El Rey firmará los indultos

Se anuncia que los condenados por la planificación, preparación y ejecución de los hechos del 1 de octubre de 2017, que fueron condenados por la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2019, serán indultados. No se ha expresado así oficialmente porque aún no ha sucedido, pero no puede caber la menor duda cuando, a falta de mejor justificación, quien será el protagonista principal de esa decisión ya ha empezado a argumentar que lo contrario es un acto de revancha o venganza. Al parecer, también lo es la propia sentencia, que se quedará en el limbo de las sentencias que no pueden entrar en el paraíso del estado de derecho por padecer el pecado original de ser inconveniente a algunos sectores políticos, sin que haya bautismo posible que la redima de ese pecado.

El Rey firmará los indultos. Lo hará porque tiene que hacerlo, con independencia de lo que piense. Incluso, a pesar de lo que piense. Es cierto que el art. 62 de la Constitución atribuye al Rey el ejercicio del derecho de gracia, pero, como no puede ser de otra manera en una monarquía parlamentaria regida por una Constitución, el Rey ejerce ese derecho en los términos de la propia Constitución, que remiten a la Ley. Y lo que la Ley dispone es que la decisión de indultar se adopta en Consejo de Ministros mediante Real Decreto que, como todo Real Decreto, tiene que ser firmado por el Rey con el refrendo del Presidente del Gobierno o de uno de sus miembros, que son los que asumen la responsabilidad de ese acto.

Los actos del Rey son siempre actos estrictamente condicionados y sin margen de discrecionalidad. La única excepción a esa condicionalidad que se prevé en la Constitución es el nombramiento de los miembros civiles y militares de su Casa. Cabría plantear si también puede entrar en ese capítulo la propuesta de candidato a Presidente del Gobierno, aunque siendo esa propuesta objeto de refrendo por quien presida el Congreso de los Diputados, hasta eso lo considero discutible.

Así ha sido siempre desde 1978 y nunca, que se sepa, ha faltado el Rey a su deber constitucional de ejercer la jefatura del Estado en los términos que delimita la Constitución. Sólo en casos de extrema gravedad y ausencia del Poder Ejecutivo, el Rey ha dado un paso por delante del Gobierno para ejercer funciones que también le atribuye la Constitución como símbolo de la permanencia del Estado y asegurar su regular funcionamiento. Así sucedió el 23 de febrero de 1981, cuando el Gobierno no estaba por se encontraba secuestrado en el Congreso de los Diputados ocupado por unos golpistas. Y así sucedió también el 3 de octubre de 2017, cuando el Gobierno… tampoco estaba y alguien tenía que confirmar que el Estado actuaría frente a unos hechos que, finalmente, el Tribunal Supremo ha declarado delictivos.

Recientemente, he oído planteamientos que pasan por pretender que el Rey no firme los indultos. No puedo dejar de afirmar que no es que no comparta esas propuestas, que no las comparto, sino que, mucho más aún, me horrorizan. Frente a unos indultos cuya constitucionalidad puede resultar controvertida, lo que no cabe de ninguna manera es pretender que el Jefe del Estado se sustraiga a la Constitución que lo legitima y que actúe al margen de ella. Entiendo que es obvio que eso no va a pasar, pero no deja de preocuparme que haya quien cometa el error de tensionar la institución que simboliza la unidad y permanencia del Estado que se quiere proteger. En estos momentos, la defensa del Rey es la defensa del Estado, y la prudencia exigible a quienes aludan al Rey en estos momentos de crisis ha de ser mayor cuanto mayor sea la responsabilidad pública de quien pretenda involucrarlo en cualquier planteamiento, incluso aunque el planteamiento no pase de ser un flatus vocis en un momento de exaltación. Lo prudente, lo razonable, lo sensato bajo cualquier perspectiva, jurídica o política, es abstenerse de esos planteamientos.

El Rey firmará los indultos, con independencia de lo que piense o pese a lo que piense. No se ganará el aprecio de los indultados ni de quienes los apoyan a pesar de que su firma simbolizará la más que rotunda generosidad del Estado. No creo que nadie tenga dudas al respecto. Tampoco de quienes, sin ser los indultados ni sus apoyos, promueven los indultos dentro de su propia táctica política, electoral… o lo que sea. Tengo por seguro que el Rey padecerá la incomprensión de quienes opinen que los indultos son una burla al estado de derecho. En mi caso, no diré que, con la firma de los indultos, el Rey se vaya a ganar mi aprecio: ya lo tenía de antes. Pero sí justificará mi confianza en que, mientras el Jefe del Estado se mantenga fiel a la Constitución que demasiada gente, con demasiada responsabilidad, parece ignorar, nuestra Nación seguirá teniendo esperanza de futuro.