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TRIBUNA

La potestad de investigación de las Cortes

José Luis Martínez López-Muñiz
domingo 17 de enero de 2021, 19:36h

La Constitución, en su art. 76, habilita al Congreso y al Senado –que podrán hacerlo también conjuntamente- para nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público, precisándose que sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.

Pero ello no quiere decir que las Cámaras puedan ocuparse de cualquier asunto de interés público. Las Cortes sólo pueden hacer lo que la Constitución les encomienda y, obligadas como están por el principio de separación de poderes, no pueden en particular ocuparse de los asuntos que la misma Constitución asigna a los Poderes públicos Judicial o Ejecutivos al modo en que están atribuidos a estos. Las Cortes Generales representan al pueblo español, pero no son el pueblo español ni son depositarias de la soberanía nacional que el art. 1.2 de la Constitución sitúa exclusivamente en el pueblo español y que este ha ejercido estableciendo la misma Constitución. Los términos de esa representación están fijados en esa Constitución y la asunción de cualquier facultad no incluida en ella podrá comportar indebida usurpación de una soberanía de la que carece todo Poder constituido.

Los cometidos de las Cortes los fija claramente el art. 66.2 de la Constitución: ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución, como, por ejemplo, la de autorizar referéndums (art. 91), designar al Defensor del Pueblo (art. 54), o proponer al Rey el nombramiento un determinado número de miembros del Consejo General del Poder Judicial (art. 122.3) y del Tribunal Constitucional (art. 159.1), además de su función –integrable en la legislativa- de autorizar los tratados que tengan entidad, por decirlo así, legislativa (arts. 93 y 94). Todas sus facultades instrumentales, como la mencionada de investigación de asuntos de interés público o la de recibir peticiones individuales o colectivas por escrito (art.77), sólo tienen sentido y les corresponden en orden al mejor cumplimiento de las indicadas funciones que les son propias.

Sin duda, sus facultades de investigación sobre cualquier asunto de interés público están al servicio muy principalmente de su función de control del Poder Ejecutivo general, de la acción del Gobierno, por decirlo en los términos del citado art. 66. Todo el Título V de la Constitución está precisamente dedicado a las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Las posibles Comisiones de investigación habrá de servir principalmente al fin de supervisar y poder exigir responsabilidades políticas por la acción del Gobierno y de la Administración General y Organismos que de él dependen. La previsión de tales Comisiones no está, sin embargo, en ese Título V sino en el III, que es el más genéricamente dedicado a las Cortes Generales y dentro de su capítulo I, donde se regula su organización y aspectos más generales. Lo que quiere decir que las Comisiones de investigación podrán servir también para el mejor cumplimiento de cualquiera de los fines o funciones de las Cortes y no sólo la de control del Gobierno.

Son así, desde luego, posibles también cualesquiera Comisiones de investigación que permitan a las Cámaras conocer mejor algún sector o aspecto de la realidad social, económica o cultural española con vistas a ejercer mejor su función legislativa y presupuestaria.

Pero los asuntos de interés público sobre los que podrán investigar habrán de tener, en suma, alguna conexión razonable, directa y proporcionada sea con el control del Ejecutivo, sea con esa mejor información para el ejercicio de la potestad legislativa o presupuestaria, o, si se quiere, también, en relación con el ejercicio de sus aludidas competencias de ciertas propuestas de nombramientos.

Sin alguna de esas conexiones suficientemente directas, no parece conforme al orden constitucional que las Cámaras investiguen lo que sea competencia propia y exclusiva de los Juzgados y Tribunales del Poder Judicial, por mucho interés público que pueda reconocerse a uno u otro asunto sobre el que pesen sospechas o indicios de responsabilidad penal. Las propias previsiones del art. 76 que miran a salvaguardar la plena independencia del Poder Judicial en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales que el art. 117.3 le atribuye en exclusiva –aunque a la vez a colaborar con él en cuanto pueda resultar del correcto ejercicio de las funciones parlamentarias- pueden leerse también como un recordatorio implícito de que las Cortes deben tratar de no sustituir ni mediatizar en modo alguno la acción de los Tribunales de Justicia, sin perjuicio de ejercer las responsabilidades que la Constitución les asigna y sólo ellas.

No debería ser necesario recordar que el Rey no forma parte ya del Ejecutivo, del Gobierno, y que la Constitución ha regulado su posición y sus funciones de modo que, en efecto, su persona resulte inviolable y no sujeta a responsabilidad, por lo que, de ordinario, deberá haber otra autoridad que responda por sus actos constitucionales (art. 56.3). Únicamente se exceptúa allí mismo de esta exigencia el ejercicio de su facultad de nombrar y relevar libremente a los miembros civiles y militares de su Casa (art. 65.2), pero no el funcionamiento de esta Administración autónoma a su servicio (art. 65.1). Las Cortes pueden ocuparse, desde luego, de todos los actos del Rey en cuanto a lo que les corresponda responder de ellos a los distintos órganos ejecutivos del Estado, incluidos los de la Casa del Rey, para, en su caso, exigir la responsabilidad política de esos responsables, pero el Rey, en sí mismo, obviamente, no puede ser objeto de ninguna investigación parlamentaria en relación con su función constitucional. Y si su peculiar status de inviolabilidad o antes o después de encontrarse bajo su amparo, permite cualquier género de enjuiciamiento jurídico –incluido el penal- de su conducta o relaciones, es obvio que ello deberá ser tarea exclusiva del orden judicial y del Ministerio Fiscal, pues ninguna responsabilidad política le sería dado exigirle al respecto a las Cortes Generales, lo mismo que tampoco pueden exigírsela a jueces o magistrados del Poder judicial o del Tribunal Constitucional, por alto que pudiera considerarse el interés general implicado en alguna conducta de cualquiera de estos.

Tal me parece que es lo que se desprende del orden constitucional sancionado por el pueblo en cuanto detentador único de la soberanía y en expresión suprema de la democracia. Y si es así, sin duda lo más democrático es respetarlo y cumplirlo, mientras no se cambie por las vías que la misma Constitución tiene dispuestas. La separación de poderes, en cualquier caso, sirve a la mejor protección de la dignidad y de los derechos y libertades de todos, al abrigo también de cualquier fácil demagogia. Sin ella, pierde un elemento esencial el Estado de Derecho.

José Luis Martínez López-Muñiz

Catedrático de Derecho Administrativo y profesor emérito de la Universidad de Valladolid

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