¿Control democrático de la libertad de expresión?

El Sr. Iglesias, Vicepresidente segundo del Gobierno, ha hecho un largo parlamento en el Pleno del Congreso del 17 de febrero sobre los poderes mediáticos y su vinculación con los poderes económicos y financieros, planteando la necesidad de lo que él denomina su democratización, lo que, según sus propias palabras, debería traducirse en que «haya más pluralidad —esto es puro liberalismo (dijo)— en los grupos mediáticos privados», pero parece que, sobre todo, «para que haya más medios públicos que, ojo (se preocupa de advertir), no deberían ser correas de transmisión de los partidos políticos con poder institucional sino estar regulados mediante concursos públicos, como nosotros (dijo) siempre hemos defendido para la radiotelevisión pública. Y también para que haya medios comunitarios, porque el derecho a la información es un derecho de la ciudadanía, tal como establece la Constitución, y eso significa que no puede ser solamente un privilegio de millonarios, como es ahora».

Prescindiendo ahora de los excesos verbales del Sr. Vicepresidente al describir lo que a su juicio sería nuestra «cloaca mediática» y su dominación «por los bancos y por los fondos buitre» -concepto este sobre el que se viene apreciando una fijación un tanto obsesiva del Sr. Iglesias-, y aun reconociendo la parcial verdad, ciertamente inquietante, de algunas pocas de sus afirmaciones, que, por lo demás, nada dicen del considerable grado de dependencia práctica de tantos medios, ya hoy, respecto de los ocupantes del poder político a nivel nacional y a nivel autonómico o local, esta perorata apunta sobre todo a algo que efectivamente es de considerable entidad y desvela, aun en medio de varios artificios, los objetivos del pensamiento del dirigente de “Unidas Podemos”. Unos objetivos ciertamente propios del pensamiento comunista, totalitario, del Sr. Iglesias y su coalición de partidos, que tratan de justificarse en un análisis “agudamente” económico en apariencia, pero, en realidad, reduccionista, contradictorio y falaz, típicamente marxista.

Ni una sola mención en todo su discurso a la libertad de expresión. Parece defender en algún momento algo del “liberalismo”, pero sólo para criticar, con grosera manipulación de datos parciales, lo que ve como un oligopolio detestable en determinadas manos privadas –como si solo existiera lo que él dice-, sin proponer medidas dirigidas verdaderamente a potenciar la posibilidad efectiva de un ejercicio directo por cualquiera, de sus libertades de expresión e información, sino para apuntar, en definitiva, a poner en manos de los políticos elegidos democráticamente por el pueblo –única fuente legitimadora, al parecer, de cualquier capacidad de acción en la sociedad- los medios de comunicación, como la verdadera garantía efectiva de esas libertades, aun aplicando luego –para poner la venda en teoría antes de la herida- algunas supuestas medidas de restricción de su sumisión a los mandarines políticos como esa de los concursos públicos…

No cabe duda de que todas las libertades requieren un mínimo de regulación legal que proteja justamente los derechos e intereses legítimos de todos con medidas proporcionadas que las restrinjan lo menos posible. Y por lo mismo se requiere también alguna regulación de los medios de comunicación, que garantice la debida vinculación de libertad y responsabilidad, y que proporcione asimismo garantías para el efectivo ejercicio de las libertades de expresión e información de todos.

Pero la información, la opinión, la comunicación deben estar siempre en la mayor medida posible en el ámbito de las libertades, incluida la material que todas al final necesitan para ser plenamente efectivas, que es el derecho a la propiedad privada (como le llama el art. 33 de nuestra Constitución). Y todo eso es cabalmente el ámbito de lo privado, de lo que corresponde a las personas humanas, a los ciudadanos, y a las organizaciones que ellos crean y sostienen libre y voluntariamente, aunque sea a la vez del máximo interés general y público. Son acciones que sólo muy limitadamente deben reconocerse a los Poderes públicos o comunitarios asentados sobre colectividades determinadas de forma obligatoria, y regidas por el principio democrático de la mayoría, que por sus componentes ha de ser acatada. Las acciones y medios públicos de información o comunicación sólo se justifican en realidad para el cumplimiento estricto de los fines y tareas propios del Poder público, no para encauzar el ordinario ejercicio de las libertades de expresión e información de los ciudadanos y de la sociedad. Cuanto viene obligado a regirse democráticamente por el principio de la mayoría –sea o no ésta cualificada- no se compadece con un ejercicio pleno y efectivo de la libertad de esa misma acción, así determinada o condicionada democráticamente. Cuanto corresponde a los Poderes públicos, con su obligada determinación democrática –aun con las particularidades requeridas para lo judicial y lo administrativo o ejecutivo-, debe dirigirse a proteger las libertades y los derechos fundamentales de todos, pero ninguna de sus actividades es ni puede ser expresión de libertad, sino de sujeción estricta a ese fin público al servicio de los demás, de sus libertades y derechos. De ahí la exigencia de imparcialidad y “neutralidad” que viene exigiéndose a toda actuación de los poderes públicos y de los organismos, entidades y empresas de ellos dependientes, que no deben poder ser utilizadas en favor de unas u otras opciones porque están al servicio de todas las que entren en lo admitido por las leyes.

Es verdad que el art. 20.3 de nuestra Constitución ha querido prever expresamente la existencia de medios de comunicación social públicos, esto es, dependientes del Estado o de otros entes públicos, pero lo ha hecho a los efectos de someterlos a unas garantías mínimas, cuando existan: que puedan acceder a ellos los distintos grupos sociales y políticos “significativos”, el respeto al pluralismo de la sociedad y el respeto a las diversas lenguas de España. Unas condiciones que, por cierto, la realidad viene demostrando que no es fácil garantizar, aunque haya que exigir su cumplimiento. El Estado había heredado unas cadenas importantes de medios de comunicación social cuando se aprobó la Constitución, y los partidos políticos no les hacían asco, por “razones” comprensibles. Pero, en fin, con buen criterio no dejaron de establecerse esas condiciones o garantías.

Pretender ahora someter a todos los medios de comunicación o a los más de ellos a un sistema de gestión o de “control” netamente público y por lo mismo democrático, no puede sino mirar a un recorte efectivo de la libertad de expresión, comunicación e información que, además, es más que probable que cínicamente se base en la certeza de las muchas posibilidades que ofrecen los medios públicos –tanto más cuanto más monopólicos sean- de burlar lo que la Constitución ha impuesto como sus condiciones imprescindibles, al servicio precisamente de quien se haga con su timón –o el de su “control democrático”-, aunque sea -¡combinaciones no descartables en el parlamentarismo!- a partir de un puñado manifiestamente minoritario de votos ciudadanos, como bien sabe el Señor Iglesias.