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TRIBUNA

Rey Pedro

sábado 06 de noviembre de 2021, 18:26h

Tres sentencias después, mediante las cuales el Tribunal Constitucional anulaba cada uno de los decretos con los que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobaba el correspondiente estado de alarma, no hay novedad en la vida de palacio, ni se la espera. La explicación más probable de dicha inacción apunta a la triple nevada jupiteriana que tras cada sentencia bloqueó Madrid, las mayores en la historia capitalina desde que hay mediciones. El Alto Tribunal, cierto, podría haber recurrido a las viejas señales de humo telefónicas para hacer oír su menguada palabra, pero lo descartó porque imaginó que ninguno de los posibles receptores de las mismas, según dicta la norma, atendería a sus llamadas: el Presidente, porque calculando la posición de los espejos de su próximo paseo estaría ordenando a su ivánredondo de turno que le explicara qué canas teñir y cuáles desteñir para impactar; la Vicepresidenta primera y socialista de aluvión, enfrascada en su obsesión por parecer algo, golpearía una vez más al espejito mágico para que le dijera por qué siendo formalmente tanto no era realmente nadie; y la Vicepresidenta segunda se tendría que probar los tres mil ochocientos modelos que aún le faltaban antes de decidirse por cuál le sentaba más comunista de todos.

El caso es que, tres sentencias después, no ha habido más reacción en el Gobierno que no tener ninguna. Empero, si bien dicho ente máximo no reacciona, la política sí, y lo que ahora nos muestra no es sólo la infinita desvergüenza de sus miembros, en coherencia con la infinita sed de poder de su Capo, en la que los demás esconden la suya; da vida además a un ser terrorífico en grado de engullir la democracia, porque lo que en escena aparece es la creación de un Poder omnímodo que se desentiende de la ley y socava su poder: el monstruo de una Monarquía Ilegal.

España ahora es una Monarquía Constitucional que convive con una Monarquía Ilegal más poderosa que cualquiera de las del pasado; no es la Monarquía plenipotenciaria del Ancien Règime porque, aunque era absoluta, su absolutismo era legal; ni el poder de Rey Pedro es el que le otorga la prerrogativa made in Locke, porque se trataba del nudo poder, fiado a la santa voluntad del titular del poder ejecutivo precisamente, con el que su ordenamiento constitucional completaba políticamente el poder sobre el dominio ajeno a la ley en el ámbito interno y la totalidad de la esfera de las relaciones internacionales; ni, por supuesto, reproduce modelos arqueológicos, como la monarquía dual de Esparta y, a su manera, el biconsular de Roma. Ni, en fin, Rey Pedro es un tercer Rey que se une al vigente y al Emérito, por mucho que sea su propósito previo destronamiento de los dos advenedizos.

La Monarquía de Rey Pedro, en cambio, finge respetar la Constitución, pero la pulveriza en la práctica al desoír los mandatos de la máxima autoridad que vela por la legalidad, convirtiendo a su órgano en un auténtico rey desnudo, además de mudo. Él se proclama fiel cumplidor de las leyes, pero el gallo de sus acciones lo ha traicionado las tres veces que ha decretado el estado de alarma: y una puede ser un error, pero tres –sin recurrir a una dimisión en grado de permitirle disimular sus intenciones– apuntan a una feroz voluntad de delinquir. Dice rendir homenaje a los derechos fundamentales, pero cada decreto de alarma alarmaba a quien considera que el poder político no puede dejarse un minuto sin control por lo que suele acompañarle: la violación de tales derechos, la designación de quien debe “formar parte de la comisión del Centro Nacional de Inteligencia” aprovechándose de una pandemia, la dejación de las obligaciones que restan votos, el aniquilamiento fáctico de la oposición, etc. Los escrúpulos vienen de serie en toda persona con sensibilidad, con un simple adarme de humanidad en su corazón, en quien empatiza mínimamente con otro: lo que vemos al analizar la conducta de Rey Pedro es que la naturaleza fracasó en su tarea de completar un ser humano cuando alguien nace.

¿Cómo es posible refrenar al tirano? ¿No cabe una reforma de la Constitución que si no lo evite por completo al menos ponga las cosas más difíciles a quien le suceda? En una celebrada entrevista concedida por Ramón Rodríguez Arribas, Vicepresidente emérito del T.C. a El Debate (https://www.eldebate.com/espana/20211104/ramon-rodriguez-arribas.html), a la que pertenecen las palabras entrecomilladas más arriba, aquél lamenta profundamente tanto los desmanes deliberados del Gobierno como que los “retrasos que sufren las resoluciones de los tribunales, el Constitucional entre ellos, a veces convierten las sentencias en puras declaraciones formales, con una eficacia práctica muy limitada”, pero la sola solución que encuentra en el actual ordenamiento para las tres sentencias condenatorias es que el Gobierno sea “autocrítico”; y sin embargo cabría una solución: “reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que, en determinados casos, se establezcan plazos máximos para resolver los problemas que afectan a la estructura básica del Estado o a la eficacia de los derechos fundamentales. Porque cuando eso se exige, se cumple”. Para otras leyes con marchamo ilegal, como la de educación, considera que existiría una solución sencilla: la implantación “[d]el recurso previo de constitucionalidad de las leyes orgánicas”. Y, sin embargo, cuando acto seguido se le pregunta por la reforma de la Constitución se declara fiel admirador de la misma y aboga por mantenerla tal cual, incluso para aquello que debería ser cambiado.

La pregunta, que tendrá sentido cuando Rey Pedro haya sido depuesto y un igual no le suceda, es: ¿no cabe reformar la Constitución a fin de que quepan en ella la reforma de la Ley Orgánica del T.C. en el sentido antedicho y la implantación del recurso previo de constitucionalidad de las leyes orgánicas? Lo que bien sabemos es que en el ejército de asesores a los que Rey Pedro paga con dinero nuestro por titirearlo a gusto y conveniencia del títere algunos cumplen cum laude su función y han descubierto los oscuros laberintos por los que una democracia puede dejar de serlo, como la inexistencia de normas indispensables a la libre convivencia o la lentitud de las sentencias, que acaban fiando al delincuente la cura de su delincuencia como si se pudiera delinquir sistemáticamente por distracción. Y lo que creemos saber es que la constitucionalización de tales medidas impediría que una futura tensión entre las instituciones susceptible de degenerar en un conflicto entre la ley y el poder nos pillara tan indefensos como ésta, pues si un nuevo Rey Pedro llegase al poder y, parafraseando libremente a Maquiavelo, quisiera por propio interés dejar de creer en la ley, ésta podría recurrir a la fuerza para constreñirlo a seguir creyendo.

Antonio Hermosa

Catedrático de Filosofía Antigua

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