Dos noticias de nuestra actualidad

Dos noticias de la semana: la presidenta del Congreso de los Diputados se ve obligada a desposeer a un diputado de su escaño por mandato de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y esa sería la mala noticia; y la buena tendría que haber sido el acuerdo para elegir por esa Cámara a los magistrados del Tribunal Constitucional.

Tengo la impresión, sin embargo, que ambas noticias han sido conocidas por la opinión pública con mayoritaria indiferencia; consecuencia del lamentable alejamiento ciudadano de la política de nuestros días.

Pero una y otra noticia, en mi opinión, merecerían la máxima atención.

Una Sala del Tribunal Supremo ha impuesto su criterio sobre el poder legislativo, el primer poder del Estado. Es conocido, pues se trata de la balanza entre el Poder Judicial (que figura así en la Constitución) y las Cortes Generales (que figuran sólo así): como no hay vacío de poder, si el Congreso está dividido, sometido a la política partidaria y al Gobierno, con los ciudadanos indiferentes a sus actuaciones, con líderes parlamentarios mal valorados, entonces, por efecto de los vasos comunicantes, el poder judicial en todo se pone al nivel del poder legislativo.

Esa analogía con la Física, me permite afirmar que es una malísima noticia. ¿Por qué? Porque: “Las Cortes Generales representan al pueblo español”, según se lee en la Constitución, y los jueces no deberían estar mandando por encima de los demás poderes.

La Sala segunda del Tribunal Supremo juzgó al diputado y dirigente de Podemos, Alberto Rodríguez Rodríguez (Tenerife, 1981), y lo declaró culpable de un hecho anterior a su condición de diputado. Fue condenado a pagar una multa de 540 euros, que sustituía a la pena de 45 días de cárcel, que la Sala no quiso aplicarle, tal vez por temor a la impopularidad de condenar a un electo.

La Sala comunicó al Congreso la sentencia, y no decía nada sobre si el diputado debía perder su escaño. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet (Barcelona, 1973), pidió un informe a los letrados, unos funcionarios escrupulosamente independientes, y el informe concluía que el diputado podía conservar su escaño.

Sin embargo, cuando la presidenta consultó al presidente de la Sala, Manuel Marchena (Gran Canaria, 1959), éste contestó con cierta ironía: “Como vuestra excelencia conoce, la Ley del Poder Judicial no incluye entre las funciones del Tribunal Supremo la de asesorar a otros órganos constitucionales acerca de los términos de la ejecución de una sentencia ya firme”. En plata, Marchena le decía a la presidenta que el diputado quedaba inhabilitado, pues la multa, según él interpreta, no extingue la pena de cárcel. Sin embargo, los letrados del Congreso y un buen grupo de juristas han escrito que la multa sustituye a la cárcel, a todos los efectos, incluyendo la inhabilitación, pues como se pregunta un penalista destacado: "¿Cuál es el período de duración de una pena que no se ejecuta?”.

Lo que aparentemente parecía ser una benemérita decisión de los magistrados al sustituir la cárcel por una multa, escondía un desquite contra la política: el diputado iba a ser expulsado de la Cámara por su presidenta; mientras la Sala se lavaba las manos, la Justicia devolvía a la política las tareas que la política había estado delegando en la Justicia porque no quiso mancharse las suyas, por ejemplo, dejando el problemón de Cataluña sólo en manos de la Justicia.

Este juego perverso que viene enredando a los jueces con la política, ¿no está en el fondo de los reiterados ridículos de la Justicia española en los tribunales europeos?

La politización judicial y la polarización partidaria nos están perjudicando, hasta en las instituciones europeas. Cuando el magistrado Marchena no fue claro en la sentencia del diputado Rodríguez, la actitud de la vicepresidenta, y antigua presidenta del Congreso, Ana Pastor (Cubillos, 1957), poniendo en duda la objetividad del informe de los letrados, abonó la sospecha de que existía una comunicación, también oculta, entre los partidos de la oposición y la mayoría de magistrados que condenaron al diputado. Resuenan las palabras escritas por el portavoz del PP, Ignacio Cosidó, cuando propuso a Marchena para presidente del Poder Judicial en 2018: “Controlando la Sala Segunda desde atrás”.

Alberto Rodríguez Rodríguez, ahora que ha dejado el escaño y su militancia, acudirá al Tribunal Constitucional para defender sus derechos. Es un trámite necesario para llegar al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, y a la vista de lo que sabemos, tiene muchas posibilidades de ganar su demanda. ¿Por qué no fue al Tribunal Constitucional entonces, y por qué prefirió amenazar, en aquel momento, a la presidenta del Congreso con la estupidez de denunciarla por prevaricación? ¿Porque sólo se recupera la inteligencia cuando se está fuera del argumentario partidista?

La segunda noticia es la candidatura que votará el Congreso de los Diputados de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Un ministro del Gobierno y un dirigente del PP lo han anunciado, y han mostrado su gran satisfacción. La opinión pública pasa del asunto. Pero para quienes se han preocupado por el acuerdo de los dos partidos, como poco, han expresado su estupor; uno de los motivos procede del hecho de que casi todos los candidatos han sido miembros de un Consejo del Poder Judicial, marcados por su politizada historia. El ministro y el dirigente popular puede que se crean sus palabras, pero los diputados, los únicos que poseen el derecho de elegir a los magistrados constitucionales, ¿podrían votar si fuesen libres a esos candidatos conociendo sus biografías?