Memoria democrática: una ley para una democracia iliberal

El proyecto de ley de Memoria Democrática ni por su lenguaje ni por su contenido (cuarenta y nueve páginas de fatigosa lectura) responde a los parámetros de una democracia liberal. Si sus propósitos se desplegaran con alta intensidad y lograran impregnar la vida pública española, el sistema constitucional del 78 se deslizaría irremediablemente hacia una democracia iliberal.

En efecto, el proyecto de ley provoca de facto una mutación constitucional de hondo calado. Apartándose de la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional convierte a nuestra democracia en una suerte de “democracia militante” pero hemipléjica. Si la base espiritual de la Transición, que hizo posible el “pacto constitucional” del 78, fue la reconciliación, entendida ésta en su más pleno sentido, esta “Memoria Democrática” dinamita la esencia de aquel pacto sobre el que hemos construido nuestra convivencia estos cuarenta años con muy apreciables frutos.

La reconciliación no es una palabra hueca, que podamos mirar con desprecio, ni tampoco fue una artimaña lampedusiana. Se fue forjando con fuerza creciente en los años del “tardofranquismo”, mientras la sociedad española experimentaba un vertiginoso proceso de crecimiento y de cambio. En Munich (1962), bajo los auspicios de Salvador de Madariaga, personalidades relevantes, que habían pertenecido a los dos bandos de la guerra civil, concordaban el camino hacia una España democrática e integrada en Europa, en la que cupieran todos los españoles, sin mirar al pasado y sin ajustes de cuentas. Las palabras de Azaña “paz, piedad, perdón” eran recordadas y asumidas por muchos como presupuesto del futuro que habíamos de construir. En la Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes (1971) la Iglesia pedía perdón porque “no supimos ser verdaderos ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos”. El partido comunista, a su vez, había adoptado la “política de reconciliación nacional”. En las Universidades, en los colegios profesionales, en el mundo asociativo, los hijos de los “vencedores” y de los “vencidos” coincidíamos en no querer construir el futuro con la hipoteca de reabrir aquella guerra fratricida, que todos juzgábamos como un fracaso colectivo. Precisamente por eso mismo, y no sólo con el fin de transitar de un régimen autoritario a otro demoliberal, resultaba imprescindible acabar con el régimen de Franco en cuanto “régimen de los vencedores” para dar paso a un régimen de todos los españoles. Eso fue lo que cabalmente hizo la Constitución de 1978.

La reconciliación no fue un pacto basado en el olvido. Esta idea es una monumental falsedad. Era un sentir, que había calado en la sociedad española, fundamentado en el perdón mutuo, porque teníamos la conciencia de que la tragedia que España había padecido obedecía a una realidad muy compleja, en la que los errores y las culpas estaban repartidos. Nadie estaba libre de tirar la primera piedra. Por eso, lo razonable era que ese pasado, que no queríamos que volviera a producirse, se sometiera no a otro sino al juicio de la historia. Historia sí, olvido no. Y nadie puede negar que en estos años los historiadores no hayan cumplido su misión. Ahora sabemos mucho más de lo que nos sucedió en el siglo pasado con perspectiva histórica, es decir, sine ira et studio, como aconsejaba Tácito.

Esta convicción fue un hecho fundante de nuestra democracia. Así se puso de relieve en el importante debate en el Congreso de los Diputados de 14 de octubre de 1977, en el que se aprobó la ley de amnistía por el 93 por 100 de los diputados y con tan sólo dos votos en contra. El Diario de Sesiones recoge las intervenciones de los portavoces de los Grupos parlamentarios, que deberían leer los actuales diputados y senadores antes de la tramitación del proyecto de ley. El representante de UCD (Rafael Arias-Salgado) afirmaba que “la amnistía es el presupuesto ético-político de la democracia a la que aspiramos…que fervientemente quiere superar y trascender las divisiones que nos separaron y enfrentaron en el pasado. Queremos que la democracia no sea de nadie en particular sino de todos los españoles”. El portavoz del PSOE (José María Benegas) dijo por su parte: “La amnistía es fruto de la voluntad de enterrar un pasado triste para la historia de España y de construir otro diferente, superando la división que ha sufrido el pueblo español en los últimos cuarenta años”. Y en nombre del Partido Comunista Marcelino Camacho decía a la Cámara: “Queremos cerrar una etapa, queremos abrir otra. Nosotros, precisamente los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado a nuestros muertos y nuestros rencores”.

