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CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno prohíbe los desahucios y los cortes de suministro durante el estado de alarma

El ministro de Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.
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El ministro de Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.
Efe
martes 22 de diciembre de 2020, 14:30h

El Gobierno ha aprobado este martes la suspensión de los desahucios de alquiler de familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el fin del estado de alarma (9 de mayo), incluidos los de ocupantes sin contrato de viviendas vacías de grandes tenedores o propietarios de más de diez inmuebles. En estos casos, la suspensión será solo por tres meses y los grandes propietarios podrán pedir una compensación.

Además, durante el estado de alarma no podrá suspenderse el suministro de electricidad, agua y gas a consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social.

El Ministro de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad, José Luis Ábalos, ha defendido que esta moratoria llega en "un momento de excepcional dificultad para preservar el derecho constitucional a la vivienda y proteger a las familias más vulnerables y los derechos de los arrendadores". Así, ha avisado de que ésta es una normativa que "no legitima la ocupación de viviendas".

El nuevo decreto-ley, que ha sido motivo de fricción entre los socios de gobierno, verá la luz tras más de un mes de negociaciones en el que la vicepresidencia social de Unidas Podemos rechazaba cualquier medida compensatoria para estos grandes tenedores, que son fondos de inversión, entidades financieras y sociedades inmobiliarias y de gestión de activos.

Por un lado, el texto prolonga hasta el 9 de mayo la moratoria que expiraba el 31 de enero de los desahucios de alquiler para los afectados por la crisis de la Covid-19 y extiende la medida a los colectivos vulnerables por otras causas y a los que se encontraban en situación de vulnerabilidad antes de la pandemia, ya que muchos de estos casos son los que están ahora resolviendo los juzgados. Por otra parte, para las familias que ocupan pisos vacíos de grandes tenedores, los lanzamientos quedarán suspendidos tres meses, tiempo durante el que deberán acreditar su situación de vulnerabilidad económica y la comunidad autónoma correspondiente proporcionarles una alternativa de "vivienda digna".

Si la Administración autonómica no les proporciona esa alternativa habitacional, el desahucio se llevará a efecto y las grandes inmobiliarias tendrán derecho a solicitar una compensación por el perjuicio que les haya ocasionado la paralización del lanzamiento.

Según el Mitma, la compensación consistirá en el precio medio de alquiler del entorno en el que se ubique el inmueble, que será determinado a partir de los índices de referencia más los gastos corrientes asumidos y acreditados por el arrendador, por el período que medie entre la suspensión del desahucio y su levantamiento.

Si la solución habitacional se aplica dentro de los tres meses siguientes desde la emisión del informe de vulnerabilidad de los servicios sociales, el propietario no tendrá derecho a solicitar la compensación.

En la redacción del real-decreto han participado, además del Mitma y de la Vicepresidencia segunda y Ministerio de Derechos Sociales, el de Asuntos Económicos, el de Justicia y la Vicepresidencia primera, que será quien lo eleve mañana al Consejo de Ministros, junto con medidas que amplían la garantía de que no se corte el suministro a ningún consumidor vulnerable.

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