En el 85º aniversario de las matanzas de Paracuellos

Este fin de semana se cumple el 85º aniversario de las matanzas de Paracuellos del Jarama, Aravaca y Torrejón de Ardoz. Entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, grupos de milicianos del PSOE, el PCE, la UGT y la CNT asesinaron a cerca de cinco mil hombres y mujeres encerrados por motivos políticos en las cárceles madrileñas (la de Porlier, la Modelo y la de San Antón). Entre las víctimas, había 276 menores de edad. Alguna de ellas sólo tenía 13 años. Los milicianos llegaron a matar a padres, hijos y hermanos juntos. El crimen se cometió siendo Santiago Carrillo consejero de Orden Público, con conocimiento de la Junta de Defensa de Madrid, que presidía el general Miaja, y con respaldo del ministro de la Gobernación, el socialista Ángel Galarza.

Las matanzas de Paracuellos, al igual que los demás crímenes cometidos entre 1931 y 1939 por las autoridades republicanas, las distintas organizaciones de izquierda -partidos, sindicatos, milicias, bandas de pistoleros- y los nacionalistas vascos y catalanes, son un tema del que se habla poco en la España de nuestro tiempo. Desde que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsase el movimiento de la “memoria histórica”, la verdad de lo ocurrido durante la II República Española y durante la Guerra Civil en la zona bajo control republicano ha ido cayendo en el olvido o ha sido tan tergiversado que cualquier parecido con la verdad es pura coincidencia. La persecución religiosa padecida por la Iglesia católica es un tema casi de mal gusto en la vida política española. Recordar que aquella república fue un régimen ilegítimo que dividió a los españoles y los abocó a una guerra fratricida es como mentar la soga en casa del ahorcado. Sólo se conmemoran y se recuerdan los crímenes que la izquierda y los nacionalistas reconocen como tales.

La ofensiva para borrar del recuerdo las atrocidades cometidas por el bando republicano -ni siquiera se suele hablar de “rojos”- se ha impulsado desde el poder. Tanto los gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez como el gobierno de Mariano Rajoy han apoyado el movimiento de “memoria histórica” a través de fondos públicos y de acción política. Zapatero y Sánchez intensificaban los esfuerzos para deslegitimar a la derecha. Rajoy trataba de hacerse perdonar. A los esfuerzos desde el gobierno central, se sumaban los de los nacionalistas en las comunidades y ayuntamientos que gobernaban. Había que enterrar atrocidades como las de Paracuellos, Torrejón y Aravaca en la nostalgia por una república idealizada de maestros y artistas. Había que lavar la cara de los comunistas, los socialistas, los anarquistas y los nacionalistas catalanes, gallegos y vascos presentándolos como víctimas del fascismo. Era preciso enseñar que la II República fue víctima y no victimaria. Todos los recursos de que han dispuesto Podemos y sus organizaciones satélites se han sumado al esfuerzo de quebrantar la legitimidad de la Constitución de 1978 y reivindicar la de 1931 como origen de la democracia en España. Se trata de dinamitar la Transición como paso para acabar con el sistema constitucional y con la unidad nacional. No debe sorprender que sean blanco habitual de sus ataques las instituciones que la defienden (el Rey, las Fuerzas armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otras).

Por eso, intentan que se olvide Paracuellos.

La II República, que tuvo una dudosísima legitimidad de origen, cayó pronto en una rotunda ilegitimidad de ejercicio. El régimen que comenzó con quemas de conventos e iglesias terminó con “sacas”, “paseos” y checas. No fueron episodios aislados obra de elementos incontrolados, sino del intento deliberado y sistemático de excluir y deslegitimar a los católicos, los monárquicos, los republicanos de derecha y, en fin, a todos los opositores al Frente Popular.

En estos días, pues, debemos insistir en hacer memoria. Frente a la industria de la nostalgia republicana, debemos mantener la claridad moral y ceñirnos a los hechos. Las matanzas de Paracuellos fueron orquestadas desde el poder republicano como lo fueron los asesinatos políticos que las precedieron (por ejemplo, el de Calvo Sotelo). Los autores fueron efectivos de las milicias armadas desde el gobierno de la República. Sus miembros pertenecían a partidos políticos que, aún hoy, pretenden jactarse de un pasado democrático.

No debemos olvidar nada de esto.