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TRIBUNA

El Rey no está desnudo

Antonio Domínguez Rey
martes 23 de marzo de 2021, 20:40h

El Rey emérito va vestido y bien trajeado. Quienes al hablar de él recuerdan el cuento “El rey desnudo”, escrito por Andersen en 1873, y con precedentes orientales que llegan a Don Juan Manuel (El conde Lucanor) y Cervantes (El retablo de las maravillas), no conocen u olvidan la Transición y tradición política de España. O son hipócritas puros al criticarlo. Rico o pobre, el Rey de España siempre tuvo sastre.

Los críticos –y me uno a ellos en otros aspectos– socavan, más bien, el fundamento de la simbiosis operada en 1978 al proclamar el Rey Juan Carlos I, en la Constitución, el sentir y voluntad del pueblo español. El sistema de Monarquía parlamentaria aprobado el 27 de diciembre de ese año como Norma Fundamental del Estado sintetiza las tensiones centenarias de la política española entre la Corona, la nobleza, el pueblo, los escarceos liberales, conservadores y republicanos de gobierno por turnos de bandazos, si no sablazos, en la confluencia de los siglos XIX y XX. Los herederos de la dictadura franquista, incluida la Guerra Civil (1936-1975), saldaban, de este modo, una deuda centenaria y se reconocía, si no como puente, sí como paréntesis paradójico, entre tragedia y reconstitución de Estado, de un período aún hoy contrapuesto de la reciente historia española.

Las subyacentes aguas turbias cristalizan las páginas de un texto también histórico que debiera ser lectura obligada en Bachillerato. Me refiero al Capítulo XXII del Libro XXI del famoso tratado de Montesquieu sobre la relación del Espíritu de las Leyes (1748) con la constitución de cada gobierno. Trata “De las riquezas que España obtuvo de América”. Es resumen de un preámbulo anterior sobre “Las riquezas de España” que le sirvió, con otros textos sobre la monarquía universal, el Imperio romano y la consolidación del británico, de fundamento histórico para elaborar las bases de la política constitucional con la célebre división de poderes.

Hemos olvidado, si lo conocíamos, ese trasfondo y contexto de paradigma histórico, al lado de Roma, Inglaterra y otras naciones emergentes del mundo moderno, como Holanda. Austria, Alemania, Estados Unidos. La grandeza de aquel Imperio español fue, no obstante, el principio de nuestro declive a lo largo de tres, cuatro siglos, prácticamente hasta nuestros días. Desde la bancarrota declarada por Felipe II al poco tiempo de morir Carlos V (1558), salvo un breve período de ajuste monetario con Carlos II (sexenio de 1680-1686), la reactivación económica con los Borbones en el siglo XVIII, y abreviando mucho, las finanzas del Estado español fueron deficitarias. La deuda Pública, flotante y de fondo, no cesó de aumentar. Seguimos endeudados hasta las raíces.

Esto es lo que analiza Montesquieu en el capítulo citado del Espíritu de las Leyes. La riqueza del oro y la plata –“de ficción y de signo”, dice, frente a la natural de cada país– extraída de las minas americanas se debilitó por falta de pericia técnica, industrial, monetaria, y de tacto social. Al confiar en la abundancia aparente –los indios ocultaron información sobre muchas minas en Perú y Méjico–, y en el valor inicial que supuso en los mercados europeos, especialmente en Amberes, España descuidó las innovaciones industriales, mercantiles y financieras que surgían a través de la banca, compañías comerciales, el crédito y el librecambio monetario. “El dinero se dobló pronto en Europa, y el beneficio disminuía la mitad para España, que, cada año, contaba con la misma cantidad de un metal mitad menos apreciado”. Y la proporción entre beneficio y gasto (de 1 a 64, calcula Montesquieu) se doblaba progresivamente aumentando “la impotencia de las riquezas de España”.

El pensador francés veía en este desajuste “un defecto interno y físico”, pues la abundancia de oro y plata procedente de América se devaluaba y la riqueza potencial de los bienes naturales de España no emergía. El atractivo y foco del mercado de Indias, y el oriental de las especias, regentado por Holanda, que alivió algo el valor disminuido del metal preciado (iba luego de Europa a Oriente), no estimuló el desarrollo y progreso interior de España. Su riqueza no respondía, comenta Montesquieu, “a la industria de la nación, al número de sus habitantes, ni al cultivo de sus tierras”. En cambio, la aduana de Cádiz convertía al rey español, con el famoso “quinto real” del tributo aportado por las naves, y otras prebendas, en “un particular muy rico en un Estado muy pobre”. Si se hubiera invertido ese dinero en el producto interior y activado la industria nacional, España tendría, en cambio, resume Montesquieu, “en lugar de un gran tesoro, un gran pueblo”.

