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TRIBUNA

El juez político y sus enredos políticos

José Luis Martínez López-Muñiz
domingo 29 de agosto de 2021, 19:06h

Lo que está ocurriendo con el conocido juez político español, que saltó escandalosamente de la magistratura a la política y viceversa, y que fue bien conocido por su apasionada persecución de ciertos delitos y delincuentes, reales o supuestos (mal llamados “presuntos”), en España y en el mundo mundial, con una creciente discriminación ideológica que pudo llegar al esperpento, pone en evidencia los lamentables riesgos que para el Estado de Derecho pueden provenir de instrumentos internacionales ideados precisamente y puestos en marcha para tratar de protegerlo mejor en algo tan básico como los derechos fundamentales. Cabalmente por el carácter eminentemente político de tales instrumentos, aun cuando algunos de los organismos a los que se encomienden estén compuestos formalmente por supuestos “expertos”.

Es lo que pasa, en concreto, con el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, particularmente encargado de supervisar el cumplimiento por los Estados del muy importante Pacto Internacional sobre derechos civiles y políticos de 1966. Un órgano del que nunca se pretendió en sus normas creadoras que fuera un órgano jurisdiccional, un Tribunal de justicia, ni que cumpliera función jurisdiccional alguna sobre casos concretos, y que, por lo mismo, carece de las garantías imprescindibles para ser considerado órgano propiamente jurisdiccional.

Está formado por 18 “nacionales de los Estados Partes” del Pacto, “que deberán ser personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia de derechos humanos”, aunque puedan serlo en un plano puramente teórico, filosófico, sociológico o político, por lo que el mismo art. 28 del Pacto, al que pertenecen estas palabras, añade que “se tomará en consideración la utilidad de la participación de algunas personas que tengan experiencia jurídica”, lo que evidencia que ésta no es necesaria. Se eligen por cuatro años (con una posibilidad de reelección) (art.32), “en una reunión de los Estados Partes en el presente Pacto” en la que al menos estén representados dos tercios de ellos (art. 30.4), entre personas que han de proponer los mismos Gobiernos de los Estados miembros del Pacto, cada uno de ellos 1 ó 2 (art. 29). Quienes, por tanto, precian la requerida “gran integridad moral”, o la “reconocida competencia en materia de derechos humanos”, o su capacidad de vivir la “imparcialidad y conciencia” a que han de comprometerse solemnemente (art.38), son los Gobiernos de los Estados. Y no son ningún secreto las muy distintas y cambiantes varas de medir que unos y otros aplican al respecto. Amén de la heterogénea conformación cultural, política y jurídica de los Estados de todo el mundo que son Partes del Pacto. No deja de ser curiosa, en cualquier caso, la considerable dificultad, por decirlo cortésmente, que ofrece la página web del Comité para identificar los nombres de sus actuales miembros.

La competencia general del Comité, según el art.40 del Pacto se limita a dar su opinión o hacer los comentarios que considere pertinentes, a petición del Secretario General de la ONU, sobre los Informes sobre el cumplimiento del Pacto que el propio Comité pida, pero sin que se contemplen efectos vinculantes al respecto.

El art. 41 prevé además una competencia especial del Comité para analizar las comunicaciones que todo Estado Parte puede hacer, alegando que otro Estado Parte no cumple las obligaciones del Pacto, siempre que los dos hayan aceptado previa y formalmente esta competencia del Comité. Hay que seguir el procedimiento que allí se regula y el Comité debe tratar de lograr una solución amistosa del asunto, basada en el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales del Pacto, emitiendo en otro caso un informe que recoja los hechos y manifestaciones de uno y otro Estado, sin más, aunque también, con el consentimiento de estos, podrá nombrar una Comisión Especial de Conciliación, que puede lograr una solución amistosa a su vez, o acabar con un informe de conclusiones sobre el asunto, que los Estados en cuestión podrán aceptar o no, con la única obligación de comunicarlo al Presidente del Comité (art.42.7).

Ya se ve que nada de esto tiene que ver con lo que es propio de un Tribunal de justicia y que el papel del Comité se orienta más bien a velar por el cumplimiento general, normativo y fáctico, que los Estados hacen del Pacto, proporcionado información y valoraciones a los órganos de la ONU con competencias decisorias políticas.

