La gran democracia americana, ¿en peligro?

En estos días en que el mundo católico se prepara para celebrar la Concepción Inmaculada de la Madre de Jesucristo, y particularmente en España la sociedad entera se organiza para unos días de asueto que enlaza esa tradicional fiesta nacional y la que, desde hace más de cuatro décadas, conmemora el referéndum que aprobó la actual Constitución, Estados Unidos está viviendo una creciente tensión sociopolítica, que se viene generando especialmente desde los comienzos de este otoño, por causa precisamente de la protección o desprotección del concebido y aún no nacido que, sin duda, hemos sido cada uno de nosotros en los primeros meses de nuestra existencia personal en el seno de nuestras madres.

El asunto, en sus líneas generales, es bien conocido en la opinión pública porque están apareciendo continuamente unas u otras informaciones en los medios y en las redes sociales. Hace unas semanas yo mismo ya le dediqué en este diario unas reflexiones. Las cosas que acaecen en el gran país americano siguen teniendo, y cada vez de modo más inmediato en el tiempo, enorme repercusión en Europa y en todo el mundo.

En varios Estados de los que componen la Unión americana se han venido adoptando medidas legislativas que tratan de proteger con una u otra amplitud al no nacido frente a decisiones abortivas. Una adoptada en Texas provocó una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos el pasado septiembre que, por razones formales, no la ha impedido y que ya comentamos en este diario. Y ahora está sobre la mesa de este alto tribunal una ley de Misisipi sobre la que se espera una sentencia para mediados del próximo año, pero que en estos días pasados se ha sometido a un trámite de audiencia pública que ha dado mucha materia a analistas y comentaristas porque se intuye que el Tribunal puede dictar una sentencia que revierta en parte o en todo la interpretación contenida en las famosas sentencias Roe v. Wade de 1973, pilar de la permisividad generalizada del aborto en Estados Unidos y –por la influencia de su hegemonía- en el mundo entero, que en los últimos cincuenta años ha segado la vida impunemente de millones de personas en el claustro materno, haciendo posible incluso la comercialización de órganos extraídos de las criaturas abortadas. Se ha llegado a generar la idea, tan adversa al más elemental criterio jurídico, de la existencia de un derecho al aborto, es decir a matar a esas criaturas que, como ya he recordado, son iguales a las que hemos sido cada uno de los que poblamos la Tierra, antes de ser nacidos. Nunca he podido entender la diferencia entre la condición ontológica de un ser humano el día antes de nacer y una vez nacido, ni tampoco con respecto a la que ese mismo ser humano ha tenido en los días anteriores desde que comenzó su existencia como un ser individualizado diferenciado, que la naturaleza que se nos ha dado hace que se desarrolle inicialmente, por nueve meses de ordinario, en el seno de su madre, pero como alguien netamente distinto de ella.

La posibilidad de que lo sostenido por el Tribunal Supremo en Roe v. Wade y en la jurisprudencia que ha seguido a aquella sentencia, sea, en una u otra medida, modificado, tiene en ascuas a todo el sector supuestamente progresista del país y a todos sus poderosos medios de comunicación y acción cultural, social y política, además, naturalmente, de a todo el sector que vive económicamente de las extendidas prácticas abortivas.

Todo ello puede ser, desde luego comprensible. Lo inquietante, sin embargo, son los tonos que se emplean y las propuestas que se hacen. Por el hecho de que el republicano Presidente Trump, con el necesario amplio respaldo del Senado, haya nombrado a 3 de los 9 actuales jueces que componen el alto tribunal, que, además –según se dice-, habrían sido elegidos teniendo en cuenta, entre otras cosas, su opinión jurídica desfavorable al permisivismo sobre el aborto, se está cuestionando nada menos que la legítima constitución actual del alto Tribunal. Porque esos tres nuevos jueces –todos con un excelente currículum como juristas y magistrados- habrían venido a unir su opinión a la de otros tres jueces, también designados por otros Presidentes republicanos, y también conocidamente proclives a proteger la vida del no nacido. Se pone una y otra vez el grito en el cielo y se acusa al Tribunal de no guardar los equilibrios debidos y estar en situación de romper condiciones supuestamente esenciales del Estado de Derecho norteamericano. Si ahora se cambiase lo decidido en 1973 en Roe v. Wade, ha llegado a decir, dentro incluso del Tribunal, en la mencionada sesión pública, la jueza Sonia Sotomayor –nombrada para el Tribunal por el demócrata Obama y una de los varios jueces católicos que hoy lo componen- parecería que el Tribunal obra por razones políticas y no jurídicas. ¡Claro! Porque podría decidir lo que a ella no le complace y que, con otros colegas, ha venido respaldando en el Tribunal, con la misma legitimidad y autoridad con la que ahora otros de sus colegas pueden decidir con otro criterio, no menos sólidamente justificado jurídicamente. ¿Cómo puede permitirse semejante comentario una jueza de ese alto tribunal?

