DESENTERRANDO VIEJOS ODIOS

Hacía mucho que no se sabía de él y, recién empezado el nuevo curso, Baltasar Garzón, el juez estrella de la Justicia española, vuelve a ser el foco de la atracción mediática por afrontar un caso, que viene a abrir viejas heridas y a sumarse a la campaña pro memoria histórica: investigar judicialmente el número de desparecidos durante el franquismo.

Cual historiador, el magistrado se va a zambullir en los archivos de los ayuntamientos de Madrid, Granada, Sevilla y Córdoba y de organismos e instituciones como la Conferencia Episcopal o el Valle de los Caídos para llevar a cabo tan ingente tarea. Por lo pronto, ha dado un plazo de quince días a las ocho asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo que han presentado denuncias en su Juzgado para que entreguen una relación de los desaparecidos y ubicación posible de las mismas.

Los defensores de Garzón aseguran que de esta forma, el juez ha encontrado la manera de dar respuesta a las denuncias presentadas por las asociaciones de memoria histórica y, al mismo tiempo, respetar los argumentos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que el pasado febrero aconsejó el archivo de las mismas. La fiscalía se escudó para ello en la amnistía de 1977 y en que las muertes denunciadas fueron a consecuencia de delitos comunes, causas en las que no tiene competencia la Audiencia Nacional.

Sobre papel estos argumentos parecen racionales. Sin embargo, obvian el peligroso componente emocional que aún subyace en las cuestiones relacionadas con la guerra civil y el franquismo. Con acciones como ésta, se abre una peligrosa caja de Pandora de imprevisibles consecuencias. Por más que hayan pasado más de 70 años, las heridas de una guerra cainita que dividió en dos a una nación a la que casi destruye, aún están muy recientes. Desde la llegada al poder de Zapatero, una de sus obsesiones ha sido la de suturar heridas a través de la llamada memoria histórica. Sin embargo, por ahora sólo se ha visto un maniqueo afán de honrar la memoria de los ‘buenos’, representados por ese abuelo republicano al que nunca llegó a conocer, en detrimento de la de los ‘malos’. Lamentablemente, le guste o no, la violencia extrema y el odio se repartió a partes bastante equilibradas entre ambos bandos: en aquel disparate sangriento, errores y crueldades, allá se iban, reconocía Azaña, desesperado, en plena guerra.

Al Gobierno le gusta hablar de la memoria del pueblo, que nada tiene que ver con el ejercicio profesional y objetivo de los historiadores. Sin embargo, como producto humano que es, los políticos olvidan que la memoria de los hombres es voluble y subjetiva. Nada tiene que ver la “memoria histórica” de los hijos de una persona asesinada por el bando republicano, con la de los descendientes de un muerto a manos de los nacionales. Y sin embargo, los dos son el “pueblo”. Porque el problema de la llamada “memoria histórica” es que no es ni “memoria” –que es el recuerdo individual de algo que uno ha vivido y, por tanto, es múltiple, diverso y contradictorio- ni es “historia”, que es una reconstrucción científica de hechos del pasado. Por eso, la mal llamada “memoria histórica ha degenerado en una guerra de esquelas. En la Transición se logró que las dos Españas convivieran en paz, sin el lastre de unos odios irracionales que nada tenían que ver con un país en que sólo miraba hacia adelante. Si empezamos a desenterrar muertos y a lastrar a las personas con viejas rencillas y divisiones hace tiempo olvidadas, borraremos de golpe 30 años de progreso. Como decía Indalecio Prieto, hay que acabar “con el séquito horrendo de la sangre”.