Sánchez cede la gestión de las prisiones vascas para contentar a sus socios

Desde que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa, aupado, entre otros por Bildu, la política penitenciaria del Estado ha dado un giro de 180 grados, con respecto a los presos de Eta. De hecho, a lo largo de los últimos meses, cada viernes se ha venido produciendo el anuncio del acercamiento de un nuevo grupo de etarras, algo que ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por las asociaciones de víctimas.

Este lunes, el Gobierno ha dado un paso más en su política de apaciguamiento frente a los abertzalez, certificando el traspaso de la gestión de las tres prisiones vascas, que suman 966 reclusos, al Ejecutivo vasco, en manos del PNV.

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha sacado pecho por esta iniciativa, asegurando que "hoy se viene a cumplir y saldar una deuda". No obstante, Iceta no ha querido entrar en polémica sobre si el traspaso va a afectar a los presos de Eta, tal y como pronostican desde las asociaciones de víctimas.

Iceta ha pedido que se separe este traspaso de gestión de recursos y personas de la política penitenciaria, ya que la legalidad seguirá siendo la misma para toda España. Ha recordado que Cataluña es la única autonomía que había asumido hasta ahora la gestión de las prisiones, y allí "la sociedad catalana está razonablemente satisfecha de la gestión de esa transferencia. Valora el trabajo de los funcionarios de prisiones y de muchas ONG que contribuyen a la reinserción".

Por su parte, desde el Gobierno Vasco también se ha rehuido la polémica y se ha destacado que el traspaso "vuelve a demostrar que el pacto y el acuerdo son la vía más eficaz para avanzar en el autogobierno". El vicelehendakari, Josu Erkoreka, ha defendido que este lunes "celebramos el éxito que nos acerca un poco más al cumplimiento íntegro del Estatuto. En Euskadi estamos jurídica, anímica y estructuralmente preparados para gestionar las instituciones penitenciarias".

Hoy se han firmado en Bilbao cuatro traspasos de competencias, aunque los otros tres son menores y el único que ha suscitado polémica es el de las prisiones, cuya gestión hasta ahora solo Cataluña ejerce entre las autonomías.

El País Vasco cuenta con tres centros penitenciarios que albergan actualmente a 966 internos. Son los de Basauri (Vizcaya), con 149 internos; Nanclares (Álava), la más grande y moderna, con 623 reclusos, y Martutene (Guipúzcoa), con 194. Los tres inmuebles serán traspasados al País Vasco. Además, cuando se termine la nueva prisión guipuzcoana de Zubieta, pasará a depender del Gobierno Vasco, y a su vez éste devolverá la actual Martutene al español, que la cerrará.

La transferencia también incluye el edificio de la antigua cárcel de Nanclares, que fue clausurada y ya no acoge a población reclusa. También se transferirá a Euskadi el personal que atiende a las tres prisiones: 620 funcionarios y 50 laborales, que a partir de ahora cobrarán del Gobierno Vasco.

El traspaso incluye la gestión de las prisiones, es decir, la competencia sobre su organización y funcionamiento. Se trata de una transferencia prevista en el Estatuto de Gernika, hace 41 años, y que ya ejerce Cataluña, aunque la parte legal -normas y reglamentos penitenciarios- sigue siendo la misma para toda España. Esta legislación establece que son las juntas de tratamiento de cada prisión las que deciden proponer traslados o la progresión de grados, todo ello bajo la supervisión del juez de vigilancia penitenciaria.

Este punto es el que mas polémica política ha causado, por las sospechas de partidos como el PP en torno a que esta transferencia podría beneficiar a los presos de Eta. Actualmente, en las tres cárceles vascas apenas hay treinta presos de Eta. Los continuos acercamientos que se han producido el último año han sido a prisiones cercanas, pero muy pocos al País Vasco. El Gobierno Vasco ha rechazado esas sospechas y ha insistido en que su intención es potenciar la reinserción de todos los reclusos, objetivo que figura en la Constitución.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha advertido de que "fiscalizará" la gestión de las prisiones que realice el Gobierno Vasco con el objetivo de comprobar que "se cumpla la ley" y no se busquen "trampas" para "abrir las puertas" a los presos de Eta "cuando no toque". La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha mostrado en un comunicado sus reticencias al traspaso de la competencia de prisiones del Gobierno al ejecutivo autonómico firmado este lunes y ha solicitado una reunión con la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, para acordar un "protocolo de comunicación directo" con este departamento.

Por su parte, el parlamentario vasco de PP+Cs Luis Gordillo ha exigido este lunes que "no sea un traje a medida para los presos de Eta". Además, antes de comenzar la Comisión en Bilbao, un grupo de simpatizantes de Vox se han concentrado ante el lugar de reunión reclamando el esclarecimiento de los asesinatos de Eta.