Si a Fernando Grande Marlaska le quedara un ápice de dignidad ya habría dimitido. La sentencia de la Audiencia Nacional que condena al Ministerio del Interior a restituir en su puesto al coronel Pérez de los Cobos es demoledora. Acusa al titular de la cartera de tomar “una resolución injusta y arbitraria, dictada a sabiendas de su injusticia”.
Aunque lo negara el ministro en el Congreso de los Diputados, la sentencia confirma que el coronel fue destituido por “cumplir la ley” al negarse a informar a sus superiores de las investigaciones que llevaban a cabo los hombres a su cargo en la causa sobre la manifestación del 8-M que afectaba al entonces delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por haber permitido las concentraciones feministas, a pesar de que el coronavirus ya se había expandido en España y del riesgo que suponía para la salud. La Justicia concluye que el coronel fue destituido por mantener el secreto que le exigía la juez. Según la sentencia, “el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban.”
Grande Marlaska ha pisoteado su entera carrera como juez solo para complacer al presidente del Gobierno. Se “ha saltado la ley” para ocultar que Pedro Sánchez se empeñó en celebrar las manifestaciones del 8-M, que obligó al delegado del Gobierno a autorizar las concentraciones feministas y a Fernando Simón, a ocultar el riesgo más que evidente de que se multiplicaran los contagios por coronavirus.
La sentencia es un varapalo al presidente del Gobierno por sectario y al ministro del Interior por soberbio. Pero lo más grave: acusa a Marlaska de tomar una resolución “ilegal e injusta” al destituir arbitrariamente al prestigioso coronel de la Guardia Civil por cumplir con su deber. “Por cumplir la ley”. El ministro está obligado, primero, a restituir inmediatamente en su puesto al coronel Pérez de los Cobos. Y después, a dimitir.
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