Con todo, junto con el Pacto, se firmó a la vez un Protocolo facultativo, que España no ratificó hasta 1985 (ocho años después de ratificar el Pacto) y –como otros Estados- con la reserva específica de interpretar el art. 5. 2 de este Protocolo, «en el sentido de que el Comité de Derechos Humanos no considerará ninguna comunicación de un individuo a menos que se haya cerciorado de que el mismo asunto no ha sido sometido o no lo esté siendo a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales”», lo que en realidad solo añade al citado art. 5.2 la inclusión del deber de inadmitir la comunicación cuando se esté tramitando uno de esos procedimientos, algo, en verdad, ya implícito en la exigencia de ese art. 5.2 de que el asunto no se haya sometido a alguno de esos procedimientos, con independencia de que hayan acabado o no. Pero son interesantes los términos, tanto de este precepto del Protocolo, como de la reserva que quiso explicar el Gobierno español en el Instrumento de ratificación: nótese que se habla de procedimiento de examen o arreglo internacionales. Y, sin duda, porque de eso es de lo que se trataría en este nuevo procedimiento ante el Comité de Derechos Humanos a iniciativa de un individuo. Lo que se quiere es impedir que se multipliquen este tipo de procedimientos a nivel internacional, lo que tendría incluso aún mayor justificación si ya hubiera habido un examen, un control internacional propiamente jurisdiccional, judicial.

Lo que añade este Protocolo, a modo de competencia adicional del Comité, es, en efecto, que pueda «recibir y considerar comunicaciones de individuos que se hallen bajo la jurisdicción de» cualquier Estado Parte del Pacto y del Protocolo «que aleguen ser víctimas de una violación, por ese Estado Parte, de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto». Pero ¿para qué? ¿con qué objeto? Pues con una finalidad similar a la que es propia de las competencias del Comité establecidas en el Pacto. Ante la transmisión al Estado correspondiente de la queja recibida, dice el art. 4 del Protocolo que el Estado tendrá que ofrecer al Comité las explicaciones o declaraciones que aclaren el asunto y señalar las medidas eventualmente adoptadas al efecto, para que el Comité pueda examinar y valorar lo acaecido con vistas a presentar sus observaciones al Estado Parte interesado y al individuo (art.5.4), e incluir esas actuaciones (art.6) en el informe anual que ha de rendir a la Asamblea General de la ONU por conductor del Consejo Económico y Social (art. 45 del Pacto). Nada de lo dicho en el Protocolo permite deducir efecto alguno vinculante de las dichas observaciones para los Estados “acusados”. Nada tiene que ver todo esto con actuación alguna propiamente jurisdiccional. Y ni que decir tiene que las intervenciones de los Estados ante el Comité son siempre por vía de sus correspondientes Poderes Ejecutivos, sin que se prevea ninguna de sus órganos judiciales. Nada autoriza, ni en el Pacto ni en el Protocolo, a entender que las actuaciones del Comité puedan obligar directa o indirectamente a cuestionar la cosa juzgada de Tribunales de Justicia legítimamente establecidos. Podrá derivarse de las observaciones –que no dictámenes- alguna directriz que hayan de acoger los órganos ejecutivos responsables de la política en cada Estado sobre los derechos humanos, o incluso los órganos legislativos. Pero en modo alguno cabría entenderlas como susceptibles de obligar a revisar una sentencia judicial –ni en sí misma, ni en sus efectos-, adoptada con todas las garantías, y menos cuando haya pasado ya incluso un control internacional. Es más, si el objeto de la comunicación de un individuo al Comité en queja contra un Estado ha sido ya objeto de un examen, no ya por un organismo político internacional, sino de un órgano judicial, propiamente tal, de carácter internacional, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, parece bastante indubitable que el Comité no debería ni entrar a considerar la queja, en aplicación del art. 5.2 del Protocolo y, tratándose de España, de la reserva que se hizo con la ratificación, como ya quedó dicho.