Veinticinco años después el Congreso de los Diputados, precisamente el 20 de noviembre de 2002, aprobaba por unanimidad una Resolución, que venía a ratificar los términos y el espíritu de la ley de amnistía, y cuya lectura resulta obligada en este momento de la vida nacional. En ella se expresaba “el reconocimiento moral de quienes fueron víctimas de la Guerra Civil, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista, evitando en todo caso que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil”. La Resolución concluía con el compromiso de “mantener el espíritu de concordia y reconciliación que presidió la elaboración de la Constitución de 1978”. No es ocioso subrayar que en aquella legislatura el Partido Popular tenía una holgada mayoría absoluta en la Cámara. Si se me permite decirlo así, la expresión política de la derecha española condenaba, sin estar sometida a ningún tipo de condicionamiento político, la represión de la dictadura franquista. Al mismo tiempo, todos los Grupos de la Cámara reafirmaban su identificación con el espíritu de concordia de la Constitución de 1978.

Resulta ineludible detenerse en el recuerdo de esos hechos para entender que el proyecto de Memoria Democrática rompe con esta trayectoria, que es consubstancial a nuestra democracia. El proyecto de ley constituye una rectificación in toto del espíritu fundante de la Constitución de 1978. Son dos planteamientos antagónicos, que es imposible casar. Respaldar esta Memoria Democrática implica repudiar la trayectoria anterior. Este es el verdadero sentido de la decisión política que llega ahora al Congreso de los Diputados. Y de ahí su gravedad.

El proyecto de ley pretende, con osadía digna de mejor causa, imponer una historia oficial, que intenta, al menos, monopolizar el espacio público. En su Exposición de Motivos hay, con trazos muy gruesos, una visión de nuestra historia contemporánea, que asombra por su simplismo y maniqueísmo. Solamente las Constituciones de 1812, 1869, 1931 y 1978 merecen su consideración como “hitos democráticos”, relegando a la damnatio memoriae al resto de Constituciones, por ejemplo, las de 1837 o 1876. El hilo conductor de este relato es la división entre los españoles que “lucharon por la implantación de un sistema democrático” y “quienes pretendieron alejar a nuestro país de procesos de igualdad, justicia social y solidaridad”. Es una historia de buenos y malos, en suma. Aunque, por abundante que sea el grado de sectarismo de sus autores, no les resultará fácil colocar en uno u otro lado a muchos personajes de nuestra historia del XIX y XX. ¿Martínez de la Rosa, Espartero, Canalejas, Dato o Lerroux eran de los buenos o de los malos?

La osadía consiste también en que este relato se pretende trasladar al sistema educativo, formando parte de los currículos escolares (art. 45), para lo cual se prevén planes especiales de formación de los profesores para la didáctica de la “Memoria Democrática”. En la dictadura franquista había unos profesores de “formación del espíritu nacional”, que los más viejos del lugar recordamos por haber recibido sus enseñanzas. Este cometido está bien en un régimen autoritario, pero no encaja en un sistema demoliberal. Los profesores tienen garantizada la “libertad de cátedra”, según reiterada doctrina del Tribunal Constitucional. Por tanto, no podrán someterse a directrices de los poderes públicos sobre su materia. Por deontología profesional están obligados a transmitir a sus alumnos los hechos reales, es decir, se deben a la verdad histórica, lo cual no se compadece con el burdo guión de la Exposición de Motivos de la Memoria Democrática. Las autoridades buscarán la ayuda de las editoriales de libros de texto, normalmente obedientes a las indicaciones del poder, con el fin de que los profesores dispongan de textos conformes con el plan oficial. Pero el conflicto estará servido. Sólo resulta previsible una tensión adicional en nuestro ya maltrecho sistema educativo.

El centro de atención del proyecto de ley son las víctimas de la guerra y de la represión franquista. Su lectura puede dar la impresión de que poco o nada se ha hecho por ellas en estos cuarenta y cuatro años de democracia, de los cuales, por cierto, veinticuatro gobernados por los socialistas. Esa visión es radicalmente falsa. Desde los primeros años de nuestra democracia se adoptaron medidas de reparación de los represaliados por el régimen de Franco. Los funcionarios depurados fueron reincorporados a sus Cuerpos con reconocimiento de su antigüedad. A los herederos de los fallecidos se les reconoció el derecho a percibir las correspondientes prestaciones. A las víctimas del exilio se les reconoció los derechos que les pudieran corresponder y a sus hijos y nietos se les ha otorgado el derecho de adquirir la nacionalidad española. Es probable que pudo haberse hecho más, pero se procuró, en la medida de lo posible, reparar los daños causados e integrar a todos en la convivencia nacional. Sin que sirva de fatuo elogio, la palabra exilio, que ha acompañado tanto a nuestra historia, no tuvo ya cabida en nuestra democracia.

