Como ya hemos afirmado en El Imparcial, ningún país tiene derecho a obligar a sus ciudadanos a vacunarse. Atentaría contra los derechos humanos, incluso contra la libertad individual, como ha reconocido la Comisión Europea. Pero se ha abierto un debate, pues para alcanzar la inmunidad de grupo resulta imprescindible que la inmensa mayoría de la población esté vacunada. Los científicos estiman que hay que alcanzar el 90 por ciento, no basta con el 70, como decía Pedro Sánchez.
Los negacionistas, los que todavía rechazan el cambio climático mientras medio mundo sufre catástrofes naturales por ese motivo, ahora han centrado su batalla en propagar que las vacunas son perjudiciales, incluso los más radicales aducen que producen alteraciones genéticas o que llevan un chip que han instalado las farmacéuticas para controlar a la Humanidad.
Pero por muy surrealista que sea el argumento de los negacionistas, muchas personas lo creen y rechazan la vacuna. No quieren aceptar que en España, por ejemplo, en su último estudio, se demostraba que el 80 por ciento de los contagiados no han recibido ni una dosis, el 15 por ciento solo una y el 5 por ciento la pauta completa. Y los que se encuentran inmunizados apenas sufren las consecuencias de la enfermedad. El argumento decisivo es que el número de muertos se ha desplomado desde que comenzó la vacunación masiva.
La fórmula que están poniendo en marcha algunos países, aunque puede ser considerada discriminatoria, es, sin embargo legal. Se trata de impedir el acceso de los que no puedan acreditar que están vacunados a comercios, salas culturales, estadios deportivos, transportes públicos, restaurantes o a cualquier lugar cerrado. El Gobierno de Sánchez y la mayoría de tribunales se oponen a estas medidas precisamente por considerarlas discriminatorias. Pero no es así, puesto que toda la población puede vacunarse y gratuitamente. Quienes se opongan tendrán que asumir que no pueden acceder a lugares cerrados donde resulta imposible mantener las distancias de seguridad y, por lo tanto, pueden contagiar a otros ciudadanos, impidiendo que se extinga la pandemia.
Es, sin duda, un debate complejo. Un debate que deberían abordar las Administraciones con campañas sobre la necesidad y los beneficios de la vacunación. Convencer a los ciudadanos de que, además de impedir ser contagiado y sufrir la enfermedad, ayudarían a alcanzar esa inmunidad de grupo y a eliminar la pandemia. Y los que se opongan, deberían atenerse a las consecuencias. Nunca como en este caso estaría justificado aplicar el “derecho de admisión”.
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