Es en este contexto en el que nuestro juez político, tras fracasar en sus intentos de que anulasen la condena unánime de que fue objeto el 9 de febrero de 2012 por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo – 7 Magistrados de trayectorias y modos de pensar conocidamente heterogéneos-, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y después de brujulear políticamente cuanto indudablemente ha podido, ha venido a lograr que el Comité de Derechos Humanos haya aceptado examinar su queja, a pesar de que ya se había sometida a un organismo internacional y tan apropiado como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para evacuar el dictamen que se ha conocido estos días.

Con un tono por que el parece pretender erigirse en una especie de Tribunal internacional, pero sin las más elementales garantías que ello requeriría, no se limita el Comité a indicar al Estado español lo que a su entender, a la vista de lo analizado, debería tratar de mejorarse o de corregirse en la protección de los derechos humanos del Pacto, sino que trata de establecer para el Estado español la obligación de echar abajo en sus efectos lo que, hace 9 años y medio, el Tribunal Supremo dejó sentado en una sentencia larga y muy cuidada, que atendió con rigor a todo lo planteado en el proceso.

El Comité argumenta, por ejemplo, entre otras cosas, en varios momentos con las actuaciones del Ministerio Fiscal en el proceso que llevó a esa sentencia, pero, claro, sin quizás ni siquiera saber que el Fiscal del Supremo por aquel entonces había sido recientemente nombrado por el Fiscal General del Estado, Sr. Conde-Pumpido, no precisamente imparcial sobre el asunto, como tampoco lo era la Gobierno de la época. O se permite incluso establecer sus conclusiones, contrarias a las pulcra y reiteradamente establecidas en la sentencia condenatoria, en razón de las dudas que le ofrecen algunos de los aspectos más capitales del asunto, como si el Supremo no hubiera ya zanjado tales dudas de manera explícita y como si, no ya una evidencia manifiestamente contraria a ello, sino la duda pudiera justificar que un órgano político como el Comité desautorice al Tribunal Supremo de un Estado de Derecho como el español, lo que se negaron hacer en su día –siendo competentes para ello- el Tribunal Constitucional y –debe subrayarse de nuevo- el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Supremo ya ha dejado claro, con toda razón, que no está obligado por lo dicho por el Comité. Pero se está afirmando que el Gobierno es el que tiene que llevar a cabo las actuaciones pertinentes para cumplir lo que se establece como una obligación del Estado español: borrar los antecedentes penales del autor (de la comunicación en queja) y proporcionarle una compensación adecuada por el daño sufrido. Algo que, con los ajustes legales que sean, podría llevarse a cabo sin tocar para nada la sentencia condenatoria, desde luego, aunque sea cuestionable que el Estado español tenga que pasar por esta auténtica condena, que no simple observación del Comité.

Si el Comité estuviera en verdad facultado para tomar tan graves resoluciones, los principios del Estado de Derecho requerirían que el Estado español pudiera utilizar un recurso verdaderamente jurisdiccional contra lo que decide un órgano que es político-administrativo y no jurisdiccional. No pocas de las imputaciones injustificadas que hace a la sentencia cuestionada serían precisamente de aplicación a este supuesto dictamen del Comité, como la falta de imparcialidad. Pero es que además en el procedimiento seguido pareciera que no hay en el asunto más interesado que el Estado. Las diversas partes del proceso que llevó a la sentencia cuestionada, no existen como interesados para el Comité. La actuación del Comité no cumple las exigencias mínimas de cualquier decisión de relevancia jurisdiccional como la por él adoptada, precisamente recogidas en el Pacto por cuyo cumplimiento él mismo debe velar. El Estado español pueden contestar explicando por qué no le parece, en consecuencia, estar obligado por lo “observado” por el Comité salvo para considerar quizás “pro futuro” algún aspecto sobre la configuración de algún tipo delictivo para incrementar, tal vez –si puede ser-, la seguridad jurídica.

Claro que no es improbable que el juez político del caso cuente o haya quizás incluso ya contado con el apoyo político, precisamente, del actual Gobierno, aunque ello pueda comportar un paso más en la subversión de los valores del Estado de Derecho. Cosas sólo al alcance de quien lamentablemente, con sus relaciones y un poder fáctico logrado por no se sabe bien qué medios, puede permitírselo.

José Luis Martínez López-Muñiz

Catedrático de Derecho Administrativo y profesor emérito de la Universidad de Valladolid

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