El culebrón de Aerolíneas Argentinas

Por más que los Kirchner se las prometieran felices la pasada semana, cuando el Congreso argentino aprobó la Ley que ratifica la nacionalización de las Aerolíneas Argentinas, parece que el culebrón de la línea aérea va para largo. En una entrevista al diario argentino La Nación, Vicente Muñoz, director corporativo de Viajes Marsans, declaró el pasado domingo que en caso de no llegar a un acuerdo sobre el precio de las acciones, existe la posibilidad “de retomar la gestión de la compañía”.
A nadie puede extrañar la respuesta de la compañía española, teniendo en cuenta el surrealista texto que se aprobó la pasada semana. La ley aprobada no establece el precio de la operación ni indica qué hacer en caso de que las partes no se pongan de acuerdo. En concreto, señala que el precio de esa compra será decidido exclusivamente por un organismo del Estado, el Tribunal de Tasaciones y que, posteriormente, deberá pasar por la aprobación del Congreso. Es decir, la parte vendedora no tiene voz ni voto: debe aceptar lo que el Estado decida pagarle o recurrir a la Justicia. En otras palabras, no es otra cosa que una expropiación encubierta, nada que ver con lo que, supuestamente, se acordó el Acta de Acuerdo que el Gobierno argentino firmó con Marsans previamente. Según el Acta, Marsans tiene la posibilidad de hacer su propia evaluación de Aerolíneas y en caso de falta de acuerdo, una consultora de "prestigio internacional" será la que ponga el precio.
Sin embargo, a pesar de que obviamente la ley aprobada poco o nada tiene que ver con esto, el Gobierno argentino insiste en que lo acordado con Marsans sigue vigente. Sea como sea, todo lo relacionado con el asunto está inmerso en un mar de confusión. Unos culpan a Iberia y Marsans de la quiebra de la empresa, mientras que estos se defienden culpando a los sindicatos y al mismo Estado argentino. Por otro lado, está la cuestión de cómo puede afectar a las relaciones entre España y Argentina el caso. Está claro que el Gobierno español ha preferido mantenerse prácticamente al margen, pero si, como todo apunta, finalmente el caso se lleva ante tribunales internacionales el Ejecutivo español se verá obligado a posicionarse.
La única certeza en todo este embrollo es que el intervencionismo, el amiguismo y la arbitrariedad no son buenos compañeros de negocios. A corto plazo, siempre hay una parte que sale perdiendo. Sin embargo, a medio y largo plazo quienes más pierden son los ciudadanos y contribuyentes argentinos –que son a quienes se debe este diario- porque un país sin reglas fijas y respetadas por su propio estado es un país arbitrario; es decir, un lugar de donde huyen las inversiones propias y extrañas.