Poder político reciente y rezago perenne

A un año de la aprobación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007 y cuyo proceso de redacción se inició hace más de dos décadas. Podemos ver que, a pesar del mayor poder político que los indígenas latinoamericanos han adquirido en este lento proceso de reconocimiento, son pueblos víctimas de la violación de sus derechos humanos que continúan rezagados en materia económica y social, discriminación evidente debida a su identidad étnico-cultural.

El lento avance en la elaboración de La Declaración se explica por la preocupación que varios Estados expresaron en relación a temas como el derecho a la auto-determinación y el control de recursos naturales en las tierras ancestrales de los pueblos indígenas. El producto es un documento exhaustivo que aborda temas como los derechos colectivos, los derechos culturales y la identidad, y los derechos a la salud, la educación, la salud, y el empleo entre otros. Enfatiza el derecho de los pueblos indígenas de preservar y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, y de trabajar por su desarrollo de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades en un franco apoyo a los pueblos indígenas en sus esfuerzos por combatir la discriminación y el racismo.

Los pueblos indígenas representan cerca del 10% de la población latinoamericana, se calcula que existen cerca de 41 millones de indígenas, pertenecientes a numerosas etnias o pueblos que en el interior de los estados-nación conservan sus propias formas de organización social, económica y política y sus propias identidades. Su historia ha estado marcada por procesos de reconocimiento, discriminación, subordinación, independencia, sobrevivencia, resistencia, avances y retrocesos. Procesos que han contribuido a crear o potenciar la reafirmación de las identidades étnicas, así como a estimular las luchas por sus derechos y por el reconocimiento de su autonomía, convirtiéndoles en sujetos activos en el ámbito político.

Las dos décadas de reconocimiento institucional coinciden en Latinoamérica con el surgimiento de movimientos y líderes autóctonos de carácter reivindicativo que han ejercido una nueva y cada vez más poderosa influencia política. Movimientos como la rebelión de Chiapas en México (1994), manifestaciones similares en Bolivia que culminaron con la caída del Presidente Sánchez de Lozada (2003), los acuerdos de paz en Guatemala que incluyeron derechos de los pueblos indígenas (1996), por mencionar algunos. Y líderes de origen indígena como Rigoberta Menchú, guatemalteca, premio Nobel de Paz en 1992. Luis Macas, ecuatoriano, líder del levantamiento indígena de 1990. Ollanta Humala, peruano, quien estuvo a punto de ganar las elecciones generales de 2006. Evo Morales, boliviano, primer indígena que ha conquistado la presidencia de un país. El Subcomandante Marcos, mexicano, quien ha logrado el reconocimiento de las comunidades indígenas marginadas del sur de México. Floro Tunubalá, colombiano, primer líder en ser elegido por voto popular como Gobernador de un departamento. Y, Nicia Maldonado, venezolana, líder de los nuevos movimientos indígenas.

Es evidente el crecimiento de la influencia y representación política indígena, pero en el frente económico el cambio ha sido muy lento, la situación socioeconómica de estas poblaciones es muy inferior a la del promedio de la población, pese a que se han puesto en práctica políticas y programas para mejorar el acceso a la educación y a los servicios de salud, los indígenas siguen registrando las mayores y más persistentes tasas de pobreza de la región y en muchos países son considerados como el “lastre” para el desarrollo.

La violación de los derechos humanos de este colectivo supera los avances logrados, especialmente el derecho a la tierra, que trae consigo la violación del derecho a una vivienda, a la salud, al agua, al trabajo…a la vida. La “preocupación” de hace dos décadas de los Estados en referencia al control de recursos naturales en las tierras ancestrales de los pueblos indígenas, se ha resuelto a través de la connivencia o la inacción de los gobiernos, subordinando este derecho a poderosos intereses económicos con total impunidad, despojando a estas poblaciones de sus propiedades y forzando su desplazamiento hacia territorios inhóspitos, inaccesibles y poco productivos.

Es así como los indígenas siguen formando parte de los sectores más depauperados, explotados y discriminados de América Latina. Los Estados deben asumir sus obligaciones universales en la materia, pasar de La Declaración a los hechos, de la palabra a la acción. La voluntad política y el aprecio por la diversidad cultural han de caracterizar a nuestros gobernantes, generando políticas que faciliten la convivencia entre la protección de los derechos y la optimización en la calidad de vida de las poblaciones originarias y el desarrollo.