Tal vicio español es más endémico de lo que parece. Persiste en la actualidad. Remonta a los períodos de tregua en la Reconquista y alcanza a nuestra era. Cuando no había botín, los nobles se rebelaban contra el rey. Creaban banderías, contiendas de linajes, como en los siglos XIII y XIV. Explotaban al pueblo con tributos, el cual también se revolvía –“a revolta dos irmandiños” en el siglo XV gallego–, y conspiraban de mil modos para obtener rédito y beneficio. La realeza emitía títulos de deuda (juros, quitas), monopolios (asientos), los bonos, obligaciones, letras del Tesoro de la época.

Hoy sucede algo semejante, con la debida salvedad del tiempo transcurrido, pero con pertinaz hábito de fondo. La anuencia política de 1978 fue realmente memorable. Al restaurar la Monarquía y ensamblarla con el Parlamento, se unieron el patrimonio histórico y la representación política moderna con la figura simbiótica del Rey y Jefe de Estado. Puede parecer una ósmosis anacrónica, pero también inteligente, y sabia, si se estudia el paradigma político secular de España y su proyección mediterránea y trasatlántica. El ingreso en la Unión Europea con la figura de Juan Carlos I como Rey y Jefe de Estado confirmó este trasfondo histórico. Abría, al mismo tiempo, un horizonte singular en las relaciones internacionales de Europa. Olvidar esto, o no reconocerlo; peor aún, banalizarlo, ridiculizarlo, y en aras de un vacío institucional rampante, indica ceguera y poquedad de ingenio (el “esprit” francés). Un error mayúsculo.

La salida de Inglaterra del entorno político europeo (el “brexit”) refuerza –debiera– esa coyuntura y expectativa. Exige al mismo tiempo –verdad grande– esfuerzos doblados y cabezas rectoras que no asoman por ninguna parte. El renuevo de líderes sociales, todos jóvenes, no aporta nada significativo a la política española. Más bien impide que se cumpla la esperanza y desarrolle el objetivo que la Unión Europea había confiado a España. El panorama político actual es lamentable. No contribuye a situarnos donde nos corresponde y resta energía a su potencia aún envidiable. Las posibilidades son enormes, pero merman también dobladas a medida que se suceden espectros en los estrados políticos. Buscan el botín actual que son las quitas y fondos europeos, los rescates velados, el blanqueo del carbón monetario, el rédito de la patraña financiera.

El Rey Juan Carlos I es hoy, queramos o no, patrimonio de Estado. Ningún país europeo permitiría la situación que lo mantiene ausente de España como expatriado virtual. Su causa revierte sobre el país la impotencia del vicio interno que Montesquieu veía en la riqueza española mal encauzada.

Así como la inmunidad de que gozó antes de abdicar (2014), reconocida en el Artículo 56 de la Constitución por el carácter “inviolable” de su persona, es atributo constitucional, el patrimonio de él derivado sigue vigente. Y en esa misma proporción cabe recabarlo, con todas sus consecuencias, para el Estado. Sean las que fueren sus figuras titulares, réditos secundarios, advenidos, colaterales, de representación estatal, gratificaciones, regalos, etc., Juan Carlos I era Rey y Jefe de Estado allí donde estuviere. Representaba a España en todo momento, desnudo o vestido, encamado o envuelto en transacciones monetarias. Esto lo sabía su entorno, los sucesivos presidentes de Gobierno, quienes refrendaban por defecto los actos reales y sus consecuencias, partidos políticos –unos más informados que otros, pues favorecían sus gestiones en tanto rentaban a sus arcas y bolsillos particulares–, la prensa, bastantes ciudadanos, la Iglesia, que tampoco se escapa. (Por cierto, el Artículo 64 de la Constitución requiere adjetivo donde se refiere, por dos veces, a “Los actos del Rey”, por más que el contexto precedente los especifique como funciones). Y se hizo valer la representación institucional sobre la persona que la ejercía. Esto se llama razón de Estado. Por eso resulta hipócrita tildar ahora de corrupto a quien era beneficio general y particular de hacienda pública. La diferencia es notable, sin pretender justificarla. Radica en ese valor patrimonial de la Corona y jefatura de Estado. Sin él, la Monarquía carece de sentido actualmente, aunque se lo otorgue, también por defecto, la miseria intelectual, ridícula, de quienes nos representan y vociferan.

Antonio Domínguez Rey

Filósofo, Catedrático de Lingüística y escritor.

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