Europea no abrirá un procedimiento de infracción por este cambio legal”, volvió a afirmar la ministra a mediados de octubre, pasando su precio de 0,96 a 0,62 €. De maravilla nos dijimos todos… pero es que Europa ya había dicho esto en mayo. Fue la enésima falacia del Gobierno en su pésima gestión de esta pandemia.

Pero es que hubo muchas más. El cómputo de muertos, que se afirmó que según la OMS sólo se podían computar como tales los fallecidos con diagnóstico de covid, provocando un desmentido de la propia OMS que en el cómputo deberían incluirse no solo los fallecidos con diagnóstico de covid, sino con síntomas. Y ahí seguimos. Es mejor dejar fuera del cómputo a alrededor de 20.00 muertos, según datos de Instituciones públicas (especialmente del Instituto Carlos III que recoge el sistema de monotorización de la mortalidad facilitado, entre otros, por los Registros Civiles y empresas funerarias), para así no alarmar más a la sociedad … y no figurar entre los países del mundo con mayor mortalidad. Quizás el país del mundo con más muertos y más contagiados por cada cien mil habitantes

Item más. La necesidad de aprobar los presupuestos para recibir las ayudas europeas (los famosos 140.000 millones de euros), también ha sido desmentido por la Comisión Europea. La necesidad de rebajar las penas por el delito de sedición impuesto por Europa, “una exigencia europea” afirmó el Ministro de Justicia (hasta la propia Vicepresidenta Primera, Carmen Calvo, llegó a afirmar que “Europa había enviado un mensaje”), y que conllevará la rebaja de las penas de los condenados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el caso de El Procés, ha sido desmentido por la propia Comisión Europea, afirmando que cualquier modificación del Código Penal es competencia nacional. No hay ni ha habido una petición, formal o informal, de la Comisión Europea, del Consejo de Europa ni de la Eurocámara ni -ya fuera de la UE- del Consejo de Europa en tal sentido.

Se ha anunciado también que las vacunas “serán gratis”. ¿Alguien ha pagado alguna vez una vacuna directamente?¡No! Simplemente las suministra el sistema público de salud… que pagamos todos con nuestros impuestos.

Recientemente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (acrónimo, CTBG) acordó, el pasado 1 de diciembre, requerir al Gobierno “para identificar a los miembros del comité de expertos de la desescalada” y que, según sus indicaciones, nos llevó a estar confinados casi tres meses. No se preocupen: ya reconocieron tanto el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que tal Comité como tal no existió, que eran los propios funcionarios del Ministerio quienes les asesoraban. Pero ahora el Consejo de Transparencia ha requerido al Gobierno para que nos informe de quienes eran, con nombre y apellidos, y les ha dado diez días, que vencen el 11 de diciembre. La portavoz del Gobierno aseguró que el Gobierno responderá a “la solicitud” del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno “en tiempo y forma”. Empezamos mal: no es una solicitud, sino un requerimiento, y el plazo ya ha vencido.

Y también ha requerido este Consejo de Transparencia al Gobierno para que se aporte los informes y documentación que avalen las afirmaciones del Presidente de Gobierno cuando afirmó que, según la Universidad Johns Hopkins, España se situaba “en el puesto quinto del mundo en la realización de test totales”. ¿Tiene el Presidente esos datos e informes? Permítanme que lo dude.

¿Y qué hay del anuncio de la creación de 800.000 puestos de trabajo - ¡cuánto nos suena esta afirmación y a qué Presidente! - en los próximos tres años? Esta afirmación, realizada por el Presidente de Gobierno el 7 de octubre en La Moncloa en la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, ya ha desaparecido, en apenas dos meses, de los planes de Gobierno y nos tenemos que quedar con el aumento de más de 600.000 parados desde el inicio de la pandemia y 745.000 más en ERTE… y creciendo.

