Derecho penal reactivo

Ha vuelto a pasar. De nuevo, un pederasta confeso ha delinquido a los pocos días de estar otra vez en la calle. No era la primera vez. El conocido como “pederasta del Astillero” lleva a sus espaldas una dilatada trayectoria de abusos y condenas, el lo que supone uno de los rasgos más característicos de este tipo de sujetos: la reincidencia. Pensar que todo hombre por el mero hecho de serlo es reinsertable –o lo que es lo mismo, recuperable para la sociedad- supone una quimera difícilmente asumible. Es utópico. Por mucho que desde determinados enfoques penales pretendidamente progresistas se abogue por una lenidad que está causando estragos, resulta obvio que hoy existe un problema con el cumplimiento de las penas en nuestro ordenamiento jurídico.

Que un tipo como De Juana Chaos, quien públicamente se ha vanagloriado de sus asesinatos y jamás se ha arrepentido, campe a sus anchas por donde viven los familiares de sus víctimas –con independencia de su valoración jurídica- resulta moralmente aberrante para una mayoría abrumadora de la opinión. El Gobierno vasco, por cierto, se ha apresurado a ponerle una escolta –que pagaremos todos-, aunque por lo visto están teniendo problemas en encontrar quien quiera hacerse cargo de semejante misión. El terrorista en cuestión ha cumplido menos de un año por cada vida que ha segado. Se trata, una vez más, de algo que a la opinión le resulta difícil de comprender y digerir: un hecho que debería hacer reflexionar a políticos –sobre todo- y juristas. El asesino de la pequeña Mari Luz, Antonio Anglés y las niñas de Alcásser…crímenes horribles con un denominador común: beneficios penitenciarios. Parece que, ahora sí, el Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha tomado cartas en el asunto y ha anunciado que “se tomarán medidas”. Unas medidas prácticamente calcadas a las que no hace mucho propuso el PP, y que, por razón de su origen político, fueron rechazadas. Otro hecho que la opinión mayoritaria tampoco termina de entender. Una opinión que exige –las encuestas, a los efectos, son contundentes- que la gravedad de ciertos delitos ha de llevar aparejada una condena dura, sin posibilidad de remisión. En definitiva, lo que se pide a los políticos que legislan que velen por la seguridad pública –y, por ende, por la seguridad jurídica, pilar básico de todo Estado de Derecho. Invertir en obras públicas y financiar el cine de los jubilados está muy bien, pero lo primero que debe hacer un estado –que para eso se inventó- es proporcionar una tutela judicial efectiva a sus ciudadanos, como así consagra la Constitución. Las ingentes partidas presupuestarias de nuestro tiempo bien debieran destinarse primero a dotar de medios a la Administración de Justicia: pruebas que se almacenan –que no custodian- en cuartos de baño, juzgados con unos sistemas informáticos precarios…Para que un estado funcione y merezca el respeto de la opinión a la que sirve y que le presta legitimidad, ha de imperar la Justicia. Es preciso, por tanto, legislar para prevenir, y no a impulsos delictivos. Un derecho preventivo, frente a otro reactivo. Y con medios. Es de ley. Es lo que reclama una opinión, en este aspecto fundamental, cada vez más alejada de una administración de justicia que consideran incomprensible, fuera de su tiempo e ineficiente. Juristas y, sobre todo políticos –no importa de que partido- debían reflexionar sobre este hecho.