Los cambios de criterio del Tribunal Supremo americano en asuntos muy importantes –y lo mismo ocurre en otros altos tribunales muy respetados- pueden producirse y se han producido cuando sus jueces han identificado razones jurídicas que lo justifican. Ya defendieron ese cambio de lo dicho en Roe v. Wade varios de los que entonces eran jueces del alto tribunal americano, justificándolo muy cumplidamente, en sus votos particulares contra la sentencia adoptada en 1992 en el asunto, también sonoro, Planned Parenthood v. Casey, adoptada por el voto favorable de sólo 5 magistrados contra los otros 4 del Tribunal. En la minoría discrepante estaban nada menos que el propio Presidente Rehnquist, aquel insigne jurista que fue Antonin Scalia, Byron White y Clarence Thomas, el único que sigue en el Tribunal. Tres de estos cuatro jueces habían sido nombrados por presidentes republicanos (Nixon, Reagan y Bush padre), pero White había sido nombrado por el demócrata Kennedy, mientras que los 5 que formaron la mayoría que sacó adelante aquella sentencia, que echó abajo varias exigencias que imponía una ley de Pensilvana de 1982 para que pudieran practicarse abortos, ¡habían sido todos nombrados por presidentes republicanos también! Nixon había nombrado a Blackmun, Ford a Stevens, Reagan a Sandra O’Connor y Anthony Kennedy, y Bush, padre, a Souter.

Como dijera con rotundidad y claridad Scalia, la Constitución americana no ampara derecho alguno a abortar. Ya lo habían señalado otros de sus colegas y en particular Rehnquist, que tuvieron oportunidad de presentar votos particulares en 1973 a Roe v. Wade. Los jueces del Supremo que han venido discrepando de lo resuelto por esta sentencia y las que la han seguido, lo hacían con no menor fundamentación propia y estrictamente jurídica que la empleada por los colegas que generaron esa jurisprudencia. Y siempre señalaron que la Constitución americana no proporciona razones para que el Poder Judicial impida a los Poderes legislativos de los Estados decidir democráticamente los medios de protección de la vida del no nacido que estimen pertinentes.

Es curioso que se presente como más democrático mantener a toda costa lo que ha decidido el Tribunal Supremo, negando al pueblo de cada Estado y a sus representantes legítimos en las correspondientes Legislaturas la potestad de proteger adecuadamente la vida de cualquier ser humano mientras está en el vientre de su madre. La enmienda V, integrante del Bill of rights, y la XVI sí que obligan, en cambio, a proteger la vida de toda persona humana. Pero eso no fue estimado relevante por las mayorías del Tribunal en Roe v. Wade, Planned Parenthood v. Casey y otras. ¿No fuimos ontológicamente personas antes de que nos nacieran o antes de que nuestro corazón comenzara a latir, o antes de que se pudiera decir que éramos viables?

Pero, en fin, para la subsistencia de la gran democracia americana, lo que, en modo alguno es de recibo es que el Poder Legislativo, el Congreso altere, como se está irresponsablemente proponiendo, la composición del Tribunal Supremo, bien sea ampliando su número de jueces, bien sustituyendo la regla de la irrevocabilidad vitalicia de su nombramiento por la fijación de una edad de jubilación, para, en definitiva, tratar de imponer con nuevos jueces el mantenimiento de Roe v. Wade. ¿Dónde quedaría entonces el principio básico de separación de poderes y el del juez predeterminado por las leyes? Y si tal aberración llegara a hacerse –como ya intentó inútilmente Roosevelt en los años treinta y por la misma razón del desagrado que le producían las sentencias del Supremo-, ¿no podrían hacer lo mismo los legisladores de mañana, de tendencia mayoritaria opuesta a la actual? Difícilmente podría recuperarse el rule of law, esencial a la democracia, de tan demoledor golpe, con la consiguiente pérdida de confianza en el sistema y todo tipo de consecuencias imprevisibles.

La intelligentsia que se tiene por progresista y adalid en exclusiva de la democracia, debería tranquilizarse y asumir los principios básicos en toda democracia de tolerancia y respeto a las instituciones. Todos los actuales jueces del Supremo americano han sido nombrados con todas las garantías establecidas por el Derecho americano, y, desde luego, en no menor medida que los que les han precedido. Carece de sentido dramatizar y tratar de impedir que hagan su trabajo porque se teme que van a contradecir las propias opiniones. Si eso lo hicieran todos, la vida pacífica en sociedad sería sencillamente imposible.