No queremos entrar en las declaraciones del Presidente sobre su socio de Gobierno (el partido que no le dejaba dormir por las noches) y los partidos filoetarra (“si quiere se lo digo cinco veces o veinte, con Bildu no vamos a pactar”, en declaraciones al periodista Javier Caireta) e independentista (“no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas”) que le han ayudado con sus votos a aprobar recientemente los Presupuestos Generales del Estado, que le asegura prácticamente agotar la legislatura.

Un estado democrático, cual es el nuestro, no pueden hacerse afirmaciones que no estén avaladas por datos e informes y que puedan ser contrastados. Existe la libertad prensa y nuestra clase periodística investiga, rebusca, revuelve y encuentra. Al final, es válido el refranero popular -sabia tradición mantenida a lo largo de los siglos- de que “la mentira tiene las patas muy cortas”. Cada día que pasa conoceremos un hecho más que desmonte todas y cada una de las afirmaciones que, con gran solemnidad, pronuncia el Presidente de Gobierno.

¿Es ésta la nueva política en un país en que ya es difícil conseguir mayorías absolutas? Horror. Ta es así que el Presidente entiende que cambiar de criterio no es mentir, sino un acto político necesario para conseguir sus fines (perpetuarse en el poder) en este gran teatro que es la política. Es un gran disimulador, cínico, pero ante todo un hombre muy inteligente. No miente sino que practica “el honesto disimulo” que decía Torquato Acceto (1641) como virtudes de un gran gobernante. Quizás ahí radique su credibilidad ante sus fieles y muchos votantes, ciudadanos que admiran su capacidad para afirmar una cosa y a continuación la contraria. Más que un político es un actor, un artista: miente, disimula, interpreta, parpadea, engaña, se contradice. Un magnífico actor... pero que no debería estar donde está, sino en el teatro.

La libertad de prensa es fundamental. Sin información y sin periodismo riguroso que vigile de cerca al poder y, al mismo tiempo, escriba alejado de él, no existe una verdadera democracia tal y como hoy la concebimos. Sin crítica no hay mejora. Sin libertad de prensa y sin control judicial no hay democracia.

Tenemos derecho a un Gobierno que no nos mienta, que no venda humo, que gestione la grave crisis sanitaria y económica que nos está dejando esta pandemia. Como ha afirmado el maestro de periodistas y columnistas Raúl del Pozo (El Mundo, 4 de diciembre) “no es moraleja ni sermón contar que esta combinación de incompetencia, relato y demagogia que soportamos nos está llevando al desastre”.

Y en esta gravísima crisis el Gobierno sólo vende noticias positivas, ninguna mala, en definitiva, humo. Somos los mejores y nadie nos supera… ¿será por eso que se ha creado (BOE 5 de noviembre) el Comité para el control de la desinformación, ¿el orwelliano Ministerio de la Verdad?, ¿será por eso que el Gobierno tiene mucho interés en controlar el Consejo General del Poder Judicial, amenazando con modificar -a la baja- las mayorías necesarias para nombrar a sus Vocales a pesar de las múltiples advertencias en contra de las instituciones europeas?

La libertad de prensa e información y la independencia de los jueces y magistrados, junto con el pluralismo político, son las tres piedras angulares de toda democracia moderna. Anulado -o, al menos, anestesiado o hibernado- el Parlamento por el Decreto de Estado de Alarma, ¿será que el Gobierno quiere controlar la información periodística, contraviniendo el derecho sagrado de toda democracia de la libertad de expresión, y proceder a controlar el nombramiento de los magistrados de los Altos órganos judiciales?

Sin duda será así mucho más fácil vendernos noticias buenas, fantásticas, maravillosas…sin nadie que las critique y sin que nadie las controle. Un mundo feliz y todos contentos… salvo aquellos que ya no están por haber fallecido por la pandemia - aunque no figuren en las listas oficiales- y los que -cada día más- engordan las listas del paro y de las largas colas del hambre.

Pues eso… estamos con Alicia en el país de las maravillas.