Ante las últimas informaciones aparecidas sobre las intenciones del Gobierno con el castellano en la administración y en el ámbito educativo en determinadas zonas de España, el presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado la “persecución”, ha su juicio, “intolerable” al español que está llevando a cabo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha prometido que cuando lleguen al Gobierno aprobarán “una ley para garantizar el español en la educación y la administración”.
El líder de los populares lo anunciaba así en la red social Twitter:
Esta semana, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, informaba de que su grupo está dispuesto a "valorar" el uso de lenguas cooficiales en la Cámara Baja, tras aceptar el estudio de una iniciativa que pretende ampliar el uso del catalán, el vasco y el gallego en el Senado. Aunque Posteriormente, el propio grupo socialista aclaraba que "ha de cumplirse respecto a las lenguas lo que marca la Constitución y por tanto el uso del castellano en el Congreso", hay que recordar que el pleno del Senado dio este miércoles el visto bueno a la toma en consideración de una propuesta de reforma de su reglamento promovida por JxCAT para ampliar el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Alta.
La medida no saldría barata. En el caso del Senado, el portavoz de JxCAT, Josep Lluís Cleries, calculaba en unos 950.000 euros el coste económico de la reforma reglamentaria, mientras que en el caso del Congreso la formación aún no tiene una estimación de lo que supondría.
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, consideraba entonces que "hay una lengua oficial que hablamos todos", que es el castellano, y la prioridad debería ser "garantizar" su uso "en Cataluña o las islas Baleares": "En eso debería estar empleándose a fondo el Gobierno de España y no en ceder ante los independentismos en cuestiones que no van a arreglar para nada el día a día de una familia española, un autónomo español o un empresario".
La portavoz consideraba que la prioridad es "garantizar el uso del castellano en Cataluña o las islas Baleares".
Igualmente, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha señalado que el castellano debe ser "la lengua oficial en instituciones públicas como el Congreso y el Senado, que representan al conjunto de los españoles", porque, aunque las cooficiales "son muy respetables", es el castellano el "vehículo común en el que nos entendemos todos".
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, considera "un disparate" que el Senado haya acordado abordar el uso de las lenguas cooficiales al mismo nivel que el castellano, lo que calcula que "triplicará el gasto público en intérpretes y traductores", y está en contra de implantar una iniciativa similar en el Congreso.
En cambio, han mostrado ya su total predisposición a apoyar esta iniciativa, ademád del PSOE, Unidas Podemos, JxCAT, PDeCAT, ERC, La CUP, BNG, PNV y EH Bildu.
Ley Audiovisual y lenguas
Otro frente abierto es el del proyecto de ley audiovisual. El Gobierno asegura que lo llevará al Parlamento y erá "escrupulosamente respetuoso" con las competencias de las comunidades autónomas y con la posibilidad de establecer otro tipo de medidas de protección de las lenguas cooficiales. Formaciones políticas y asociaciones presionan ya al Ejecutivo para que dé prioridad al catalán y otras lenguas en detrimento del español.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, decía el martes pasado que "el Gobierno está absolutamente comprometido con la protección de las lenguas cooficiales porque es una parte de la riqueza de nuestro país".
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