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PLAN DE CHOQUE

El Gobierno intenta bajar la luz con un hachazo a las eléctricas, que preparan su respuesta

El Gobierno intenta bajar la luz con un hachazo a las eléctricas, que preparan su respuesta
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(Foto: Efe)
EL IMPARCIAL/Efe
martes 14 de septiembre de 2021, 18:36h
Las nucleares amenazan con cerrar si el Ejecutivo sigue con su plan.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo paquete de medidas con el objetivo de amortiguar la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista, una situación que se mantiene en el tiempo y que ha provocado que esta semana se hayan vuelto a registrar varios máximos históricos.

El Gobierno ha acordado solicitar al Congreso que tramite con urgencia los dos proyectos de ley aprobados este martes para disminuir los costes del recibo de la luz y reducir ingresos extra de las centrales hidroeléctricas y nucleares. El objetivo que maneja el Ejecutivo es abaratar la factura de la luz en un 22%.

Las eléctricas deberán devolver temporalmente los beneficios "extra" que están obteniendo en el mercado eléctrico mayorista (pool) como consecuencia de los altos precios internacionales del gas y que, según estimaciones del Gobierno, a precios actuales sumarán unos 2.600 millones de euros.

Esta medida, que se aplicará hasta el 31 de marzo de 2022 y cuyos ingresos se destinarán a reducir los cargos que pagan todos los usuarios en su factura eléctrica, forma parte del plan de choque aprobado por el Consejo de Ministros vía real decreto-ley para amortiguar el impacto en el recibo de la luz de los altos precios del pool, que desde julio se encuentra en máximos históricos.

Las instalaciones afectadas por esta media son nucleares, hidráulicas y renovables a mercado (aquellas que no reciben primas ni han participado en subastas), salvo aquellas con capacidades instaladas de menos de 10 megavatios (MW).

El objetivo es que las empresas devuelvan hasta el 90 % de esos beneficios extraordinarios, sobrevenidos súbita e inesperadamente por los desajustes en los mercados internacionales del gas, han explicado fuentes del Ministerio para la Transición Tecnológica, que han señalado que la medida estará vigente hasta marzo del año que viene, cuando se prevé que los precios gasistas comenzarán a bajar.

Por otro lado, el real decreto-ley modifica la Ley de Aguas para ordenar el uso del agua como bien ambiental y social de primer orden y evitar "súbitos" desembalses como los registrados este verano en algunas cuencas. Así, al inicio de cada año hidrológico, las confederaciones hidrográficas fijarán un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en los embalses mayores de 50 Hm3 , tanto para situaciones de normalidad hidrológica como de sequía prolongada, así como un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada mes.

Amenaza con la paralización de las nucleares

Está previsto que la patronal de las eléctricas se posicione este miércoles contra la medida. No obstante, hoy mismo el Foro Nuclear ha advertido que las centrales nucleares españolas se verán obligadas a parar su producción si el Gobierno aprueba el proyecto de ley que regula el dividendo del CO2, por el cual se reducen los beneficios que obtienen las plantas de esta tecnología al no emitir dióxido de carbono.

Según el Foro Nuclear, el proyecto de ley del CO2, en los términos en los que está planteado, unido a la "excesiva presión fiscal" que sufre el sector, hará imposible que las centrales nucleares españolas sigan funcionando. El Foro Nuclear defiende que el proyecto de ley de CO2 no debería aplicarse sobre la energía nuclear, ya que las plantas nucleares renuevan sus autorizaciones de explotación periódicamente teniendo en cuenta el mecanismo de asignación de derechos de emisión de la Unión Europea, que se creó en 2003, y el precio del CO2 del mercado internacional.

Así, aseguran que si el proyecto de ley del Gobierno hubiese estado en vigor, no se habría solicitado la renovación de las autorizaciones de explotación de las centrales, y reclaman que, en el caso de aprobarse la nueva normativa, no se aplique de forma retroactiva. Sin embargo, si el proyecto de ley sale adelante, la patronal del sector nuclear advierte de que el precio de venta real de la generación eléctrica nuclear, una vez minorado el precio del CO2, no debería ser inferior a los 57-60 euros por megavatio hora (MWh) con el nivel impositivo actual para garantizar la continuidad de las plantas nucleares.

Límite a la tarifa regulada del gas

El Gobierno ha decido limitar la subida de la tarifa regulada del gas natural para evitar que se dispare con motivo del encarecimiento de los precios internacionales del gas natural, con lo que en octubre subirá sólo un 4,6 % en lugar del 29 % que debería subir de aplicarse la fórmula vigente.

Para afrontar esta coyuntura, durante los próximos seis meses se limitará el impacto del coste de la materia prima en el cálculo de las tres bandas de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR), de modo que el incremento medio en la próxima revisión trimestral, el 1 de octubre, será del 4,6 %, en lugar del 29 %.

Las cantidades adeudadas a las comercializadoras, que tendrán que financiar la diferencia entre lo que ingresan por la tarifa y lo que tienen que pagar en el mercado para comprar el gas, se repercutirán en las siguientes revisiones, con un mecanismo amortiguador similar al existente para las bombonas de butano, cuyo precio no puede subir nunca más de un 5 %. Así, las comercializadoras recuperan el dinero que les queda pendiente de ingresar en las revisiones trimestrales en las que el precio no tendría por qué subir ese 5 % o, incluso, cuando tocaría bajarlo.

Según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica este sistema no generará un déficit y de no aplicarse esta limitación (no bajar ni subir más de un 5 %), la TUR debería subir en el cuarto trimestre de este año y en el primer trimestre de 2022 entre el 20 y el 40 %.

En España, hay aproximadamente 8 millones de clientes de gas natural, de los que 1,6 millones están a tarifa regulada, y el resto (6,4 millones) en el mercado libre y que pagan los precios establecidos en sus respectivos contratos (y que se revisan periódicamente), según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

En el caso de la TUR, los precios se actualizan cada 3 meses, siempre que la variación del precio del gas de referencia supere el 2 %. La última revisión fue el 1 de julio, cuando la TUR subió cerca del 4 %. El precio del gas de referencia para la TUR tiene 3 componentes principales: el precio del barril de Brent, el tipo de cambio euro/dólar y la cotización del gas en el mercado mayorista del Reino Unido, que se toma como referencia.

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