De promesas y altos cargos en la Xunta de Galicia

Ahora que el Partido Popular de Galicia acaba de proponer que se reduzca en un 20 por ciento el número de altos cargos de la Xunta como medida ante la crisis económica, parece oportuno hacer un ejercicio de memoria o rebuscar en la hemeroteca para comprobar, una vez más, cómo el bipartito gallego hace del prometer y no cumplir el principal eje de su gestión.

Más aún, socialistas y nacionalistas se han revelado en estos tres años como unos verdaderos ases en esa táctica tan reprobable de hacer justo lo contrario de lo que prometieron e, incluso, ampliar hasta lo insultante prácticas que criticaron enardecidamente cuando eran oposición. La nómina de altos cargos y de personal de confianza de la Administración constituyó, en ese sentido, un objetivo permanente en sus ataques al anterior Gobierno autonómico. Y, por lo tanto, no fue ninguna sorpresa que en la campaña electoral de 2005 unos y otros entraran en una especie de subasta de compromisos sobre la reducción de esos empleados “digitales”, o sea, nombrados a dedo.

Touriño anunció una reforma de la Administración “imprescindible, irrenunciable e inaplazable” que, entre otras cosas, conllevaría la eliminación de un 30 por ciento de los altos cargos, lo que supondría un ahorro de unos 240 millones de euros, que dedicaría a servicios sociales. A su vez, la cabeza nacionalista de esta sociedad limitada –en todos los sentidos- que gobierna este rincón, prometió cargarse a mil de esos puestos y destinar a educación los 90 millones de euros anuales que, decía, se ahorraría con ello.

Tres años y pico después, está claro que a Touriño su reforma le parece menos inaplazable, cuando no renunciable del todo y, desde luego, bastante más prescindible que sus propios asesores, que son más de 70, nada menos, tantos como los que sumaban todas las consejerías del Gobierno anterior. Esta Xunta que iba a reducir la nómina del personal de confianza gasta en él casi dos millones y medio de euros, manda millones, que representa un 50 por ciento más de lo que Fraga destinaba a ese epígrafe, según la oposición, y un 13 por ciento según el propio Touriño, quien reconoció el aumento. Y, aunque parezca mentira por lo poco que hacen y lo mucho que dicen, presidente y vicepresidente están asesorados por cerca de cien personas, casi tantas como las del presidente de Brasil.

Por otra parte, los sindicatos, incluidos los “afines”, han denunciado reiteradamente la política de personal del bipartito, así como su afición a crear “chiringuitos” paralelos a la Administración (organismos autónomos, fundaciones y otros entes de bien vivir) que a Touriño le parecían en campaña electoral “altamente ineficaces y de muy alto coste económico” y que, una vez en el poder, le han servido a él y a su socio para colocar a más de 4.500 trabajadores digitales en este trienio.

Sería bueno que, entre tanto asesor, alguno fuera capaz de hacer entender a Touriño y a Quintana que no se puede confiar en que las promesas se las lleve el viento, de la misma forma que no se puede reducir el gasto en altos cargos aumentándolos.