Poco a poco se van cumpliendo a lo largo de la geografía española los cuarenta años de los primeros estatutos con los que España comenzó a configurarse como un Estado que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, así como exige la solidaridad entre todas ellas, de acuerdo al Artículo 2 de nuestra Carta Magna. Salvo Las Vasgongadas, Cataluña y Galicia, y, en parte, Andalucía, las otras trece autonomías fueron creaciones absolutamente artificiales, entes creados ex novo por la pura voluntad de los gobernantes. Algunos de estos nuevos artificios se asientan sobre un territorio que choca con la tradición histórica de reinos anteriores y de la última división provincial de Espartero, cuya estatua se levanta arrogante y fuerte en Granátula de Calatrava. Este gran estadista y soldado español merecería sobradamente que el gobierno del Sr. Page le levantase una mejor estatua, por cierto. Al menos riojanos y madrileños lo han hecho, y no era ni de La Rioja ni de Madrid. Así, Castilla-La Mancha cogió parte de Castilla La Nueva, sin integrar a Madrid, pero cogiendo parte de la Carpetania, como Guadalajara, y arrebatando al reino de Murcia Albacete. Una creación autonómica ex nihilo, propia de un deus ex machina, que pretende integrar a carpetanos, vettones, olcades, oretanos y hasta a unos pocos beturios a su oeste. Incluso en esta región la identidad comarcal marca más que la provincial y, desde luego, su verdadero y casi único sentimiento identitario es lo español, lo entrañablemente español, lo grandiosamente español.
Es verdad que el acceso a la autonomía regional con el ucedista Gonzalo Payo Subiza, muy pronto sustituido por el socialista Jesús Fuentes Lázaro, coincidió en el tiempo con el período de mayor desarrollo y progreso de estas tierras, observándose objetivamente que las condiciones de vida de los castellano-manchegos han cambiado en todos los sentidos a mejor de modo fulgurante. Ello ha hecho creer a los ciudadanos de esta región españolísima que su más alto nivel de vida se debe sólo a la magia abracadabrante que han sabido hacer los distintos presidentes que han pilotado la región, olvidando que ha sido Europa, y sólo Europa, quien ha bendecido con miles y miles de millones las tierras de Don Quijote. La política agraria común ha garantizado hasta ahora a los productores de la región mercados más amplios y precios seguros, propiciando el crecimiento de las rentas agrarias, el aumento del nivel de vida, mejores carreteras y la generalización de todos aquellos servicios que identifican al continente europeo. La explicación de nuestro espectacular desarrollo no está en la magia celebrada en la Cueva de Montesinos, sino que Castilla-La Mancha, clasificada por Europa como “Objetivo 1” – entre las diez regiones más pobres del ámbito comunitario – percibió las más elevadas ayudas procedentes de los fondos estructurales, sumas que se han revelado como determinantes en el proceso de capitalización de la Comunidad. El genio inventivo y el espíritu innovador de sus habitantes ha hecho el resto.
Sin querer quitar mérito a José Bono Martínez, el caudillo por antonomasia de Castilla-La Mancha, por gracia divina de Felipe González, cuya voluntad divina contradecía la decisión de la dirección regional, que apostaba por otro socialista, hasta el gestor público más mediocre hubiera enriquecido la región con la lluvia de millones que llegó de Bruselas. El milagro lo hizo Europa, no el albaceteño Sr. Bono Martínez. Dicho esto, la descentralización del poder es buena siempre que sirva para conocer mejor los problemas de los ciudadanos, y sus circunstancias y entornos, y no para aumentar los niveles de prevaricación y parcialidad de la Administración en su relación con los ciudadanos. Y es un hecho probado que la corrupción de las Administraciones Públicas ha aumentado hasta niveles propios de repúblicas bananeras con el desarrollo de los gobiernos autónomos. Es verdad que hay excepciones e islas de decencia. Pero esto confirma la regla.
El precipitado desarrollo de universidades regionales, pergeñadas más por la autoridad política que por la demanda social, ha servido también para colocar licenciados adictos elevados a catedráticos ad maiorem gloriam del poder político de turno, y que en algunos casos han servido como sostén intelectual de peregrinos orígenes identitarios regionales. Así, se busca un imposible iberismo manchego frente al celtismo castellano-leonés, cuando las inscripciones prerromanas de Castilla-La Mancha revelan una lengua celtibera o, desde luego, claramente indoeuropea. Vettones había tanto en Ávila como en Toledo, oretanos tanto en Ciudad Real como en Jaén. Es un hecho que el complejo entramado étnico de Castilla-La Mancha hace imposible cualquier esfuerzo de una etnia unitaria.
El presidente José María Barreda Fontes, quizás demasiado buena gente para ser un “buen” y duradero político, tuvo la idea utópica e incircunstanciada de elaborar una Carta de Derechos de Ciudadanía, que la crisis económica y la pandemia sobrevenida ha dejado en papel mojado. Hoy esta carta está en dique seco dada la total interdependencia que tiene esta región con Europa. El tema que esta gran región española sí debería tratar es el tema del agua y de los grandes trasvases desangradores Tajo-Segura. Castilla-La Mancha, como región españolísima que es, no necesita esforzarse mucho en entender el deber que tiene de fraternal solidaridad con el resto de los territorios de España, del mismo modo que no le cuesta nada tampoco suponer que esa solidaridad obliga a absolutamente todos los territorios que configuran España. A Castilla-La Mancha le sobra menos el agua que a otras regiones; y si se hubiera llevado a cabo el grandioso Plan Hidrográfico Nacional, proyectado por José María Aznar, con financiación europea, que hubiera unido las cuatro grandes cuencas, y que fue anulado por el infumable Zapatero, hoy ni Valencia ni Murcia necesitarían aportes de agua de la sitibunda Mancha.
Hispania, ex pulcherruma heri pessuma ac flagitiosissuma et laniata facta est hodie, hubiera dicho Salustio.