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TRIBUNA

Moción de censura versus disolución de cámara

viernes 12 de marzo de 2021, 20:17h

El problema recién suscitado con relación al cruce de mociones de censura y disolución de la Asamblea de Madrid está empezando a producir literatura jurídica, y ahí va mi criterio.

Obviando introducciones, partimos de la incompatibilidad entre moción de censura y disolución de cámaras, previsión lógica puesto que el presidente de un Gobierno no puede impedir -disolviendo la cámara- el ser censurado, y, a la vez, no se pueden evitar unas elecciones a base de presentar una moción de censura.

Pues bien, dado que la prima la acción que se anticipe en el tiempo, es obligado barajar fechas y horas.

Sobre el papel, para determinar cuándo está en marcha una moción de censura se podrían considerar varios momentos diferentes: el de su presentación ante el parlamento, el de su admisión a trámite, el del traslado de esa admisión al presidente del Gobierno, y el de recepción por éste de esa comunicación.

Y, en cuanto a los posibles momentos a considerar respecto a la disolución de la cámara, se podrían tener en cuenta: el del acuerdo mismo de disolución, el de la comunicación de esa decisión a la cámara, el de recepción por ésta de tal información, el de la firma del Decreto disolutorio o el de publicación del mismo en el diario oficial.

Para empezar, en correcto Derecho deben evitarse interpretaciones de las normas que hagan a éstas inútiles o ineficaces; dicho de otro modo, el primer principio de interpretación de toda norma es el sentido común. Y así, todos convendremos en que deben tratar de evitarse -hasta lo posible- los juegos las “pillerías jurídicas” (lo que en derecho llamamos fraude de ley) que desvirtúen ese principio básico de partida. Debe evitarse el que la moción de censura o la disolución queden a la libre disposición de quien se quiera oponer a ellas en cada momento.

Por ese motivo no soy partidario de interpretaciones que permitan al presidente de un Gobierno disolver el parlamento en el momento que media entre la presentación de la moción de censura y su admisión a trámite, o que permitan presentar una moción de censura cuando se sabe que el presidente ha decidido disolver la cámara.

Ahora bien, siendo ellos principios de interpretación, hay que pasar a analizar las normas concretas aplicables al caso, en éste las aplicables a las mociones y disoluciones en la Comunidad de Madrid.

- Empiezo por la moción de censura, pues el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid establece en su art. 21.2 que no se podrá disolver la Asamblea cuando “cuando se encuentre en tramitación una moción de censura”.

Aunque conforme al art. 188.2 del Reglamento de la Asamblea la admisión de la moción corresponde a su Mesa -lo que deberá hacer si la moción misma cumple los requisitos exigibles, de lo que dará cuenta al presidente de la Comunidad Autónoma y a la Junta de Portavoces-, a efectos de impedir la disolución de la cámara no veo motivo para diferenciar entre la admisión a trámite de la moción y la presentación previa de la misma. La sola presentación es, en el sentido amplio del término, el primer trámite. Dicho de otro modo, el término “tramitación” que recoge el art. 21 del Estatuto de Autonomía no es unívoco, de suerte que considero suficiente -a efectos de obstaculizar la posibilidad de disolver la Asamblea- la presentación misma de la moción, sin perjuicio de que si no se llega a admitir a trámite desaparezca ese efecto obstaculizador.

Ya he dicho antes que esto es lógico, pues de otro modo el efecto obstaculizador de la moción quedaría al azar de la mayor o menor rapidez en la admisión por la Mesa, lo que me parece rechazable atendiendo al espíritu del art. 21 y habiendo como hay un modo sencillo de saber cuándo se ha presentado una moción, que es el momento en que tiene entrada en la Asamblea.

- Pasando a la disolución de la Asamblea, el art. 21.1 del Estatuto de Autonomía dice que “El Presidente de la Comunidad de Madrid, previa deliberación del Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá acordar la disolución de la Asamblea con anticipación al término natural de la legislatura. La disolución se formalizará por Decreto, en el que se convocarán a su vez elecciones, conteniéndose en el mismo los requisitos que exija la legislación electoral aplicable.”

Pues bien:

En primer lugar, conviene destacar que la referencia a “deliberación” del Gobierno no debe confundirse con votación, pues el Gobierno no es un genuino órgano colegiado, sino que decide siempre su presidente. Lo único exigible es a este respecto que la disolución se decida por el presidente que dé conocimiento de ello a su Gobierno.

En segundo lugar, como la disolución hace que deje en cierto modo de haber Asamblea -su Diputación permanente se mantiene para ciertas cuestiones-, no podrán tramitarse mociones de censura, pues es de esencia a éstas el que haya una cámara que mantenga su confianza en el presidente del Gobierno y que pueda retirársela. Es la consecuencia natural del sistema parlamentario.

En tercer lugar, lo que el art. 21 del Estatuto impide al presidente del Gobierno es acordar la disolución de la Asamblea” cuando ya hay una moción de censura, de modo que lo determinante es que su acuerdo sea anterior a la presentación de dicha moción. Ni se hace referencia en ese art. 21 a la fecha de envío del acuerdo de disolución a la Asamblea, ni al de recepción por ésta, y ni siquiera es invocable la exigencia de que el decreto se publique en el Boletín Oficial.

Esto último requiere alguna aclaración, pues he visto opiniones confundidas consistentes en creer que como, según el art. 2 de la citada Ley 5/1990, el Decreto de disolución debe publicarse -y entra en vigor con esa publicación-, se pueden presentar mociones de censura hasta esa vigencia.

Pues bien, es cierto es que la cámara no se considera disuelta hasta la publicación, y que hasta ese momento no se entiende que se han convocado elecciones. Pero lo que impide que pueda haber una moción de censura es que el presidente del Gobierno haya decidido disolver la Asamblea, y esa decisión se produce justo cuando se toma, no cuando se publica y entra en vigor el decreto de disolución/convocatoria de elecciones.

No entenderlo así atentaría contra elementales normas de hermenéutica jurídica, pues se podría fácilmente impedir toda disolución durante el tiempo que se emplee en publicar el decreto.

Cierto es que el acento pasa a pivotar sobre la prueba del momento en el que se toma el acuerdo de disolución por el presidente del Gobierno, que no es el de la fecha del certificado que lo refleje, y ni siquiera el de la firma -tras redactarse- del decreto que refleje lo previamente decidido.

Habrá que estar al caso concreto y a las reglas generales sobre prueba, pues tampoco debería admitirse que el presidente del Gobierno pudiera impedir una moción de censura a base de antedatar su decisión.

Lo dicho no tiene nada que ver con que la Mesa de la Asamblea proceda -antes de conocer formalmente que ha habido acuerdo de disolución- a admitir a trámite las mociones de censura que se presenten. Pero una vez que sea conocedora de que el acuerdo de disolución se ha producido antes de esa presentación, debe poner inmediato fin a las mismas.

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