El organismo propone abordar la “consolidación fiscal” en el medio plazo para no ahogar el rebote económico en España.
La OCDE ha alertado de las consecuencias de una subida brusca de los impuestos, que puede provocar un “descarrilamiento de la recuperación” de la economía española. El organismo propone abordar la “consolidación fiscal” en el medio plazo para no ahogar el rebote económico en España.
En un informe especial para España, el organismo internacional ha vaticinado que el PIB español crecerá un 5,9% en 2021 y un 6,5% en 2022, mientras que el déficit podría quedarse en un 8,6% este año y un 5,4% el que viene.
El apartado más desfavorable es el del empleo: la tasa de paro seguirá en 2021 en un 15,4% y en 2022 estará en un 14,7%, con lo que no se recuperaran los niveles previos a la crisis
En cuanto a los impuestos, el club de los países más ricos reconoce que es necesario mantener "una política fiscal expansionista hasta que la recuperación esté encarrilada".
El proceso de consolidación fiscal, explican, debe darse paso a paso "para evitar un descarrilamiento de la recuperación".
Flexibilidad
En su "Estudio Económico de España 2021", publicado este jueves, el organismo hace hincapié en la necesidad de garantizar mecanismos de flexibilidad a las empresas para adaptarse a los efectos de la pandemia.
En esta línea, recomienda promover procedimientos extrajudiciales de reestructuración de deuda para pymes -la mayoría del tejido productivo español- para evitar la liquidación injustificada de compañías viables con problemas coyunturales.
La OCDE señala que todavía hay mucha incertidumbre respecto a la evolución económica a corto plazo, aunque la aceleración del proceso de vacunación y el despliegue del plan de recuperación le han llevado a mejorar su previsión de crecimiento al 5,9 % para 2021 y al 6,3 % para 2022, respecto al pronóstico de marzo (5,7 % y 4,8 %, respectivamente).
Fondos europeos
La organización reclama dar prioridad a las reformas del plan de recuperación que potencien el crecimiento a largo plazo, pero también ve necesario una absorción rápida de los fondos para apuntalar la recuperación a corto plazo.
Asimismo, pide velar por la transparencia de los procedimientos y los criterios de inversión, ya que cree que la aplicación del sistema de gobernanza de los fondos "puede ser problemática".
Mercado laboral
El estudio incide en que la pandemia ha afectado de forma desproporcionada a los trabajadores jóvenes, a los poco cualificados y a los temporales, ante lo reclama políticas activas de empleo más eficaces que permitan identificar demandantes de empleo en riesgo de convertirse en parados de larga duración.
Recomienda simplificar los tipos de contrato y aclarar las condiciones en las que se puede recurrir al contrato temporal, como para empleo estacional o para formación, así como centrar los incentivos a la contratación en grupos vulnerables específicos.
También ve preciso evaluar las repercusiones negativas que las "rápidas y acusadas" subidas del salario mínimo interprofesional han podido tener sobre el empleo de los jóvenes y los trabajadores menos cualificados.
Asimismo, dice que hay que asegurarse de que los trabajadores acogidos a ERTE en los sectores más afectados por la pandemia hagan un uso eficaz de su prioridad en materia de formación.
Pensiones
Dentro de desafío fiscal a largo plazo, la OCDE incluye la sostenibilidad del sistema de pensiones que cree que obliga a buscar medidas "socialmente aceptables" y recomienda vincular la edad legal de jubilación (67 años en 2027) con la esperanza de vida en el momento de la salida del mercado laboral.
Además, propone desincentivar la jubilación anticipada incrementando el periodo de cotización necesario para cobrar la pensión íntegra.
A medio plazo, considera que hay margen para mejorar la fiscalidad y subir el impuesto que grava los combustibles para reflejar mejor las emisiones de dióxido de carbono (CO2), junto con medidas de redistribución a los hogares más pobres.
Digitalización
Para incrementar la difusión de la digitalización aboga por subsanar las deficiencias de la infraestructura digital pendientes y por mejorar la capacidad digital de empresas y ciudadanos con una mayor inversión en innovación y competencias.
Al respecto, recomienda trasladar a la personas las subvenciones para la formación en el empleo, al menos parcialmente, o elaborar programas públicos de formación en el empleo dirigidos a trabajadores mayores y con baja cualificación, centrados en mejorar sus competencias tecnológicas.
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