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Tribunal y política

Juan José Solozábal
viernes 01 de febrero de 2008, 21:17h
Anotemos dos rasgos sobresalientes de la Sentencia reciente del Tribunal Constitucional sobre la paridad de las listas electorales. Primero, la capacidad de respuesta institucional que supone, mostrando a un Tribunal a la altura de lo que se pide de él, y dictando de manera oportuna y con casi unanimidad una resolución que dirime el conflicto planteado. No hay parálisis ni bloqueo en el Alto Tribunal, sino funcionamiento a pleno rendimiento. Magnífica señal de la salud de nuestro Estado de Derecho.


Segundo, el Tribunal, a través de su amplísima mayoría, lanza un clarísimo mensaje: no puede utilizarse el derecho para obstruir una política legislativa democrática. Los recursos de inconstitucionalidad obviamente se presentan en términos jurídicos, aduciendo argumentos de constitucionalidad, pero deben hacerlo sabiendo que el derecho no puede cubrir objeciones que en realidad sólo tienen un fundamento político. Manuel García Pelayo, el recordado primer presidente de nuestro Tribunal, ya previno contra la politización de la Justicia Constitucional, que es el camino que se abre cuando se piensa en compensar la victoria del gobierno en el Parlamento con su derrota en el Tribunal Constitucional. Desde luego a la oposición también importa que las leyes no sean inconstitucionales, y por eso se contempla que pueda llevar a la Justicia Constitucional a las que considere que no respetan la Norma Fundamental. Pero, en este caso de la Ley de paridad, la mayoría de la resolución del Tribunal (10 votos a favor de la desestimación del recurso frente a 2) quizás prueba que las dudas sobre la constitucionalidad no estaban fundadas e incluso que se forzaron las cosas pretendiendo del Tribunal lo que éste no puede dar, esto es, una desaprobación política de la ley. Pero el Tribunal, se debería de saber a estas alturas, no está para censurar políticas, sino para evitar inconstitucionalidades.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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