Resulta extraordinariamente paradójico que la Judicatura española, integrada por Jueces y Magistrados erigidos en incansables servidores públicos, que sortean cada día dificultades de medios personales y materiales, sea vista en el plano internacional con admiración y ejemplo de profesionalidad, mientras que en nuestro país se suela trazar sobre ella una inexplicable sospecha de parcialidad.
En mis años de ejercicio profesional jamás he sufrido, presenciado o escuchado ejemplo alguno de intimación, presión o recomendación dirigida a menoscabar la independencia judicial y, sin embargo, la ciudadanía muestra cierto grado de desconfianza hacia nuestro trabajo. Ello es debido a la tan manida últimamente “politización” de la Justicia.
Cierto es que la Política, concebida como arte o doctrina que permite al ciudadano participar en los asuntos públicos para lograr una “objetividad rigurosa”, en palabras de Platón, debe estar presente en toda toma de decisión que afecte al interés general de la sociedad, pero también lo es que durante las últimas décadas en España parece haberse olvidado ese interés general, esa objetividad rigurosa, en beneficio de los intereses de los partidos, que pretenden no solo copar los cargos públicos sino extender su dominio sobre todo el entramado institucional e incluso económico y social.
La Política invade con preocupación esferas donde debe primar la técnica, la pericia, la objetividad, el mérito y la capacidad. Así viene ocurriendo con la sanidad, la educación y, desde luego, con la Justicia, con la agravante de que ésta, en su concepción de Poder del Estado, debe controlar y supervisar el ejercicio de los restantes Poderes.
Solo esta expansión desmedida de la Política puede explicar la negativa percepción que los ciudadanos tienen de nuestras instituciones, y particularmente de la Justicia. Hartos de dudas, sospechas, conjeturas, elucubraciones y conspiraciones que dañan nuestras instituciones y con ellas a la sociedad.
Por este motivo, estos tres últimos años, con la complicada e imprescindible renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), asistimos a un momento histórico. Diferentes actores y operadores jurídicos, colectivos profesionales, asociaciones de Jueces y Magistrados, plataformas sociales, partidos políticos e instituciones europeas han recogido esa preocupación social y plantean importantes cambios, no solo en la forma sino también en cuanto al fondo, en relación a la designación de los vocales del CGPJ, que debe insistirse, no ejercerán como Jueces sino como miembros de un Órgano Gubernativo, con funciones gestoras y de fiscalización, entre otras.
De una crisis institucional como la que vivimos estos días solo podemos salir reforzando la independencia y la transparencia de las Administraciones Públicas, superando esa larga sombra de la Política que entre todos hemos dejado crecer y que ha alejado a la sociedad a la que sirve de la necesaria confianza para la paz social.
Mas allá de polémicas estériles e interesadas, es preciso y urgente otorgar una nueva configuración al Órgano de Gobierno de los Jueces, estableciendo un sistema de designación de los Vocales con mayor participación directa de los propios Jueces y Magistrados, así lo exige nuestra Constitución y así lo reiteran en los últimos meses las resoluciones de la Comisión Europea, del Consejo de Europa o de la Comisión de Venecia; pero al mismo tiempo, debe aprovecharse esta ocasión histórica para dotar al CGPJ de verdadera autonomía presupuestaria, con plena capacidad, real y efectiva, de atender y gestionar las necesidades de Juzgados y Tribunales.
Solo este planteamiento devolverá al Poder Judicial a su ubicación original, de donde nunca debió salir en un Estado de Derecho, con independencia, autonomía e integrado en la sociedad a la que debe proporcionar seguridad, confianza y calidad en el servicio público que constitucionalmente tiene encomendado.
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