Los exministros de Justicia del PP Alberto Ruiz Gallardón y Rafael Catalá ven con buenos ojos el anteproyecto de ley que dejará la instrucción de las causas penales en manos de los fiscales, pero han pedido que antes se vea acompañado de reformas que refuercen la independencia del Ministerio Fiscal. Han avisado de que habrá resistencias a la reforma y han abogado por buscar amplios consensos.
Este viernes, en la sede del Ministerio junto al ministro Juan Carlos Campo, Gallardón ha recordado que cuando llegó al Ministerio en 2011 ya había un anteproyecto para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), pero no llegó a ver la luz por distintos avatares políticos. Gallardón apoya de forma "incondicional" una reforma que acabará "con un proceso inquisitivo en el que es el mismo organismo el que investiga y juzga".
Por su parte, Catalá ha elogiado un texto que fortalece las garantías de la defensa, pero ambos han hecho hincapié en la necesidad de reformas para evitar que los ciudadanos sigan desconfiando de la justicia.
Campo ha dicho que en el plazo de un año desde la aprobación de la ley se reformará el estatuto del Ministerio Fiscal, pero Gallardón y Catalá han pedido reformar el sistema de elección del fiscal general del Estado, en manos del Gobierno. Gardón, claro: "El reto es que el ciudadanos no desconfíe del ministerio fiscal por estas nuevas atribuciones... lanzar el mensaje de que no existe la más mínima posibilidad de interferencia política en la instrucción".
El ex alcalde de Madrid propone una mayor intervención del Consejo General del Poder Judicial y del Congreso en la designación del fiscal general.
Del mismo modo, Catalá ha apostado además por establecer un régimen de incompatibilidades, para que no pueda acceder al cargo quienes hayan desempeñado responsabilidades políticas. En el aire se respiraba que era una clara referencia a la actual fiscal general, la exministra Dolores Delgado,
Campo, igualmente, ha eludido hablar de esas posibles reformas adicionales, pero ha destacado que el objetivo es que sea un "proyecto colectivo": "no puede ser una ley del PSOE", ha manifestado consciente de las dificultades de alcanzar consensos en el actual clima político.
El ministro ve necesario sacar adelante un proyecto que homologará el sistema penal español con el europeo y ante las reticencias de algunos jueces por la pérdida de competencias, ha asegurado que "nunca ha habido en el proceso penal más juez", ya que serán ellos quienes garanticen el respeto a los derechos fundamentales en la investigación, quienes decidirán la apertura de juicio oral y quienes juzgarán.
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