El Tribunal Constitucional ha anulado varias disposiciones del real decreto-ley de medidas urgentes aprobadas el año pasado. El Constitucional no cuestiona que en marzo de 2020, con toda España confinada, el Gobierno recurriera a un decreto-ley para aprobar una serie de medidas con las que combatir el Covid-19, pero sí rechaza que, aprovechando esa figura legislativa que se guarda para situaciones de "extraordinaria y urgente necesidad", se permitiese la entrada de Pablo Iglesias, entonces vicepresidente segundo del Ejecutivo, e Iván Redondo, jefe de gabinete de Pedro Sánchez, en la comisión delegada del CNI.
La sentencia considera que el precepto adolece de un defecto formal determinante de su inconstitucionalidad. El Alto Tribunal defiende que el Gobierno no justificó la "extraordinaria urgencia" en la elaboración de esta medida e, incluso, explica que la misma "no guarda coherencia" con los motivos que llevaron al Gobierno a aprobar este decreto, ya que la adopción de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia no tiene nada que ver con una modificación de la ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia.
Tampoco ve acreditada la "extraordinaria y urgente necesidad" de las medidas complementarias para apoyar la economía y el empleo con las que culminaba la integración de las clases pasivas del Estado en la Seguridad Social. El Ejecutivo aprobó este real decreto-ley en abril de 2020 y justificó incluir este cambio -que ya contemplaba para generar seguridad jurídica y certidumbre en materia de pensiones- en la alteración del calendario previsto por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
Justificaba así la necesidad de la medida ya que el traspaso requería unos "cambios normativos" que no podían ser aprobados "mediante el procedimiento ordinario de tramitación parlamentaria", porque el retraso en el tiempo que ello implicaría "generaría inseguridad jurídica e incertidumbre en una materia, las pensiones, particularmente sensible para el conjunto de la ciudadanía".
Por mucho que se ponga la pandemia como pretexto, el Constitucional concluye que gobernar a golpe de decreto es una opción censurable.
Aunque todos los gobiernos han recurrido a esta figura legislativa, Pedro Sánchez es el presidente de la democracia que más lo usa. Desde que llegó al poder el 1 de junio de 2018, ha firmado 89 decretazos en estos tres años. El récord absoluto se batió el año pasado, con 39. En este 2021, se suman otros nueve.
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