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TRIBUNA

Las bases para resolver el conflicto catalán

José Luis Martínez López-Muñiz
viernes 11 de junio de 2021, 20:14h

No es fácil. Requiere aparcar intereses políticos personales cortoplacistas, y optar decididamente por una actuación veraz, sincera, leal, resueltamente anclada en cuanto exige el Estado social y democrático de Derecho con que España quiso configurarse hace ya 43 años, en sintonía con cuanto demandan los cánones más exigentes del mundo contemporáneo y elevados principios morales. La Constitución de 1978 fue aceptada por el 87,9 % del 67,1 % de los electores que fueron los que votaron; es decir por más del 58% de la población española con derecho a voto. En Cataluña la aceptación de la Constitución fue superior: un 90,5 % del 67,9% de los electores censados en aquella región votaron a favor, lo que elevó allí la aceptación expresa de la Constitución a más del 61% de la población avecinada en Cataluña entonces con derecho a voto.

Cuantos votamos en el referéndum del 6 de diciembre de 1978 sabíamos que la ley fundamental sobre la que votábamos, la nueva Constitución que se nos proponía, decía expresamente en su art. 2 que se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Y que lo así determinado no podría ser alterado sino del modo previsto en el art. 168 del mismo texto constitucional: la modificación tendría que recibir su aprobación por mayoría de dos tercios de cada Cámara (Congreso y Senado de las Cortes Generales), a la que habría de seguir la disolución inmediata de las Cortes con la correspondiente convocatoria de elecciones para que las Cámaras elegidas pudieran ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras, para que la reforma pudiera prosperar, la cual, de obtener esa aprobación, habría aún de ser sometida a referéndum para su ratificación, obviamente de todo el pueblo español, en el que el art. 1, apartado 2, de la Constitución, deposita la soberanía nacional, fuente de legitimidad de toda la Constitución.

Ahí está lo esencial del marco de la convivencia civilizada posible en España: su base irrenunciable también. Todo diálogo político posible para resolver las tensiones o problemas que puedan surgir ha de desenvolverse en este marco de que democráticamente, con todas las garantías, se dotó la Nación española en 1978. Nadie que ejerza un poder público en España –cuya legitimidad y alcance deriva precisamente de la Constitución- puede aceptar otra cosa y menos apoyarla o promoverla.

La aspiración a separar Cataluña de la unidad política española es legítima. Lo que no es legítimo es promoverla o pretender imponerla al margen del art. 168 de la Constitución Española. Ningún diálogo efectivo cabe con quien no acepte este condicionante irrenunciable. Un condicionante, ciertamente, absolutamente democrático. Los Estados Unidos de América, padres de la democracia contemporánea y con la Constitución primera y más duradera, arrostraron una terrible guerra civil para mantener ese principio, base de su misma existencia como Nación y de todo su impresionante desarrollo desde finales del siglo XIX.

Nada impide proceder a una consulta popular, a un referéndum, en Cataluña sobre su independencia de España, pero de la Constitución se desprenden varios condicionamientos para ello: el más importante es que no puede tener carácter decisorio definitivo, porque ya hemos recordado el único modo en que se puede decidir sobre la disgregación de la unidad de España; pero también que sólo puede autorizarlo el Estado (art. 149.1.37ª), que es quien, por tanto, puede fijar las condiciones para su posible celebración. En este mismo periódico, no hace mucho, apuntaba yo una posible ley estatal sobre una posible consulta en Cataluña y sus efectos. Sobre esas cosas sí que puede dialogarse.

Y nada impide que se trate de persuadir a otros de la pertinencia de una independencia de Cataluña –y, por supuesto, de lo contrario-, siempre que se haga con medios privados, no con los de todos –sin perjuicio de la libertad de expresión en asambleas parlamentarias y representativas-, y respetando cuanto se establece en la Constitución o, con base en ella, en las leyes: también en materia de uso de las lenguas, en la educación, etc. Respetando, también, desde luego el honor personal y familiar de los demás (art. 18 de la Constitución) y, por supuesto, el del Estado y sus instituciones y el de las diversas entidades públicas, que esta formadas por, o representan a los ciudadanos. Se pueden señalar defectos, hacer críticas, proponer mejoras, sin despreciar ni insultar ni injuriar, usando la razón y…, poniendo tras ella a las vísceras.

Lógicamente surgen y surgirán interpretaciones distintas sobre el alcance de tal o cual exigencia de la Constitución o de las leyes, pero forma parte también del compromiso democrático constitucional estar a lo que resuelvan los jueces, los tribunales, el Tribunal Constitucional.

Que se castiguen con penas proporcionadas determinadas por la ley a quienes incumplan todo esto y traten con hechos de imponer su voluntad al margen de la voluntad democrática contenida en la Constitución y en las leyes, es algo imprescindible para que el orden racional democrático no sea sustituido por la ley de la selva, el imperio del más decidido en emplear la fuerza o el descaro.

Es humano que los sistemas políticos contemplen la posibilidad del perdón, del indulto con las debidas condiciones, pero nada de esto tiene justificación sin arrepentimiento y rectificación de quien aspire a tales medidas, y menos si tiene declarados propósitos de reincidir.

Ningún Gobierno legítimo puede aceptar “dialogar” con quienes pretendan la independencia catalana colocándose en la posición de quien no reconoce el orden constitucional establecido. Es más: quien incurre en esta posición no debe ser admitido a cargo alguno en ninguna de las entidades e instituciones cuya existencia y legitimidad deriva de la Constitución Española. Debería fortalecerse una aplicación firme de este principio. El juramento o la promesa de “guardar y hacer guardar la Constitución”, sin incurrir en perjuicio ni en falsedad, se exige a todos. Y se exige en cualquier país civilizado y democrático. Pretender desconocerlo en nombre de la democracia es una falacia inaceptable. Aceptarlo –aunque se discrepe o se quiera cambiar esto o aquello de la Constitución por los cauces democráticamente establecidos- es condición esencial para resolver cualquier problema real.

José Luis Martínez López-Muñiz

Catedrático de Derecho Administrativo y profesor emérito de la Universidad de Valladolid

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