La exministra de Exteriores asegura que la entrada en España del líder del Frente Polisario fue "de acuerdo con la ley" y por motivos humanitarios.
La exministra de Exteriores Arancha González Laya ha asegurado este lunes que la entrada en España en abril de este año del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, por la Base Aérea de Zaragoza, fue "de acuerdo con la ley" y que se le acogió por motivos humanitarios, pero se ha acogido a la Ley de Secretos Oficiales para no responder cuando se le ha preguntado por quién dio la orden del operativo.
"La entrada se hizo, desde mi punto de vista, de acuerdo con la ley. Espero que pronto el juez llegue a la misma conclusión", ha destacado tras su comparecencia, de cerca de una hora de duración, y en la que se ha negado a responder a la acusación popular y a la particular por discrepancias con su acceso a este procedimiento.
La exministra ha rechazado los tres delitos que se investigan, tanto el de prevaricación como los de encubrimiento y falsedad documental y se ha amparado ante el juez en la Ley de Secretos Oficiales para no desvelar cuestiones que pueden implicar "riesgo para la seguridad y defensa de España".
Fuentes presentes en la declaración han indicado que la exministra se ha amparado en tres ocasiones en esta ley al ser preguntada por la gestión de la entrada de Gali con las autoridades argelinas y por los miembros del Consejo de Ministros que estaban al corriente.
De esta forma, la exministra ha protegido al Gobierno de Pedro Sánchez en sede judicial al negar cualquier irregularidad y, en una comparecencia breve antes los medios, ha apuntado que se acogía a la normativa legal que regula la dispensa de materias clasificadas para no responder a ese asunto.
El PP le preguntaba antes si diría quién es la persona que le dio la orden.
Ha explicado que la entrada de Gali se realizó de acuerdo a las circunstancias excepcionales que prevé el código recogido en el Tratado de Schengen, que permite la entrada en el país de personas sin pasaporte por motivos, entre otros, humanitarios y a petición de otro estado. En su apoyo, la representante de la Abogacía del Estado ha alegado que el líder polisario, que ingresó en el hospital de Logroño con una afección grave por coronavirus, disponía de un documento de identidad español, que renovó él mismo en persona en 2016, con lo que no cabe el delito de prevaricación.
González Laya ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación tras declarar ante el titular del juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, que investiga la entrada en el país de Gali en un avión medicalizado por la base aérea de la capital aragonesa el 16 de abril para ser tratado de la covid-19, lo que causó una crisis diplomática con Marruecos.
"La entrada se hizo, desde mi punto de vista, de acuerdo con la ley. Espero que pronto el juez llegue a la misma conclusión", ha destacado ante los medios la exministra tras su comparecencia para declarar como investigada, que se ha prolongado durante cerca de una hora.
El magistrado citó como investigada a González Laya después de que su jefe de gabinete, Camilo Villarino, investigado también en esta causa, admitiera en su declaración judicial que recibió instrucciones de la exministra para facilitar la entrada de Gali con la "máxima discreción", ya que la divulgación pública del viaje podría causar un "perjuicio" a las relaciones internacionales del país.
El juez investiga supuestas irregularidades en la entrada en España del líder saharaui, a raíz de una denuncia por supuestos delitos de falsificación, prevaricación y encubrimiento por parte de altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de funcionarios de Fronteras en España, después de su entrada, al parecer, sin pasar controles de fronteras ni de documentación exigidos para la entrada en el espacio Schengen (espacio común europeo), según un abogado que presentó la denuncia.
El mismo 13 de septiembre, el teniente general y segundo jefe del Estado Mayor del Aire, Francisco Fernández, en su calidad de testigo, confirmó al juez que Villarino le pidió por WhatsApp que a la llegada del avión a Zaragoza no se realizara el control de pasaportes a los viajeros y que le escribió la frase: "Quien lo tiene que saber, ya lo sabe".
El próximo 18 de octubre, el juez Lasala tiene previsto tomar declaración por videoconferencia, en este caso como testigos, a Susana Crisóstomo, directora de gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a María Isabel Valldecabres, que era jefa de gabinete de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, cuya comparecencia como testigo fue solicitada por el acusador particular Antonio Urdiales.
En respuesta a esta petición, el juez optó por esperar al resultado de las declaraciones de las jefas de gabinete de Calvo y Marlaska antes de decidir sobre esta petición.
Mientras tanto, el juez deberá responder a la petición hecha el pasado el 27 de septiembre por la Abogacía del Estado de la petición de sobreseimiento de la causa.
La llegada de Gali generó una seria crisis diplomática entre España y Marruecos, con el trasfondo del conflicto del Sáhara Occidental, antigua colonia española cuya soberanía reclama Rabat
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