Ayer, el pueblo portugués, devastado como está por la Covid-19, votó con algunas dificultades. Pero votó. La democracia exige que se respeten las fechas establecidas. Los jueces han determinado que, en las elecciones autonómicas catalanas, se mantenga el 14 de febrero, salvo que un confinamiento total u otras circunstancias similares impidan de hecho el ejercicio del voto. Pero si se puede llevar a los niños al colegio, si se acude al trabajo sin problemas, si se sale a la calle para comprar los productos necesarios, si funciona, en fin, todo lo esencial, nada más esencial que el ejercicio del voto, tomando, eso sí, las medidas de seguridad que la autoridad sanitaria establezca.
Los partidos secesionistas se alarmaron por lo que predecían algunas encuestas. Así es que decidieron posponer las elecciones al próximo mes de mayo. Los jueces han puesto las cosas en su sitio, han rechazado el oportunismo y el descaro políticos y han confirmado la fecha de las elecciones, salvo que causas mayores lo impidan.
Aseguran algunos que esta medida favorece las expectativas del socialismo sanchista y que Pedro Sánchez está actuando, junto a su peón Salvador Illa, con su cinismo habitual a través del ejercicio de una política ventajista de todos conocida. Pero siendo esto verdad, sin embargo, no parece de recibo que el retroceso en los sondeos de los partidos secesionistas justifique la burla a las exigencias democráticas trasladando la fecha de las elecciones conforme a las conveniencias del sector separatista de la vida catalana.
Y las cosas han quedado claras. Salvo que las exigencias sanitarias obliguen a tomar medidas radicales, las elecciones autonómicas catalanas se celebrarán el 14 de febrero. En el Estado de Derecho que es España, existe la separación de poderes. La Justicia es independiente y prevalecerá lo que dicten los jueces frente a los oportunismos secesionistas.
PD.- En mi artículo de hoy en El Mundo, donde se dice “España roza ya los 20 empleados públicos por cada 100 habitantes”, debe decir “España roza ya los 20 empleados públicos por cada 100 trabajadores”.