El proyecto de ley se propone elaborar un registro de las víctimas de la guerra civil, de la guerra europea y de la dictadura franquista. Los hechos o circunstancias que otorgan la condición de víctima son de una gran amplitud. Entre otros, figuran “las personas fallecidas o desaparecidas como consecuencia de la Guerra y la Dictadura” (sic), sin mayor precisión, así como los exiliados, los represaliados por diversas causas, entre ellas la orientación sexual, etc. La novedad es que se extiende la condición de víctima a los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad (art. 3.4), es decir, incluso los bisnietos y tataranietos podrán adquirir los derechos que otorga el estatuto de la víctima, conforme a la ley 4/2015. Si la sociedad española se toma en serio esta disposición, generará una gigantesca burocracia, porque ¿quién no tiene un abuelo, un bisabuelo, un tío abuelo y hasta un tatarabuelo que no haya sido víctima de la guerra civil? Además, de manera sorprendente, alguien que no haya nacido todavía podrá, en su día, registrarse como víctima de la guerra o de la represión franquista.

Los autores del proyecto de ley son conscientes del ingente esfuerzo administrativo necesario para alcanzar el objetivo deseado: que centenares de miles de personas se inscriban como víctimas de la guerra y de la represión franquista. Por eso prevé la creación de potentes unidades administrativas, así como una intensa colaboración de las distintas Administraciones Públicas (Estatal, Autonómica y Local). Por la magnitud de la operación el proyecto establece un Plan de Memoria Democrática de carácter cuatrienal. Los planes cuatrienales o quinquenales poseen una larga tradición aunque no sea precisamente democrática.

Pero, como es natural, la elaboración del registro y censo no tienen una mera finalidad informativa. Lo que se persigue es que las víctimas tengan un reconocimiento individualizado, de la forma más solemne posible. Lo explica muy bien la Exposición de Motivos: “el régimen franquista impuso una poderosa política de memoria que excluía, criminalizaba, estigmatizaba e invisibilizaba radicalmente a las víctimas vencidas”, al tiempo que “en el marco de este relato totalitario se establecían importantes medidas de reconocimiento y reparación moral y económica a las víctimas que habían combatido o posicionado (sic) a favor del Golpe de Estado”.

Pues bien, lo que pretende el proyecto es dar la vuelta a la tortilla. Por una parte, borrar, cancelar y eliminar los símbolos y elementos “contrarios a la memoria democrática” que todavía existan, así como prohibir los “actos públicos contrarios a la memoria democrática” (arts. 36 y 37), cuya desobediencia dará lugar a sanciones nada desdeñables. Como el linde que separa lo favorable o lo contrario a la “memoria democrática” es la pertenencia a uno u otro de los bandos de la guerra civil, la exaltación o el elogio a Stalin, por ejemplo, serán perfectamente lícitos: un caso de “democracia militante” un tanto extraño.

Por otra parte, la ley impone con carácter general lo que llama “deber de memoria democrática” (capítulo IV), que tendrán que cumplir y acatar los poderes públicos, las instituciones y, es de suponer, los ciudadanos. El “deber de memoria democrática” incluye dos aspectos: el repudio de los elementos “contrarios” a la misma, esto es, a quienes participaron en el bando de los vencedores; y, en segundo lugar, la promoción de actos conmemorativos, homenajes públicos, reconocimientos a las personas, singularmente las mujeres, “vinculadas a la memoria democrática”, así como a establecer “lugares de memoria democracia” en aquellos edificios o espacios especialmente simbólicos en relación con la “lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades” y con la represión de la Dictadura.

El colofón de este “deber de memoria democrática” consiste en declarar el 31 de octubre de cada año “como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura”. ¿Con qué intensidad se celebrará esta nueva jornada oficial? ¿Quedará como una fecha más del calendario? ¿O será el día solemne para esta nueva “democracia militante”, con una movilización de los ayuntamientos, las instituciones públicas, los ciudadanos, animados por los “movimientos memorialistas”, para honrar y recordar a aquellos españoles que forman parte de la “memoria democrática”? Si esto es así, como de la lógica de la ley se deduce, de tales conmemoraciones quedarán marginados, cualesquiera que hayan sido sus vicisitudes personales, los que hayan tenido que ver con el bando de los “vencedores”. La ley los excluye taxativamente. Lo cual producirá, irremediablemente, el efecto de la resurrección de “las dos Españas”. Eso es exactamente lo contrario de lo que quisimos en la Transición.

Hay otros aspectos del proyecto de ley, como el de la localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas o el tratamiento del Valle de los Caídos, que suscitan serios problemas jurídicos. Pero su análisis excede el objeto de estas líneas. Sí conviene, en todo caso, plantear la pregunta de cuál será la vigencia de esta Memoria Democrática en la sociedad española. Toda acción política genera una dinámica. Predecir cuál será en este caso no resulta fácil. Los objetivos de la ley requerirán un alto grado de movilización y coacción. Los hijos de los que protagonizaron la guerra fratricida optaron (optamos) por la reconciliación, y su obra fue la Transición. Ahora esta ley les presenta el dilema a los nietos: o “las dos Españas” o “la reconciliación”. Esta será la batalla política que no podremos eludir.