El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este lunes el informe al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que critica medidas como el cierre de fundaciones o la prohibición de actos públicos que hagan apología del franquismo, acogiendo por mayoría el texto de la ponencia de los vocales Roser Bach y Wenceslao Olea, que argumentan que, aunque se defiendan valores contrarios a la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión, siempre que no humillen a las víctimas.
La forma en que la normativa del Gobierno encara la protección de las víctimas de la Guerra Civil y de la represión de régimen de Franco es otro aspecto controvertido para el CGPJ, que alerta del riesgo de que tutele "de forma asimétrica" la dignidad de las diferentes víctimas de este período histórico, en función de su procedencia. También se subraya la necesidad de proteger el derecho de reunión ante la posible prohibición de actos públicos de exaltación de la dictadura franquista.
El dictamen, que no es vinculante, ha salido adelante sin modificaciones, ha obtenido el voto de 15 de los 21 vocales que integran el Pleno; han votado en contra los vocales José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Juan Martínez Moya y Concepción Sáez. Han anunciado voto particular concurrente los vocales Álvaro Cuesta, al que se adherirán Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda, elegidos a propuesta del PSOE; y el vocal Enrique Lucas, promovido por el PNV, al que se adherirá el vocal Vicente Guilarte (por el PP).
Por su parte, formularán voto particular discrepante los vocales Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya; los vocales José Antonio Ballestero y José María Macías y la vocal Concepción Sáez.
La decisión adoptada este lunes por el Consejo vuelve a mostrar la división que en el órgano de gobierno de los jueces ha provocado el anteproyecto, el cual ha seguido una turbulenta y larga tramitación prolongada porque los dos ponentes designados inicialmente para emitir el informe fueron relevados al no poder cerrar un texto de consenso.
Dos informes
Aprobado así por mayoría este dictamen, el Gobierno dispone ya, junto al del Consejo Fiscal, de los dos informes que precisaba antes de llevar de nuevo la norma al Consejo de Ministros para su aprobación, ya como proyecto de ley, y su remisión a las Cortes.
El CGPJ pone en entredicho el cierre de fundaciones, que afectaría directamente a la Fundación Francisco Franco, porque "la apología del franquismo, sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas, constituye la expresión de ideas que, aunque contrarias a los valores proclamados por la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión".
Detecta también "falta de taxatividad" cuando invoca como motivo para cerrar fundaciones el que "no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo", al dejar un "amplísimo margen de apreciación" para evaluar sus extinción.
En cuanto a los actos públicos profranquistas, alerta el CGPJ de que el Tribunal Constitucional ya señaló que el derecho de manifestación "no puede ser sometido a controles de oportunidad política ni a juicios en los que se emplee como canon el sistema de valores que cimientan y dan cohesión al orden social en un momento histórico determinado".
Otro de los principales aspectos del anteproyecto es la nulidad de las condenas por motivos políticos del franquismo, algo que el Consejo General del Poder Judicial entiende que ya está recogido con la declaración de "ilegitimidad" de la vigente Ley de Memoria Histórica de 2007 que ahora se quiere mejorar.
También se plantea por vez primera una definición de "víctima de la Guerra Civil y la dictadura", algo que para el Consejo "se mueve en un plano estrictamente administrativo de reconocimiento, protección y resarcimiento de las víctimas", porque "el derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal".
La ley de Memoria Democrática incorpora otras novedades legislativas, como la activación de una fiscalía de sala del Tribunal Supremo para que los familiares de los represaliados puedan denunciar sus desapariciones al amparo del derecho internacional, la creación de un banco de ADN para identificar los restos que se exhumen y un nuevo modelo de gestión del Valle de los Caídos.
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